Algunas verdades incómodas sobre los medios informativos japoneses

Preguntas, sí… pero solo del kisha club, por favor

En septiembre de 2015 Abe Shinzō fue reelegido sin oposición presidente del Partido Liberal Democrático (PLD), tras lo cual se celebró en las oficinas centrales del partido en Tokio una rueda de prensa. Como director de la misma, el vicesecretario general del PLD, Hagiuda Kōichi, realizó el siguiente anuncio: “Comenzaremos con el saludo del presidente, continuaremos con las preguntas en nombre de los miembros del Hirakawa Club (kisha club o club de reporteros del PLD) y posteriormente, en tanto tengamos todavía tiempo, se podrán formular otras preguntas”. El saludo de Abe consistió en una exposición de los objetivos fijados y resultados obtenidos por medio de sus políticas, con lo que consumió 15 de los 30 minutos disponibles. Una vez que los dos medios de comunicación que representaban a los miembros del kisha club hubieron realizado sus respectivas preguntas, Hagiuda volvió a tomar la palabra para precisar que se podrían formular otras, pero que solo los miembros de dicho club tendrían derecho a hacerlo.

Nada de lo que estaba ocurriendo era natural. Las oportunidades que los medios tienen de dirigir preguntas al primer ministro de Japón, que en este caso era además el presidente del PLD, no son precisamente abundantes. Pero, a pesar de que se les estaba privando de la mitad de los 30 minutos asignados a la rueda de prensa, no se levantaron voces de protesta. Luego, las cadenas de televisión informaron de la celebración del acto con total normalidad en sus avances informativos.

Un control cada vez más desacomplejado

La segunda intervención de Hagiuda, en la que limitó las preguntas a los miembros del Hirawaka Club, no fue demasiado razonable. Durante los tres años largos, hasta diciembre de 2012, que duró en el Gobierno el Partido Democrático de Japón (PDJ), se promovió una apertura de las ruedas de prensa de forma que tanto los medios de internet como los extranjeros y periodistas free-lance pudieran participar en ellas. El siguiente Gobierno, del PLD, encabezado por Abe, venía sosteniendo la postura oficial de continuar con esta apertura. Se trataba de evitar ser visto como un gabinete que, priorizando los kisha clubs, coartaba la libertad de expresión, y de dar una imagen de sensatez. Lo que está ocurriendo últimamente es que, por ejemplo, en las ruedas de prensa ofrecidas por el primer ministro, los medios de internet nunca consiguen preguntar por muy insistentemente que sus representantes alcen la mano. Dicho de otro modo, las ruedas de prensa se llevan a cabo de una forma que deja margen a una discriminación solapada de los medios.

Con sus palabras, Hagiuda venía a decir que abandonaba todo disimulo y que procedía ya con el favoritismo más descarado. Como comentó Jinbō Tetsuo, responsable de Videonews.com, uno de los pocos sitios informativos japoneses en internet que sobreviven sin publicidad, “el mal entraba en una fase más avanzada”.

Según el ranking de libertad informativa que publica anualmente la organización Reporteros Sin Fronteras, durante el periodo 2002-2008 Japón se movió entre los puestos 26 y 51. Se decía que su modesta posición en el ranking se debía a la naturaleza cerrada de los kisha clubs. Con la llegada en 2009 del Gobierno del PDJ se avanzó algo en la apertura de estos clubes y esto reflejó en que un año después, en 2010, Japón alcanzaba el puesto 11 del ranking. Pero en 2012 se precipitó hasta el 53 y en 2015 hasta el 61.

Los aspectos más cuestionados fueron la insuficiente apertura informativa en lo relativo al accidente sufrido por la central nuclear Fukushima Daiichi a consecuencia del Gran Terremoto del Este de Japón de marzo de 2011 y la Ley de Protección de Secretos Especiales (Secretos de Estado), promovida por el Gobierno de Abe. Pero, al parecer, las pretensiones de control de los medios que tiene este Gobierno no se ven refrenadas por cosas como una bajada en el prestigio internacional del país.

Las cadenas de televisión no reaccionan ante las intromisiones

En noviembre de 2014, poco antes de que se celebrasen elecciones generales, Hagiuda hizo llegar a las salas de redacción y responsables informativos de las principales cadenas televisivas con sede en Tokio un escrito del PLD en el que se les urgía a “respetar la neutralidad e imparcialidad al informar sobre las elecciones”. En una primera lectura, el escrito podría parecer incluso conciliador, pero en el fondo equivale a una intimidación. Un escrito así no se emitiría si se considerase imparciales a los medios. En el texto se decía que, en el pasado, cierta cadena de televisión que conspiraba para provocar un cambio de Gobierno había causado un gran problema al informar tendenciosamente, algo que no tenía empacho en reconocer. Se refería a lo ocurrido en 1993, cuando Tsubaki Sadayoshi, jefe de Informativos de TV Asahi, fue llamado a declarar a la Dieta después de haberse difundido sobre él falsas acusaciones de haber ordenado que se informase de manera tendente a facilitar la creación de un Gobierno que excluyera al PLD. En relación con esto, el escrito instruía a los responsables de los canales para que eligiesen correctamente a sus invitados y les asignasen de forma equitativa los turnos y los tiempos de intervención.

