Una ley cuyo espíritu no se ve reflejado en la práctica
ENTREVISTADOR ¿Cómo empezó a interesarse usted en el problema de las cárceles?
TAGUSARI MAIKO Cuando cursaba el primer año de universidad, participé en un círculo de estudios en el que me tocó exponer el asunto de dos proyectos de ley, muy debatidos en la época, sobre instituciones penitenciarias y sobre las daiyō kangoku (celdas de detención policiales que sustituyen en su función a las instalaciones carcelarias). Entonces cayó en mis manos la publicación Zenkoku kangoku jittai (“Situación de las cárceles en Japón”, Ryokufū Shuppan), en la que encontré un artículo que explicaba cómo a ciertos reclusos se los inmovilizaba con unas correas de cuero que les impedían usar las manos y se veían obligados a comer directamente del plato, como si fueran perros. Saber que las personas eran tratadas así me produjo un fuerte shock. Así fue como empecé a interesarme por los problemas de las cárceles. En marzo de 1995 participé en la fundación del Centro de los Derechos Humanos en las Cárceles, con el que llevamos ya 24 años.
La abogada Tagusari Maiko.
ENTREVISTADOR ¿Podría hablarnos de la evolución histórica de las cárceles o instituciones carcelarias japonesa? ¿Qué cambios se introdujeron con la reforma de 2006 de la ley que rige el tratamiento de los reclusos?
TAGUSARI Había una ley de la era Meiji que tenía ya cerca de 100 años. Con la nueva ley sobre el tratamiento de los reclusos se logró clarificar sus derechos y deberes. Hubo muchas reacciones, e incluso los funcionarios de prisiones se quejaron de que, mientras que a los reclusos se les reconocían nuevos derechos, sus condiciones seguían siendo las mismas. Pero nos equivocamos si pensamos que en el día a día de las prisiones se está aplicando al pie de la letra lo que dicta la nueva ley.
Ciertamente, con su entrada en vigor, las comunicaciones con el exterior (entrevistas, correspondencia, etc.) y la llegada de paquetes o encargos ha cambiado en gran medida y ahora se ha ampliado el perfil de las personas con quienes pueden comunicarse, todo lo cual ha sido recibido por los reclusos con alegría. Pero como se dieron casos en que miembros de las organizaciones llamadas bōryokudan (“grupos violentos”, mafia japonesa) hacían un uso perverso del nuevo sistema, enseguida se impusieron condiciones más duras. Pese a que la ley dice que unas relaciones correctas con el exterior contribuyen a la rehabilitación del recluso y a su reintegración social, las autoridades están aplicando cada vez más limitaciones. Los tribunales suelen ser conservadores, pero tenemos incluso algunas decisiones judiciales, en demandas interpuestas por reclusos, que tildan de excesivas las limitaciones que se están imponiendo.
Cambio de director, cambio de costumbres
ENTREVISTADOR ¿Viven mejor los presos con la nueva ley que rige sus condiciones?
TAGUSARI No puede decirse que sea así en todos los casos. Con la nueva ley, se han ampliado las potestades de los directores de cada instalación. Por ejemplo, en las cárceles PFI (private finance initiative, iniciativa financiera privada), gestionadas por equipos público-privados, se están poniendo en práctica muchos programas innovadores, como el adiestramiento de perros lazarillos, y otros orientados a evitar la reincidencia, que se realizan en coordinación con agentes especializados externos.
Pero para conocer el conjunto de las cárceles japonesas no es suficiente con pasar revista a una o dos. No solo hay diferencias entre cárceles, sino que, además, una misma cárcel puede sufrir un cambio radical con la llegada de un nuevo director. Es difícil hacerse una idea cabal del conjunto.
