La pena de muerte en Japón: La pausa en las ejecuciones se prolonga más de dos años

Han pasado más de dos años y medio desde la última vez que Japón ejecutó a un reo condenado a muerte. La ejecución más reciente es hoy la de Katō Tomohiro, llevada a cabo el 26 de julio de 2022, por una serie de apuñalamientos indiscriminados en 2008 que dejaron 7 muertos y 10 heridos en el barrio de Akihabara, en Tokio. En el pasado también se han dado pausas en las ejecuciones: en 2011, el año del Gran Terremoto del Este de Japón, y en 2020, el primer año de la pandemia de la COVID-19. No obstante, es la primera vez en este siglo que pasan más de dos años sin que se ejecute a un preso.

El Código de Procedimiento Penal de Japón estipula que la pena de muerte debe ejecutarse en los seis meses siguientes a la emisión de la sentencia, pero en la práctica esto casi nunca se cumple. Desde principios del 2000 hasta el 26 de julio de 2022 se cumplieron 98 condenas a muerte. El plazo más corto desde la sentencia hasta la ejecución fue de un año, mientras que el más largo fue de 19 años y 5 meses. El Ministerio de Justicia no aclara ninguno de los criterios en los que se basa la decisión de ejecutar a un preso. De hecho, en el pasado la política era ni siquiera anunciar públicamente que se había llevado a cabo una ejecución. La divulgación de información sobre las ejecuciones y el número de ejecutados no comenzó hasta octubre de 1998, bajo la dirección del ministro de Justicia Nakamura Shōzaburō. En septiembre de 2007, el ministro de Justicia de entonces, Hatoyama Kunio, dio instrucciones al ministerio para que divulgara también el nombre de cada reo ejecutado y el lugar de la ejecución.

Las decisiones sobre las ejecuciones parecen reflejar los pensamientos y sentimientos del ministro de Justicia del momento. Sugiura Seiken, al ser nombrado para ese cargo en octubre de 2005, por ejemplo, declaró abiertamente que no emitiría una orden de ejecución por motivos religiosos y filosóficos. Aunque pronto se retractó de sus declaraciones debido a las críticas que cuestionaban su derecho como ministro de Justicia a negarse a cumplir un deber estipulado por la ley, no acabó firmando ninguna orden de ejecución durante su mandato de aproximadamente 11 meses. En contraste con la actitud de Sugiura estaban los casos de aquellos ministros que firmaron órdenes de ejecución al ritmo de una cada pocos meses.

Solo nueve personas fueron ejecutadas entre septiembre de 2009 y diciembre de 2012 bajo las administraciones del Partido Democrático de Japón, cuyos ministros de Justicia se mostraron reacios a ejecutar la pena. Chiba Keiko, la primera ministra de Justicia del PDJ, se opuso en un principio a la pena de muerte y había formado parte de un grupo de miembros de la Dieta que pedían su abolición. Sin embargo, en julio de 2010 firmó la orden de ejecutar a dos presos condenados a muerte. Chiba presenció las ejecuciones —algo insólito para un ministro de Justicia japonés— y expresó su deseo de que sirvieran de oportunidad para un debate nacional sobre la pena de muerte. Con ese fin, creó un grupo de estudio dentro del ministerio para considerar si este tipo de pena debía continuar existiendo. En agosto de ese mismo año, Chiba abrió por primera vez a los medios de comunicación la cámara de ejecuciones del Centro de Detención de Tokio, así como la sala que dispone para que los presos se reúnan con representantes religiosos.

Eda Satsuki, que fue nombrado ministro de Justicia en enero de 2011 bajo el Gobierno del PDJ del primer ministro Kan Naoto, declaró en una rueda de prensa poco después que “la pena capital es una pena defectuosa”, aunque posteriormente se retractó. En julio de ese año, Eda expresó su intención de no firmar ninguna orden de ejecución por el momento, ya que el grupo de estudio sobre la cuestión creado por Chiba continuaba reuniéndose. Ese año no se llevó a cabo ninguna ejecución. El grupo de estudio siguió celebrando reuniones también bajo el mandato del siguiente ministro de Justicia, pero deliberó por última vez en marzo de 2012 sin llegar a ninguna conclusión definitiva, limitándose a registrar las diversas opiniones expresadas en ambos lados de la cuestión.

Cuando Japón introdujo el juicio con jurado en 2009, los ciudadanos se implicaron en las decisiones sobre la pena capital. En 2017, hubo una serie de ejecuciones de presos que solicitaban un nuevo juicio. También surgieron críticas dentro y fuera de Japón en 2018 por la ejecución de 13 presos relacionados con la secta Aum Shinrikyō en el espacio de unas pocas semanas.

Un caso reciente de gran repercusión es el de Hakamata Iwao, condenado a muerte en 1980 por el asesinato de cuatro personas en 1966. Mantuvo su inocencia desde la cárcel y, en 2014, el Tribunal del Distrito de Shizuoka le puso en libertad y le concedió un nuevo juicio. La repetición del juicio comenzó en 2023 y concluyó en septiembre de 2024. El tribunal absolvió a Hakamata tras concluir que los investigadores habían fabricado pruebas. La sentencia se produjo 58 años después de su detención original y 44 años después de que fuera condenado a muerte. Tras haber estado encarcelado tantos años con la pena de muerte pendiendo sobre él, Hakamata, incluso una década después de su liberación, tiene dificultades para comunicarse con los demás.

Esta historia ha puesto en el punto de mira la pena capital, provocando llamamientos a la reforma. Un grupo de expertos formado por legisladores, un ex fiscal general y un ex comisario general de la Agencia Nacional de Policía hizo pública una declaración el 13 de noviembre en la que pedía la suspensión de las ejecuciones hasta que las autoridades se replanteen el enfoque gubernamental de la pena capital e instituyan cambios fundamentales en el sistema.

A finales de 2024, había 106 presos condenados a muerte en Japón.

(Fotografía del encabezado: El Centro de Detención de Tokio, que contiene una instalación de ejecución. © Pixta.)