Los libros de texto en Japón

En el presente artículo me propongo exponer brevemente la forma en que los libros de texto de historia se elaboran y utilizan en las aulas de primaria (de seis a doce años) y secundaria obligatoria (de doce a quince años) de las escuelas públicas japonesas. Entre los expertos en temas japoneses de muchos países se ha llegado a un cierto grado de conocimiento sobre el sistema que rige nuestros libros de texto, pero, al parecer, entre el resto de los historiadores y del público en general persisten no pocos malentendidos.

Contexto sociopolítico del problema de los libros de texto

Antes de abordar la exposición de este sistema convendrá aludir, aunque sea brevemente, a algunas circunstancias sociopolíticas que lo rodean. Hoy en día los libros de texto de historia se han convertido, en todo el mundo, en un delicado objeto de discusión política, en la que se entrelazan las relaciones internacionales con la política interna de cada país. Esto ocurre porque los libros se escriben, básicamente, como una “historia nacional”, y se entiende que  su contenido representa en general una visión de la historia propia y ajena. Se piensa que en ellos puede comprobarse qué visión de la historia propia y ajena quieren inculcar las presentes generaciones de cada país a las siguientes, para formarlas como “nación”.

En Asia Oriental estos problemas comenzaron a plantearse hace ahora unos cien años, pero si nos ceñimos a Japón y a un contexto más próximo, podemos remontarnos al año 1980 como punto de partida. Unos 35 años después de la derrota japonesa y de la descolonización, varios países vecinos comenzaron a criticar los libros de historia usados en las escuelas japonesas. Afirmaban que no recogían de una forma satisfactoria el dominio colonial japonés sobre Corea, ni la guerra chino-japonesa, y exigían una revisión.

A partir de entonces, la controversia histórica fue ampliándose más allá de la exigencia de responsabilidades por la actuación japonesa durante la Guerra. Entre Corea del Sur y China, por ejemplo, en el primer decenio de nuestro siglo comenzó a debatirse acerca de los dominios históricos de los antiguos reinos de Goguryeo y Balhae. Es el problema del antagonismo entre las respectivas “historias nacionales”, que va más allá del asunto concreto de las responsabilidades japonesas en la historia reciente, y que tiene raíces más profundas.  

Así pues, el problema de los libros de texto de historia tiene implicaciones muy serias. Pero en este artículo me ceñiré a Japón, limitándome a exponer algunos aspectos básicos del sistema que rige los libros de texto, que es necesario conocer a la hora de plantearse esas implicaciones.

La enseñanza de la historia en la escuela primaria y secundaria

Actualmente el sistema educativo público japonés comprende los ciclos de primaria (de seis años de duración), secundaria (tres años) y bachillerato (tres años), de los cuales los dos primeros son obligatorios. La enseñanza de Historia comienza en sexto de primaria. Una vez comenzado el segundo ciclo, Historia pasa a ser una de las áreas dentro de la asignatura de Sociedad, junto a Geografía y Ciudadanía, todas ellas obligatorias. Durante la primaria se enseña sobre los personajes que aparecen en la historia japonesa; durante la secundaria, esta sigue siendo el tema central, si bien contextualizada en la historia mundial. Por el contrario, al iniciarse el tercer ciclo o bachillerato, al que, pese a su no obligatoriedad, pasan el 97% de los alumnos de secundaria, la enseñanza de Historia queda organizada en dos materias: Historia de Japón e Historia Universal, siendo la primera optativa y la segunda obligatoria. Así pues, mientras que en los dos primeros ciclos el peso recae sobre la historia de Japón, en el tercero se prioriza la historia del mundo.   

Marco del sistema que rige los libros de texto

Desde una perspectiva mundial, vemos que dentro del sistema educativo japonés los libros de texto ocupan una posición extremadamente importante, y que mientras su elaboración corre a cargo de una serie de editoriales privadas, su proceso de selección se caracteriza por hacerse de forma centralizada en su fase de autorización y de forma descentralizada en la de adopción de los textos a nivel local.