El encargado de supervisar la actividad de las empresas de radiotelevisión es el Ministerio de Interior y Comunicaciones, de ningún modo el PLD, del que los medios no tienen por qué recibir ningún tipo de instrucción. Sin embargo, en aquel momento no hubo ninguna reacción pública por parte del sector. Lejos de reaccionar, se trató incluso de soslayar el hecho de que se había recibido tal escrito.

Cadenas que acuden mansamente cuando son citadas

Las presiones sobre las cadenas de televisión continúan. El 17 de abril de 2015 el órgano interno del PLD que establece la estrategia informativa del partido sentó a su mesa a altos responsables de la televisión pública NHK y de la citada cadena privada TV Asahi, a quienes hizo saber que en su actividad informativa había presuntas violaciones de la Ley de Radiotelevisión. En concreto, en el caso de la NHK, se señaló como problema que, entre la información ofrecida por el informativo nocturno Close-up Gendai sobre el problema de las personas que tomaban los hábitos religiosos y asumían así una nueva identidad para huir de sus deudas, algunos entrevistados habían declarado siguiendo el guión fijado por el reportero. En el caso de TV Asahi, se cuestionaron unas declaraciones realizadas en un espacio informativo por uno de sus comentaristas sobre las supuestas presiones que había recibido del secretario en jefe del Gabinete, Suga Yoshihide.

Esta “citación” recibida del PLD carecía, por supuesto, del menor fundamento legal, pese a lo cual los representantes de ambos medios se plegaron a ella y acudieron a aquella reunión no oficial sin rechistar. Tampoco se oyeron protestas desde otros canales.

Diez días después, la NHK hizo públicos los resultados de la investigación interna que había realizado sobre el problema señalado por el PLD pero no reconoció que la entrevista hubiera sido un montaje. Ese mismo día, la ministra de Interior y Comunicaciones, Takaichi Sanae, que evitó hacer ningún análisis de la investigación interna, emitió por escrito una severa advertencia a NHK. Fue la primera vez desde 2009 que el ministerio enviaba a un canal de televisión una advertencia similar por el contenido de sus programas. El último precedente de una advertencia similar emitida por el titular de la cartera se había dado en 2007, lo cual da idea de la rareza del hecho. Pero la cadena de televisión se limitó a informar de la recepción de la advertencia.

Las voces críticas llegaron procedentes de la Organización para la Ética y la Mejora de la Programación de la Radiotelevisión (BPO, por sus siglas en inglés), una entidad creada por las propias cadenas de radio y televisión para su supervisión. En la entidad se establecen tres comisiones según la temática tratada, en las que no están presentes ni los propietarios ni los altos directivos de las cadenas. En noviembre de 2015, una de esas tres comisiones, la de Inspección Ética de la Radiotelevisión, hizo público su parecer sobre el asunto que implicaba al programa Close-up Gendai. En contra de las conclusiones a que condujo la investigación interna, el BPO entendió que en dicho programa se procedió con ligereza y se excedieron los límites permitidos a un programa informativo, por lo que se había cometido “una grave violación del código ético de la radiotelevisión”. Manifestó también que la “severa advertencia” emitida por la ministra no estaba en coherencia con la forma en que venían haciéndose las cosas y reprochó al PLD por haber citado a los dos canales y haber ejercido presión sobre su libertad de emisión. Es realmente extraño que quienes eleven su voz en un caso así no sean los propios afectados, sino personas de su entorno.

¿Se está tratando de reinterpretar la ley?

En febrero de 2016, respondiendo a preguntas de la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja de la Dieta (Parlamento), la ministra Takaichi afirmó que a quien correspondía juzgar si los medios estaban realizando su labor informativa de acuerdo al principio de “imparcialidad política” establecido por el artículo 4 de la Ley de la Radiotelevisión era al titular de su cartera, y que si un medio repetidamente incumplía esa ley, en aplicación de la Ley de la Radio, no era imposible que el ministro hiciera uso de sus atribuciones para interrumpir las emisiones.

Esta postura mostrada por la ministra, según la cual dicho artículo daría pie al Gobierno para juzgar los contenidos de los programas y determinar si debe o no interrumpir las emisiones, se desvía de la interpretación tradicional de los juristas expertos en la Constitución, que entienden el artículo en cuestión como una “norma ética” mediante la cual las cadenas de radiotelevisión editan de forma autónoma sus programas. Sin embargo, en una intervención ante la Dieta, el secretario en jefe del Gabinete Suga dijo que las palabras de la ministra no tenían nada de extraño y el propio primer ministro Abe, en ese mismo foro, dijo que reproducían la interpretación general que se venía haciendo hasta el momento.

Desconozco si estas manifestaciones se hicieron a sabiendas o partiendo de la ignorancia. Pero, en cualquier caso, no dieron lugar a ninguna respuesta unida por parte de los medios de comunicación. A finales de febrero un grupo de presentadores de noticieros televisivos mostraron públicamente su repulsa a tales manifestaciones en una rueda de prensa, pero entre todos sumaban solo seis personas.