ENTREVISTADOR En Japón cada cárcel tiene sus propias reglas…
TAGUSARI Para manejar a sus reclusos, a la cárcel le conviene tener un radio de discrecionalidad tan amplio como sea posible. Mientras estuvo en vigencia la vieja ley de cárceles, los derechos de los presos eran prácticamente inexistentes y creo que esa es la razón de que algunos responsables de cárceles piensen que ahora dichos derechos tienen un reconocimiento excesivo y que ellos deben recortarlos para que resulten apropiados. Además, aunque la intención de las autoridades carcelarias sea reducir al máximo el número de accidentes o de irregularidades aunque se disponga de plantillas de funcionarios reducidas, las necesidades varían en función de si se trata o no de cárceles para reclusos con tendencias criminales más acentuadas. Pero hay una tendencia general a establecer reglamentos tan minuciosos como sea posible y obtener una imagen muy precisa de lo que ocurre, vigilando a los presos para comprobar si incumplen o no esos reglamentos. Por eso, en principio, siempre hay un funcionario presente en las entrevistas, y la correspondencia se inspecciona y censura.
En otros países no se aspira a un control tan riguroso y las entrevistas de la mayoría de los presos se hacen simultáneamente en grandes salas donde se colocan mesas y sillas sin interponer tabiques entre los grupos. Los reclusos son divididos en categorías y se les da un tratamiento específico, haciendo que, por ejemplo, los de mayor riesgo tengan sus entrevistas en habitaciones separadas.
¿Y entonces por qué está aquí? Una pregunta muy simple
ENTREVISTADOR ¿Qué otros problemas relativos a los derechos humanos existen?
TAGUSARI Tenemos en nuestras cárceles grandes grupos humanos que, para su acomodación, requieren atenciones específicas, como las personas con discapacidades del desarrollo, psiquiátricas o intelectuales, o los reclusos extranjeros, entre otros. Pero en las cárceles la tendencia es a no darles un trato excepcional, a aplicarles la norma general, porque los otros reclusos se quejan o porque resulta difícil controlar todas las situaciones disponiendo de una plantilla de funcionarios reducida. No se está en condiciones de dar un tratamiento acorde a las necesidades de cada recluso y falta una actitud de reflexión y atención al problema. Por eso, incluso las personas que sufren estos hándicaps acaban siendo castigadas cuando incumplen los reglamentos.
Todo esto va claramente en contra de los estándares internacionales sobre derechos humanos. Japón ha ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades y además se ha dotado de una ley para la no discriminación de estas personas, por lo que está obligado a satisfacer esas necesidades racionales, pero en la práctica está lejos de conseguirlo. Hay personas que, evidentemente, sufren problemas psiquiátricos graves y a veces se les exime del castigo, pero entonces el tema deriva hacia la cuestión de por qué estas personas que a duras penas pueden cumplir sus penas en condiciones normales han sido declaradas por el tribunal responsables de sus acciones y están ahora encerradas en una cárcel. Las cárceles no pueden negarse a admitir a nadie, así que supongo que sus responsables estarán muy atribulados con todos estos problemas.
El ministerio y los medios, aliados para alarmar a la sociedad
ENTREVISTADOR Se oye decir que ahora muchos delincuentes reinciden. ¿Cómo deberíamos enfocar este problema?
TAGUSARI No es que esté aumentando la reincidencia, sino que el porcentaje de reincidentes se está elevando. La tasa de reincidencia es la razón entre el total de personas detenidas por algún delito y el de quienes ya lo habían sido previamente, pero en términos absolutos tanto el total de detenidos como el de reincidentes han descendido en los últimos años. Lo mismo puede decirse de los ingresos en prisión: la proporción de quienes ya tienen experiencia carcelaria está subiendo si la comparamos con la de quienes ingresan por primera vez. Pero si miramos los números absolutos, veremos que tanto el total de ingresos como el de primerizos o no primerizos llevan 10 años a la baja. Lo que ocurre es que el descenso de los primerizos es más rápido y eso hace que la proporción de quienes ya tienen experiencia carcelaria vaya subiendo.
El misterio del 99,9 % de culpabilidad: ¿cumplen su función jueces, fiscales y abogados?
