Es necesario legislar contra la discriminación hacia el colectivo LGBTQ+

La noche del 3 de febrero de 2023, Arai Masayoshi, secretario ejecutivo del primer ministro Kishida Fumio, provocó una oleada de críticas con un comentario durante una entrevista informal en la residencia oficial del primer ministro: “No quiero ni verlos; tampoco me gustaría vivir junto a gente así”, dijo con respecto a las minorías sexuales. También queda fresco en la memoria de todos su comentario sobre la protección de los derechos de parejas del mismo sexo: “Tendría un impacto muy negativo en la sociedad; todos en mi oficina se oponen también”. El primer ministro Kishida despidió a Arai poco después de esos comentarios, pero esta medida se ve como algo totalmente superfluo, “como cortarle la cola a un lagarto”.

El comentario discriminatorio de Arai tuvo como efecto secundario que se comenzara de nuevo a considerar un proyecto de ley aparcado desde 2021 para “promover la comprensión del público sobre la diversidad en la identidad sexual y de género”; sin embargo, muchos activistas y simpatizantes de la comunidad LGBTQ+, incluyendo la Federación Nacional para el Desarrollo de Derechos para quienes Sufren Dificultades por su Orientación Sexual e Identidad de Género (J-ALL, por sus siglas en inglés), a la que pertenece el autor, consideran que incluso aunque se llegue a promulgar dicha ley no solo no se conseguirá eliminar con ello ciertos problemas existentes, como la discriminación y la violencia a la que se enfrentan todos aquellos relacionados con la diversidad en la orientación sexual y la identidad de género, sino que llegará incluso a ralentizar los esfuerzos futuros de gobiernos regionales y de empresas.

En este artículo explicaré primero las circunstancias sociales y legales de las minorías sexuales en Japón, y al mismo tiempo presentaré las actividades de la J-ALL. Señalaré también los problemas que presenta dicho proyecto de ley para promover el entendimiento. Compararé los avances realizados por Japón, país que como presidente de la Cumbre del G7 que se celebrará en Hiroshima en mayo de 2023 deberá enfrentarse a cuestiones basadas en la orientación sexual, la identidad de género, etc., respecto a los otros países miembros del Grupo de los Siete. Explicaré cómo Japón se va quedando atrás en términos del desarrollo de leyes adecuadas para, finalmente, mostrar cómo se está posicionado en el ámbito internacional y dar mi opinión sobre qué tipo de desarrollo legal debe promoverse a nivel nacional en el futuro.

Retos para la comunidad y esfuerzos para proceder pese al Gobierno

Los problemas y obstáculos que la comunidad LGBTQ+ sufre en Japón se han estudiado ampliamente; un estudio, por ejemplo, señala que un 41,8 % de los jóvenes LGBTQ+ de hasta 19 años pensó en el suicidio en 2022 (3,8 veces más que ese mismo grupo de edad a nivel nacional entre jóvenes no LGBTQ+), y un 14 % llegó a intentarlo (4,1 veces más(*1)). Según otro, sobre la diversidad en los espacios laborales, solo un 8,6 % de lesbianas, un 5,9 % de gays, un 7,3 % de bisexuales y un 15,3 % de personas transgénero habían “salido del armario” con al menos un compañero del trabajo. El informe también revelaba que entre un 60 % y un 70 % de las personas LGBTQ+ no se habían sincerado con nadie fuera de su entorno laboral(*2), una clara señal del miedo a la discriminación y persecución que obliga a muchos japoneses a esconder su verdadera identidad.

Como respuesta a esta situación, cerca de sesenta gobiernos municipales de Japón han emitido ordenanzas para prohibir la discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género, y más de doscientos han establecido un sistema de registro de uniones de las parejas del mismo sexo, similar a las parejas de hecho de otros países, para poder emitir certificados a las parejas del mismo sexo con los que puedan asegurarse ciertos derechos y beneficios. La conciencia social hacia las minorías sexuales también está cambiando. Según una encuesta nacional de opinión, el 87,7 % de los encuestados estaba a favor de establecer leyes y ordenanzas que prohibieran cualquier comportamiento discriminatorio o vejatorio hacia las minorías sexuales(*3)). Y sin embargo en Japón no existe a día de hoy ninguna ley que prohíba a nivel nacional ese tipo de acciones.

La J-ALL es un grupo ciudadano fundado en 2015 con el objetivo de promover la promulgación de leyes contra la discriminación. Se trata de una organización nacional con cerca de cien organismos miembros, provenientes de toda la sociedad civil del país, que se encarga de problemas relacionados con la orientación sexual y la identidad de género en cooperación con los integrantes de la Federación de Miembros de la Dieta para Asuntos LGBTQ+. Ha elaborado solicitudes de presupuestos al Gobierno con respecto a políticas para ese propósito, ha atendido a audiencias con partidos, ministerios y agencias, y continúa dando voz a quienes sufren dichos problemas.

Como resultado de estas iniciativas, en 2018 el Gobierno Metropolitano de Tokio promulgó una ordenanza para hacer realidad el principio del respeto a los derechos humanos tal y como se consignó en la Carta Olímpica de Tokio, incluida la prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. También según la Ley de Promoción Integral de la Política Laboral, parcialmente revisada en 2019, cada empresa u organización está ahora obligada a considerar, como parte de las medidas preventivas contra el acoso laboral, la definición de prevención del acoso de poder que incluye los “acosos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género, así como el denominado outing, o revelación de la orientación sexual o identidad de género de otra persona sin su permiso”.