En primer lugar, la utilización de libros de texto es obligatoria en los tres ciclos educativos(*1). Los profesores pueden utilizar sus propios textos u otros de distribución general como complementos, pero básicamente desarrollan las clases siguiendo el orden y contenidos de los libros de texto. Los libros escolares de historia japoneses han merecido opiniones favorables como cuando, comparándolos con los de otros países de Asia Oriental, se valora que en ellos la propaganda política o ideológica está reducida a su mínima expresión(*2). Pero el influjo que ejerce el marco estructural establecido por las Directrices para la Enseñanza del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología es considerablemente fuerte. La partición en dos de la historia (con Japón por un lado y el mundo, o sea, el extranjero, por el otro) y el esquema mental de considerar la historia japonesa como algo continuo y unificado desde la antigüedad hasta nuestros tiempos, son ideas que han quedado indeleblemente grabadas en el alma de los japoneses por medio de la educación pública.

La segunda característica de este sistema es que los libros, tras ser elaborados por editoriales privadas, deben pasar la inspección oficial del Ministerio de Educación y ser aprobados para poder ser utilizados en las escuelas. A diferencia de lo que ocurría en el Japón de antes de la Guerra, o de lo que ha ocurrido en los países vecinos hasta hace muy poco tiempo, no se sigue un sistema de designación estatal, sino de autorización ministerial. En este proceso se ve un conflicto entre la búsqueda de la uniformidad por parte del Ministerio de Educación, con sus Directrices para la Enseñanza y su sistema de autorización oficial, y la búsqueda de la originalidad y la diversidad por parte de editoriales y autores.

La tercera característica es que no es el Ministerio el encargado de seleccionar o adoptar los libros que serán finalmente utilizados en las escuelas. El sistema es más pluralista. En el caso de los institutos de bachillerato y escuelas privadas de primaria y secundaria, son los propios centros los que eligen los libros, y en el caso de las escuelas de primaria y secundaria prefecturales o municipales, es decir, públicas, es la correspondiente Comisión de Educación prefectural o municipal la que lo hace. No obstante, para las escuelas públicas de primaria y secundaria se ha dividido el territorio nacional en 582 distritos (dato de 2011), de población más o menos similar, dentro de cada cual es un único libro el seleccionado(*3)).

De esta forma, el proceso por el que los libros de texto llegan a las aulas tiene tres fases: elaboración por editoriales privadas, autorización ministerial y adopción por parte de escuelas y gobiernos prefecturales y locales. Las trataré aquí en ese orden.

Elaboración a cargo de editoriales privadas y autores independientes

Los libros de texto japoneses son elaborados y comercializados por editoriales privadas, sobre la base de las Directrices para la Enseñanza establecidas por el Ministerio de Educación. Para cada libro se forma un consejo de redacción, formado por dos o tres representantes de la empresa, a quienes se suman investigadores universitarios del área de Historia o profesores de secundaria y bachillerato con amplia experiencia en la enseñanza de esta materia. Al fijar el índice de materias sirven de referencia las directrices ministeriales, que establecen el objetivo de los libros, la esfera de contenidos, su estructura a grandes rasgos y el volumen de contenidos. Todo lo que sea salirse de estas directrices significa no obtener la autorización.

Sin embargo, las citadas directrices no dejan de ser orientaciones más o menos vagas. La fijación de los contenidos concretos que tendrán los libros corresponde enteramente al consejo de redacción de la editorial. Una vez fijado el índice de materias y distribuidas las secciones entre los diferentes autores, el consejo se reúne unas diez veces, durante las cuales se estudian posibles modificaciones del texto, teniendo en cuenta las experiencias derivadas de la utilización de los libros anteriores, así como los cambios en los puntos de vista y el grado de interés que despiertan los problemas que se producen como consecuencia de las transformaciones sociales. En esta labor cobran especial relieve cuestiones como a qué aspectos dar mayor importancia, hasta qué punto los libros permiten ser leídos y aprendidos fácilmente, o cómo elegir una temática y una forma expresiva que se adapten bien a la fase de desarrollo mental en que se encuentran los alumnos. Estas editoriales suelen dedicar cerca de un año a hacer el borrador, tras lo cual lo imprimen y encuadernan, antes de cursar la solicitud de autorización ministerial.