Unos privilegios muy bien guardados

¿A qué se debe que los medios de comunicación japoneses estén tan cohibidos? Por lo que respecta a las televisiones, la razón es muy simple: la extrema consideración que muestran hacia el Ministerio de Interior y Comunicaciones, órgano competente, y hacia el PLD, que ejerce una fuerte influencia sobre aquel. El sistema de la radiotelevisión japonesa tiene una falla fundamental. Según las leyes relativas a la radiotelevisión que quedaron establecidas en 1950, durante el periodo de ocupación norteamericana, la supervisión de las actividades de las emisoras correspondió en un principio a un órgano independiente del Gobierno que se denominó “Comisión de Regulación y Control de las Ondas de Radio”. Sin embargo, en poco más de dos años el órgano quedó abolido por el entonces primer ministro Yoshida Shigeru, tras lo cual se introdujo un sistema con el cual el Gobierno pasaba a entender directamente en la materia.

Vigilar o fiscalizar el poder es uno de los principales deberes del periodismo, pero de hecho es el Gobierno, objeto teórico de esa vigilancia o fiscalización, el que vigila a las emisoras. El PLD, que ha venido monopolizando el poder, dispone de grupos de legisladores con gran influencia sobre las emisiones y la administración de las ondas, y aunque estos grupos han perdido poder, las televisiones no pueden ignorarlos completamente. Además, frente a algunos grupos mediáticos occidentales cuyas empresas no realizan ofertas públicas de acciones, en Japón las principales televisiones cotizan normalmente en Bolsa. Los órganos de dirección de las televisiones japonesas temen afrontar una intervención del Gobierno y el subsiguiente riesgo de sufrir una merma en sus beneficios, y son incapaces de tomar decisiones que prioricen el espíritu periodístico.

Por su parte, los cinco periódicos de cobertura nacional tienen participación en propiedad cruzada con las emisoras de televisión de su mismo grupo empresarial, y muchos periodistas se han acercado al Gobierno y al PLD para conseguir que acelerasen la tramitación de licencias de emisión para sus televisiones regionales.

Por si fuera poco, las empresas periodísticas se han movilizado en grupo para pedir al actual Gobierno de Abe y al PLD que, cuando se eleve el tipo del impuesto al consumo, subida prevista para abril de 2017, se conceda a los periódicos un trato de excepción, aplicándoseles un tipo más bajo, como de hecho se hará. Es completamente imposible que personas que deben tantos favores puedan al mismo tiempo realizar una crítica del poder con la debida firmeza.

Los usos y costumbres en la recogida de información que se han venido gestando durante los largos años de existencia de los kisha clubs se han convertido, para los medios de comunicación tradicionales, en privilegios a los que resulta difícil renunciar. El deseo de conservar esos privilegios es otra causa más de la tibieza que muestran los medios ante el Gobierno. El PDJ consiguió abrir las ruedas de prensa, pero no los kisha clubs. La parte más sabrosa de pertenecer a un kisha club no puede paladearse en una rueda de prensa. Hay que estar presente en las charlas informales en las que se habla off the record.

Es en estas charlas donde se revela la agenda política y donde las personas clave vierten sus valoraciones y reacciones más sinceras sobre los sucesos recientes. Se tiene acceso a informaciones que aportan importantes matices a los artículos periodísticos y que terminan afectando a las directrices que se siguen en la recogida de datos. Se siguen otras muchas costumbres. Por ejemplo, previamente a una importante conferencia internacional, las autoridades implicadas suelen ofrecer una primera sesión informativa a puerta cerrada, a la que acceden solo los miembros del kisha club correspondiente. Hacer una verdadera crítica del poder significa, o bien renunciar a ese acceso privilegiado a la información, o bien tener que prescindir de él durante algún tiempo.

Por todas estas circunstancias, a los medios informativos japoneses les resulta muy difícil distanciarse del Gobierno. Lejos de cualquier distanciamiento, lo que vemos hoy en día es que los responsables de los grandes grupos mediáticos están presentes en las comidas y cenas ofrecidas por el primer ministro Abe con una asiduidad desacostumbrada durante cualquiera de los Gobiernos anteriores.

Cinco de los seis presentadores de noticieros televisivos que protestaron públicamente en la rueda de prensa de finales de febrero retomaron su protesta en una segunda rueda de prensa celebrada el 24 de marzo en el Club de Corresponsales Extranjeros en Japón. Allí, se vieron desbordados por una avalancha de duras preguntas por parte de sus colegas extranjeros, que decían no entender, por ejemplo, por qué los profesionales japoneses se amilanaban ante declaraciones de tan poco peso.

Por culpa de sus secretos privilegios, los medios japoneses no han podido independizarse y son incapaces de ejercer una verdadera vigilancia sobre el poder.

Fotografía del titular: presentadores de informativos de las cadenas privadas de televisión reunidos en Tokio el 29 de febrero de 2016 sostienen una pancarta en protesta por las declaraciones de la ministra de Interior y Comunicaciones, Takaichi Sanae, sobre la posibilidad de cortar las emisiones. (Jiji Press)