Mejorar la comprensión no es suficiente

En 2021, la federación de parlamentarios elaboró el Proyecto de Ley para la Promoción de la Comprensión Pública de la Diversidad de la Orientación Sexual y la Identidad de Género (en adelante, “el proyecto de ley”). Este proyecto de ley tenía como objetivo mejorar el sistema administrativo para aumentar la comprensión del público sobre la orientación sexual y la identidad de género, y no incluía ninguna estipulación sobre la “prohibición del trato discriminatorio” que J-ALL había promovido desde su creación.

Y eso era una verdadera lástima: sin una disposición que prohíba el trato discriminatorio es muy difícil tratar casos específicos, como el de una mujer que fue despedida por ser lesbiana. Además, se suele señalar también que si se promulga a nivel nacional una ley que únicamente promueve el entendimiento, es muy posible que en el futuro los gobiernos locales promulguen ordenanzas centradas tan solo en esa promoción del entendimiento, en lugar de la prohibición de acciones discriminatorias.

En 2021, el proyecto de ley fue rechazado por un número de parlamentarios, y ha permanecido aparcado, sin ser presentado de nuevo a la Dieta, hasta ahora; pero la controversia creada por los comentarios de Arai ha obligado a Kishida y su gabinete a revisar el proyecto y presentarlo para debate en la Dieta. Debemos plantearnos de nuevo si tiene algún sentido tratar de implementar una ley que da difícil solución a los problemas concretos a los que se enfrentan las partes implicadas.

La importancia del comunicado durante la Cumbre de Elmau

En este punto me gustaría recordar unas palabras registradas en el punto sobre igualdad de género del comunicado adoptado en la Cumbre alemana de Elmau en 2022. En esa parte del texto está escrito:

“Reiteramos nuestro compromiso de mantener un foco sostenido para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, personas transgénero y no binarias, y brindar igualdad de oportunidades para todos, independientemente de su identidad de género, expresión u orientación sexual. Reafirmamos nuestro pleno compromiso de garantizar que todos los países protejan a sus ciudadanos contra la discriminación y violencia.”

“Reafirmamos también nuestro compromiso pleno de lograr SDSR (salud y derechos sexuales y reproductivos(*4)) integrales para todas las personas, y reconocemos la importancia del acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva de emergencia durante las crisis humanitarias”.

En comparación con el comunicado de la Cumbre de Cornualles, Reino Unido, en 2021, en el que solo se afirma que “es necesario considerar los problemas de violencia y discriminación contra las personas LGBTQI+”, en el comunicado de la Cumbre de Elmau se puede ver que la OMS insta encarecidamente a los Estados a proteger a las personas de la discriminación y violencia por su orientación sexual, identidad de género, etc. El primer ministro Kishida también participó en la Cumbre de Elmau, por supuesto, por lo que Japón deberá promover esfuerzos en este sentido para mantener este compromiso internacional. Dadas las escandalosas declaraciones de Arai, diametralmente opuestas al espíritu del comunicado de la Cumbre, queda suficientemente claro qué imagen proyectará Japón por el hecho de que en el país se esté llevando a cabo un proyecto de ley para promocionar el entendimiento hacia las minorías sexuales, sin llegar a prohibir la discriminación.

Además, en Japón uno de los requisitos para cambiar legalmente de género es la pérdida de la fertilidad, pese a que esto ha sido muy criticado a nivel nacional e internacional como una violación de los derechos humanos. Otros países del G7 no tienen tal requisito, evidentemente. También en este tema Japón mantiene políticas que van por completo en contra de sus compromisos internacionales.

Qué se espera de Japón como presidente del G7

Más de ochenta países de todo el mundo, incluidos los países del G7, cuentan con leyes que prohíben la discriminación basada en la orientación sexual. Por otro lado, según una encuesta de la OCDE sobre sistemas legales en 35 países que incluyen a personas LGBTQ+, Japón ocupa el puesto 34.

Escribo este artículo durante mi participación en la Conferencia de Derechos Humanos del Orgullo Mundial de Sídney, una conferencia internacional sobre minorías sexuales que se celebra en Australia. Cuando hablé sobre el proyecto de ley de Japón con el personal de las diversas agencias de la ONU todos mostraron confusión durante un momento, y luego una sorpresa total: todo el mundo sabe, literalmente, que la prohibición de la discriminación es algo indispensable para resolver los problemas a los que se enfrenta la comunidad LGBTQ+.

Los comentarios del secretario Arai y el retraso en el desarrollo de leyes adecuadas muestran una vez más que Japón es un país inmaduro en términos de protección de las minorías sexuales y, al mismo tiempo, incapaz de rendir cuentas como presidente del G7. Es indispensable que el Gobierno promulgue leyes contra la discriminación lo antes posible, para poder mejorar esta situación y salvar a las personas que sufren de dicha discriminación y violencia por su orientación sexual o su identidad de género, o de cualquier otra violación de sus derechos humanos fundamentales.

La Cumbre del G7 en Hiroshima en mayo dirigirá, en este sentido, la atención hacia el Gobierno japonés, tanto dentro del país como fuera.

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: desfile Tokyo Rainbow Pride 2022, realizado por primera vez tras tres años; 24 de abril de 2022, distrito de Shibuya, Tokio – Jiji Press)