¿Quién paga los platos rotos? La responsabilidad en la política japonesa

Responsabilidad efímera

El escándalo político más reciente que ha sacudido la opinión pública japonesa ha sido la recaudación y distribución habituales de fondos no declarados por parte de las facciones del Partido Liberal Democrático, la fuerza al mando del Gobierno. Sin embargo, lo que ha extrañado a muchos en esta ocasión es el modo en que los líderes políticos del país —tanto del Gobierno como de la oposición— han insistido en el concepto de responsabilidad en relación con el escándalo.

¿Qué tiene eso de raro? Para empezar, la creación de estos fondos no declarados es un acto ilegal que viola la Ley de Control de Fondos Políticos. Aunque admitamos el argumento de que la responsabilidad legal de este delito no recae sobre los propios miembros de la Dieta sino sobre el personal que gestionó los eventos de recaudación, el acto en su conjunto contraviene tanto el texto como el espíritu de la ley.

Cuando abordamos la noticia de este delito exigiendo saber por qué se cometió o cómo se emplearon esos fondos conseguidos de forma ilícita, es como si pidiéramos a un ladrón que nos explique qué ha hecho. Lo que urge en este asunto no es la responsabilidad de los delincuentes, sino cómo se les sancionará: la sinceridad con la que reflexionarán sobre sus faltas y las palabras y acciones que dedicarán a repararlas.

Al fin hemos visto cómo el PLD castigaba a algunas de las partes implicadas por su papel en el escándalo, pero se ha arrojado muy poca luz sobre el proceso mediante el cual se establecieron esos fondos ilícitos o los responsables de urdirlo.

¿Lo individual o lo colectivo?

Ha llegado la hora de que Japón examine mejor los procesos con los que se toman sus decisiones políticas. A propósito de esto, en abril de 1975 se produjo un intercambio iluminador entre Miyazawa Kiichi, entonces ministro de Asuntos Exteriores de Japón, y el secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger. “Debo confesar que el proceso de toma de decisiones japonés me fascina”, declaró Kissinger, que prosiguió describiendo una diferencia clave entre los procesos para establecer políticas en Japón y Estados Unidos. En Japón no hay individuos que tomen decisiones audaces por su cuenta y se responsabilicen de ellas: “Aquí, normalmente, hay que tomar decisiones empezando por abajo e ir subiendo”.

Respondiendo a las apreciaciones de Kissinger, Miyazawa apuntó que las decisiones políticas, en especial las importantes, no se toman individualmente en Japón: “Es perfectamente posible desarrollar decisiones innovadoras e incluso audaces en Japón, pero estas no surgen de los líderes sin que las respalde una minuciosa preparación”.

Es cierto que en Japón la toma de decisiones hace hincapié en establecer una preparación, una consulta minuciosa y la amplia participación de distintos actores. En la que quizás fuera la decisión política más importante después de la Segunda Guerra Mundial, la iniciativa de Tanaka Kakuei para normalizar las relaciones diplomáticas con la República Popular de China, el entonces primer ministro se alió con un líder de la oposición, el presidente del Kōmeitō Takeiri Yoshikatsu, y lo convenció para que desempeñara un papel clave viajando a Pekín antes de establecer el diálogo sobre la normalización. También dentro del partido del Gobierno, el PLD, se envió a legisladores partidarios de Taiwán a Taipéi y a los que tenían buenas relaciones con la RPC a Pekín, donde ayudaron a sentar las bases para aquella decisión trascendental. La idea era que, una vez los enviados terminaran su trabajo, el propio Tanaka pudiera ir a China en septiembre de 1972 para firmar el comunicado conjunto.

Alerta con las trampas del consenso

Así se hacen las cosas en Japón: centrándose en establecer el consenso colectivo. Las desventajas son el tiempo que se llega a tardar en terminar y la falta de claridad en cuanto a quién es responsable de una decisión determinada. Por el contrario, sí se logra trazar una línea entre los actores individuales implicados y las posiciones que ocupan. La responsabilidad de las decisiones no recae solamente sobre los individuos de las oficinas del primer ministro, el ministro del Gabinete o el presidente del partido, y, en consecuencia, es menos probable que la autoridad de estos puestos —el título y el estatus de un ministro o del primer ministro— se vea dañada a causa de sucesos imprevistos vinculados a dichas decisiones. En cambio, en países donde se hace más hincapié en la responsabilidad de los individuos respecto a las decisiones políticas, la autoridad de puestos clave como la del presidente o premier puede verse socavada cuando una decisión sale mal.

El abordaje japonés centrado en crear consenso también otorga un gran peso a las explicaciones que se ofrecen. El proceso de explicar una decisión es una manera de implicar a otros actores en el proceso de toma de decisiones, en cierto modo contribuyendo a compartir la responsabilidad del resultado final indirectamente con un mayor número de partes.

Con todo, cabe admitir que, mientras que este abordaje de confeccionar el consenso puede resultar idóneo cuando se busca una política con proyección de futuro, en casos como el actual escándalo de los fondos ilícitos —cuando las decisiones implican el “lado oscuro” de las cuestiones políticas— puede llevar a esconder cosas que deberían salir a relucir. Enmendar la Ley de Control de Fondos Políticos es una tarea encomiable, pero debemos ser conscientes de la posibilidad de que políticos individuales, ocultos en la sombra de los esfuerzos colectivos para modelar la nueva ley, mantengan sus posturas éticamente laxas y dejen vacíos legales para explotarlos.

Esta es la primera entrega de “Mi punto de vista”, una nueva serie de artículos de opinión firmados por un equipo rotativo de tres autores. Esperamos publicar sus ideas sobre asuntos nacionales e internacionales, cultura, historia y muchos más temas con regularidad. (Nota de la editorial).

(Artículo publicado originalmente en japonés y traducido al español de la versión en inglés. Imagen del encabezado: los legisladores aprueban una enmienda de la Ley de Control de Fondos Políticos en la Cámara de Representantes el 6 de junio de 2024 - © Jiji Press.)