La autorización del Ministerio de Educación

De esta manera, una vez elaborados los borradores y cursada la solicitud de autorización, el Ministerio de Educación delibera sobre sus contenidos y autoriza o desautoriza su utilización. La tramitación y los criterios que la rigen están determinados por las Normas de Autorización de Libros de Texto y por las Directrices para la Enseñanza, y se hacen públicos. Según se establece en estas normativas, el órgano encargado de la inspección es el Consejo Deliberante para la Autorización e Investigación de Libros de Texto, cuyos informes sirven de base al ministro de Educación para tomar la decisión final. Como es costumbre en todo el aparato del Estado de nuestro país, el ministro no suele desoír al Consejo, cuyas deliberaciones, por otra parte, se basan en los estudios realizados por funcionarios del Ministerio y por algunos cientos de investigadores de todo el país (profesores de todos los niveles, desde la primaria a la universidad) designados por el mismo.

La autorización se da a conocer automáticamente, pero lo habitual es que el Consejo no otorgue esta directamente, exigiendo alguna modificación en el texto y aplazando su decisión final. Puede ocurrir también que un texto sea desautorizado, en cuyo caso se sigue el sistema de notificar previamente las razones de la desautorización, de manera que el solicitante pueda impugnar la decisión y pedir que el borrador sea sometido de nuevo a examen. Cuando el Consejo decide aplazar su decisión, envía a la editorial o al autor una relación de las correcciones requeridas, adjuntando una breve explicación sobre cada problema. La editorial puede presentar objeciones a esta relación, pero en la mayoría de los casos estudia los problemas planteados por el Ministerio y entrega una lista con los correspondientes pasajes ya corregidos. Teóricamente, podría darse un choque frontal entre el Ministerio y una editorial, pero en la práctica la mayor parte de las advertencias del Ministerio hacen referencia a errores relativos a hechos objetivos, a otros errores ortográficos o de imprenta, y a frases ambiguas o de difícil comprensión, aspectos que no suelen ser contestados por la editorial. El Consejo somete a deliberación los pasajes ya corregidos por la editorial y comunica a esta finalmente si autoriza el libro o no, con la firma del ministro.

Los fundamentos en los que puede basarse el Consejo para autorizar o desautorizar un borrador se encuentran en los Estándares de Inspección de Libros de Texto, debiéndose fijar en los siguientes aspectos comunes a todas las asignaturas:

1)     Ámbito de contenidos y grado de profundidad.

2)     Elección y tratamiento; organización y volumen. Se apunta a conseguir las siguientes metas:

a) Que el texto no incluya contenidos inapropiados o que no tengan en cuenta la etapa de desarrollo en la que se encuentran los alumnos, de conformidad con las Directrices para la Enseñanza.

b) Que sea imparcial e independiente en materias como política o religión.

c) Que muestre un equilibrio de conjunto, sin prestar atención desproporcionada a determinados puntos, hechos o campos.

d) Que no recoja opiniones parciales sin darles el debido tratamiento.

e) Que el volumen total, la distribución y la interrelación entre los contenidos sean adecuados.

3) Exactitud, ortografía y expresión.

En el apartado 1) se apunta a que se cumplan, sin excesos ni defectos, los contenidos señalados en las Directrices para la Enseñanza. En cuanto al apartado 2), punto e), se piensa que el estricto control ejercido por el Consejo sobre el volumen de cada libro está causado por el hecho de que, dado que en Japón los libros de texto son de distribución gratuita, el Consejo tiene que ajustar el volumen para que el costo no exceda una cuantía previamente determinada para cada asignatura y curso (por ejemplo, a los libros de texto de historia para la secundaria se les asignó en 2011 una cantidad de 694 yenes, menos de la mitad del precio de un libro volumen similar para venta al público). Como podrá deducirse de lo anterior, la mayoría de los requerimientos de corrección afectan a apartado 3).