Si, pese a este descenso en las cifras absolutas del delito, el Ministerio de Justicia insiste tanto en la tasa de reincidencia es porque desea asegurarse una buena asignación en los presupuestos del Estado. Lo que está ocurriendo es que los principales medios de comunicación del país le siguen la corriente y le dan al problema un tratamiento que causa alarma social. En realidad, estamos en un mundo cada vez más seguro.
En 2012 el Gobierno se fijó el objetivo de reducir en más de 20 puntos porcentuales, a lo largo de un decenio, la proporción de personas que volvían a la cárcel durante los dos años posteriores a su anterior salida y se han tomado medidas para alcanzar ese objetivo. Para alcanzarlo de la forma más rápida, lo más práctico es centrarse en los delincuentes con tendencias criminales menos acentuadas, los delincuentes “de buen natural”, y de hecho durante los dos últimos años dicha proporción está bajando a buen ritmo.
Al mismo tiempo, se va entendiendo cada vez mejor que en las cárceles hay otras muchas personas que arrastran problemas muy variados, algunos de los cuales no son reconocibles a simple vista. Además de la cuestión de las discapacidades físicas o mentales, vemos que los reclusos van envejeciendo y que muchos de ellos van a afrontar una compleja problemática a la hora de reintegrarse en la sociedad, una problemática que afecta a las destrezas básicas que se requieren para llevar una vida normal en sociedad, como sus capacidades comunicativas o de resolución de problemas. Una vez que estén fuera de la cárcel, por efecto también de una serie de factores ambientales, estas personas podrían acabar reincidiendo. Es precisamente en ellas en quienes deberían centrarse la atención y la asistencia, pero hasta ahora vemos que son las grandes olvidadas.
No pretendo decir que los programas que se están implementando en las cárceles para mejorar sus condiciones no estén funcionando correctamente. Y entiendo también que siempre habrá perfiles en los que las medidas surtan un menor efecto y que, debido a las limitaciones presupuestarias, acabarán siendo postergados. Pero creo que está llegando el momento de que el Ministerio de Justicia se ponga manos a la obra y aborde el problema de estas personas en las que se aprecian mayores dificultades para su posterior reintegración social.
La atención médica, otra asignatura pendiente
ENTREVISTADOR Se dice que la atención médica es el principal problema de las cárceles actuales. ¿No ha mejorado nada este aspecto con la nueva ley sobre el tratamiento de los reclusos?
TAGUSARI Actualmente, el Centro de Derechos Humanos de las Cárceles recibe anualmente más de 1.000 cartas y, es cierto, muchas de ellas son sobre atención médica. Internacionalmente se considera que la privación de la libertad en sí misma es el castigo, y que no deberían infligirse a los presos otros sufrimientos. El propio Ministerio de Justicia de Japón es consciente de que hay todavía grandes problemas por solucionar en el campo de la atención médica a los presos.
Hay una grave escasez de médicos en el sistema penitenciario y hay que reconocer que el ministerio está haciendo grandes esfuerzos para solucionar este problema, pero hasta ahora no ha conseguido mejoras significativas. Cuando se reformó la ley, se estableció también que los presos podrían ser visitados por médicos externos, pero esto apenas se ha puesto en práctica. En el sector privado se ha generalizado la medicina ambulatoria y nosotros pensamos que debería implementarse también en las prisiones.
Lo que ocurre es que en las cárceles hay un excesivo celo por la seguridad y se evita tanto meter a gente de fuera como llevar fuera a los reclusos. Intentan que todo empiece y termine dentro de las instalaciones. Esto está dificultando mucho la recepción de la asistencia médica necesaria. Además, incluso en el caso de las atenciones médicas dentro de las instalaciones, siempre se designa a un funcionario para que acompañe al preso y eso, con los pocos funcionarios de que se dispone, representa una carga. Y la tendencia es a tratar de reducir el número de reclusos que reciben asistencia, para aligerar esa carga.