En cuanto a los criterios utilizados en la inspección de los libros de Sociedad (excluyendo los de mapas), podemos destacar los siguientes puntos, comunes a la primaria y a la secundaria:

1)     No utilizar expresiones terminantes sobre los asuntos que, por ser de actualidad, no están todavía consolidados.

2)     Al tratar temas de historia moderna y contemporánea que comprometan a los países vecinos de Asia, hacerlo con la necesaria consideración desde el punto de vista del entendimiento y la concordia internacionales.

3)     Al citar obras o documentos históricos, elegir aquellos que estén mejor valorados y que disfruten de mayor credibilidad, otorgándoles un tratamiento imparcial. Cuando los textos sean legales, respetar estrictamente su expresión y grafía originales.

4)     En cuanto a la datación de la historia japonesa, consignar las fechas de los acontecimientos más importantes tanto en el calendario japonés como en el occidental.

Con estos criterios de inspección, en conjunto, se pretende que los libros de texto estén escritos con tanta objetividad y equilibrio como sea posible. Esta cuidadosa normativa es sin duda la responsable de que los libros de texto japoneses sean lecturas muy poco entretenidas, aunque en ello también tiene su papel el límite impuesto en el volumen de los libros. Pero, desde otro ángulo, podemos decir que gracias a ella toda la tramitación se hace de una forma justa y considerada.

De los ocho libros de texto de historia para la secundaria que solicitaron la autorización ministerial en 2010, siete recibieron el visto bueno oficial. Llegada la notificiación aprobatoria, las editoriales preparan los ejemplares de muestra para su envío a las autoridades responsables de cada uno de los distritos fijados para la elección de libros de textos, quienes deberán inspeccionarlos y seleccionar un año después los que crean más adecuados.

Adopción de los libros, a nivel prefectural o municipal

Entramos a continuación en la fase de adopción, la última dificultad que han de superar los libros antes de llegar a las aulas y pasar a manos de los niños. En todos los institutos de bachillerato, así como en las escuelas privadas y estatales de primaria y secundaria (las primeras acogen al 6% del alumnado del país; las segundas, al 1%), cada centro tiene libertad para elegir entre todos los libros que han pasado la inspección ministerial. En cambio, las escuelas públicas (prefecturales o municipales) de primaria y secundaria quedan incluidas en alguno de los distritos para la adopción de libros de texto, eligiéndose los mismos libros para todo el distrito. Según establece la legislación, las directrices educativas de las escuelas públicas dependientes de los entes regionales y locales son fijadas por las respectivas comisiones de educación, que se organizan a dos niveles: prefectural y municipal. Los distritos de adopción de libros, que están formados por tres ciudades o municipios rurales como promedio, quedarían en un nivel intermedio entre aquellos dos. En 2011 el país quedaba dividido en 582 distritos, cada uno de los cuales elegía un único libro por asignatura para todas las escuelas incluidas en el distrito(*4). El procedimiento por el que se adoptan los libros es el que se explica a continuación.

En primer lugar se establece en cada prefectura el Consejo Deliberante de Selección de Libros de Texto. Los directores y profesores de las escuelas situadas en la prefectura estudian la situación de cada asignatura y orientan y asesoran a los miembros de la Comisión de Educación Prefectural encargados de hacer la selección. En los distritos de adopción de libros de texto, a los que pertenecen la mayor parte de las escuelas de secundaria, se establecen los respectivos consejos, que llevan a cabo investigaciones para asesorar a las comisiones de educación municipales que toman las decisiones. De esta forma se procede a la selección final de los libros.

Conclusión

En el sistema de autorización y selección de los libros de texto vigente en Japón se concede especial importancia a la transparencia del procedimiento, como se ve en la fase de autorización ministerial, y además se intenta que la voluntad popular también quede reflejada, lo cual es patente en la adopción de los libros a nivel prefectural o municipal. En definitiva, se aspira, en todo el proceso, a la transparencia y a la dispersión de las decisiones, lo cual encaja perfectamente con el régimen liberal y democrático que establece la Constitución.

No obstante, este sistema no se puso en marcha con la democratización del país, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. A mediados de los años sesenta, autores de libros de texto, trabajadores de empresas editoriales y profesores de secundaria y bachillerato comenzaron a alegar que la inspección de libros de texto que realizaba el Ministerio de Educación podía considerarse una forma de censura, algo que estaba prohibido por la Constitución. Estos colectivos organizaron intensas campañas de protesta, llegando a presentar tres denuncias ante los tribunales. Sus pretensiones no fueron atendidas en un principio, pero en los años noventa la situación cambió. Un tribunal dictaminó que, si bien la inspección llevada a cabo por el Ministerio de Educación era constitucional, las modificaciones en los textos que exigía eran arbitrarias e ilegales. A partir de entonces, el Ministerio decidió abstenerse de exigir esas modificaciones.

Tras estos hechos pueden apreciarse dos transformaciones. La primera, en la sociedad japonesa de la posguerra la democracia liberal pasó a tener un valor axiomático. El cambio se vio también en el Ministerio, donde los puestos de rector comenzaron a ser ocupados por personas que habían recibido la educación democrática de la posguerra. El influjo del relevo generacional se hizo patente también en los tribunales. El otro cambio vino marcado por la aparición en los años ochenta, en los países vecinos, de las primeras críticas contra el contenido de los libros de historia utilizados en las escuelas japonesas. Los gabinetes de gobierno de la época se propusieron que Japón, que ya era una potencia económica, fuese también un país con peso político, para lo cual debía prestarse especial atención a conseguir una ambiente de concordia con los países vecinos. Con esta finalidad, se hizo una revisión de los criterios de autorización, introduciendo el segundo de los criterios arriba expuestos, que hace referencia a esos países.  

Hacer más transparente el sistema de autorización de los libros de texto, poniendo coto a injerencias arbitrarias, trajo como consecuencia poner coto también a las reclamaciones de los países vecinos. Corea del Sur y China, en aquella época, pretendían que el gobierno de Japón interviniese en el contenido de los libros de texto como hacían los gobiernos en sus propios países, donde imperaba un sistema de designación estatal de los libros de texto. Presionaban al Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón con la esperanza de que, si esa presión se transmitía al Ministerio de Educación, lograrían que el sistema de autorización fuera utilizado para imponer a las editoriales y a los autores japoneses las interpretaciones de la historia imperantes en sus propios países. Sin embargo, esto chocaba con la orientación liberalizadora adoptada por el gobierno japonés de la época y, además, era un método muy arriesgado: si hubiera llegado a aceptarse una sola vez una injerencia política de esas proporciones, eso habría significado abrir la puerta a que personas o grupos políticos pudieran imprimir a los libros escolares de historia, de contenido relativamente liberal, un sesgo más nacionalista, una posibilidad opuesta a lo que se pretendía.    

Por suerte, esta nueva forma, más liberal, de utilizar el sistema de autorización de libros de texto que se formó durante los años noventa fue capaz de sobreponerse a los violentos vaivenes de la política, dando prueba así de su solidez. No parece probable que en el Japón de nuestros días pueda cobrar fuerza ningún movimiento orientado a alterar este sistema y estos usos.

Al margen de todo esto, en círculos académicos y educativos se están haciendo reflexiones en voz alta acerca de los contenidos de la enseñanza de Historia. Hay quien se pregunta si será correcto dividir la enseñanza de Historia en Historia de Japón e Historia Universal, en esta época en que va progresando la globalización. También se plantean dudas sobre si hemos de conformarnos con una enseñanza de Historia que se reduce a memorizar conocimientos asépticos. En todo caso, se avecina la próxima actualización de las Directrices para la Enseñanza, que se hace una vez cada diez años. Esperemos que sea una oportunidad para reflejar en ellas estos debates.

(Traducido al español del original japonés)