Segregar la atención médica del resto de las funciones de la cárcel
TAGUSARI En muchas instalaciones, funcionarios con titulación de auxiliar de enfermería se encargan de fijar el orden de prioridad en el que los reclusos son reconocidos por los médicos. Pero entre los reclusos hay quienes creen que se les está denegando el acceso al servicio y dejan de solicitarlo, y quienes, a fin de conseguir cuanto antes la libertad provisional, prefieren no causar trastornos y aguantan sin recibir la atención. Y de la ausencia de quejas, las autoridades concluyen que no hay problemas.
Al mismo tiempo, o bien por una decisión equivocada de un funcionario a la hora de fijar las prioridades, o bien por haberse producido una vacilación en razón de estar ausente el médico por la noche o en fines de semana, o de la escasez de funcionarios, ha ocurrido en algunos casos que el estado de salud del recluso en cuestión se ha agravado repentinamente al punto de que ya no tiene remedio.
A veces, las necesidades de atención médica chocan inevitablemente con las exigencias de seguridad. Y en las cárceles, cuando se consideran ambas cosas, se prioriza siempre la seguridad. Nosotros estamos solicitando que la atención médica en las cárceles pase a depender del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar. Para empezar por lo más asumible, creo que habría que conseguir que la administración médica se independizase del sistema carcelario externalizando los servicios médicos, como ya se está haciendo en una parte de las instalaciones.
Prisiones pequeñas que ofrezcan un tratamiento más personalizado
ENTREVISTADOR ¿Cómo sería la cárcel ideal hacia la que deberíamos encaminarnos?
TAGUSARI De suyo, encerrar en una cárcel a una persona que ha cometido un delito es una medida que debería tomarse en última instancia. Sin embargo, actualmente vemos que hay encarcelamientos que no son necesarios. El ejemplo más patente es la agravación de la pena por reincidencia. Un delito previo, por leve que pueda haber sido, se constituye en antecedente penal y de él se deriva una pena mayor al reincidir. Los penalistas podrán discutirlo, pero a mí me parece que sería mejor abandonar este principio.
En Japón se sigue el sistema de construir grandes instalaciones carcelarias y concentrar en ellas a un gran número de reclusos. Viendo cómo se lleva el tema en otros países, creo que lo ideal sería reducir al máximo el tamaño de las cárceles y dotarlas de un número de funcionarios adecuado a su tamaño, de modo que fuera posible responder mejor a las necesidades de los reclusos. Hoy en día no es nada fácil que Japón reduzca rápidamente el tamaño de sus cárceles, pero si se destinan los suficientes recursos económicos y humanos, es posible mejorar muchas situaciones procediendo, por ejemplo, a distribuir a los presos dentro de una misma cárcel en sectores o unidades con un determinado nivel de seguridad o con unas ciertas necesidades.
Esta orientación que se pretende dar está sustentada por la creencia de que también quienes han cometido delitos tienen su dignidad como seres humanos integrantes de la sociedad en la que todos vivimos. Pero este pensamiento, que parece tan lógico, en realidad no ha calado hondo en las autoridades penitenciarias, por no hablar del conjunto de la sociedad.
En las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas, además de especificarse que los reclusos deberán ser tratados con respeto hacia su valor y su dignidad como personas, se dice también que deberán garantizarse la seguridad y el buen orden en los establecimientos tanto para los reclusos como para los funcionarios y los visitantes. Son desafíos difíciles, pero creo que habrá que hacer esfuerzos continuados hasta lograr un cumplimiento armonioso de todas estas exigencias.
Texto: POWER NEWS, Takahashi Yuki
Fotografías del texto: Ikazaki Shinobu
Fotografía del encabezado: pabellón de internamiento de la antigua cárcel de Nara, en la ciudad homónima (julio de 2017). El edificio fue construido en 1908 y fue utilizado hasta la primavera de 2017 como cárcel juvenil. (Jiji Press)
