Testimonios desde el corredor de la muerte: los funcionarios penitenciarios y las ejecuciones

El 26 de julio de 2022 ajusticiaron a un preso en el centro de detención de Tokio. Los funcionarios del centro, por experiencia, estaban preparados psicológicamente para que se anunciara la ejecución, ya que dos semanas antes se había producido un suceso terrible e inaudito: el impactante magnicidio del ex primer ministro Abe Shinzō, que el asesino perpetró con un arma de fuego casera mientras el político pronunciaba un discurso de apoyo al candidato de su partido en la ciudad de Nara el 8 de julio, en plena campaña para las elecciones a la Cámara Alta.

En Japón se solía recurrir a ajusticiar a condenados a muerte cuando se producía un asesinato escandaloso que levantaba un gran revuelo en la opinión pública. El caso más reciente antes del asesinato de Abe fue la ejecución de tres presos el 21 de diciembre de 2021, que se especula que se vio motivada por los ataques indiscriminados en las líneas Odakyū (6 de agosto) y Keiō (31 de octubre), en que sendos criminales acuchillaron a otros pasajeros y provocaron incendios en trenes en marcha.

“¡Se va a emitir otra orden de ejecución! ¿A quién le tocará esta vez?”. “Pues seguro que alguien de un caso gordo. Hace cuatro años, mientras se celebraba la Copa del Mundo en Rusia, ajusticiaron a los 13 condenados de la secta Aum Shinrikyō, así que ahora tal vez sea el turno del de la masacre de Akihabara”. Las conversaciones entre los funcionarios del centro de detención de Tokio, que tiene a varios condenados en el corredor de la muerte, deben de ir en esta línea.

Las previsiones acertaron de lleno: ejecutaron a Katō Tomohiro, el hombre que perpetró una masacre indiscriminada en Akihabara el 8 de junio de 2008, cuando el barrio estaba cerrado al tráfico. Después de embestir a varias personas con un camión de dos toneladas por una avenida muy concurrida, bajó del vehículo y se puso a acuchillar a los transeúntes. El ataque se saldó con siete muertos y diez heridos de distinta gravedad.

¿Con qué ánimo debían de afrontar la ejecución de Katō los funcionarios del centro de detención de Tokio? Antes de abordar esa cuestión, veamos por qué trámites hay que pasar para llevar hasta el final una condena a muerte en Japón.

Una profesión con una pesada carga psicológica

Katō Tomohiro fue condenado a la pena capital en febrero de 2015. Cuando se emite una sentencia de muerte, la fiscalía tiene unos cuatro meses para presentar la petición de ejecución. El ministro de Justicia responde emitiendo una orden de ajusticiamiento. Aunque la Ley de Procedimiento Penal establece que dicha orden debe acatarse en un plazo de seis meses, en la práctica el proceso nunca es tan ágil. Katō pasó más de siete años preso.

El ministro de Justicia emitió su orden el viernes 22 de julio de 2022, basándose en el borrador de la orden de ejecución emitida por la Oficina de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia, y el fiscal en jefe mandó llevar a cabo la ejecución de Katō el martes de la semana siguiente, día 26. El personal del centro de detención de Tokio no tuvo más que unos días, con un fin de semana de por medio, para completar todos los preparatorios: conseguir el ataúd, montar la soga, verificar el funcionamiento de la maquinaria, consultar el manual del procedimiento de la ejecución, hacer los ensayos pertinentes, etc.

Llevar a cabo la ejecución es la función más difícil y desagradable del trabajo de los funcionarios de los centros de detención. No admite ningún fallo y requiere una capacitación muy específica, por lo que existe un cuerpo de seguridad que se encarga de ella. La unidad está compuesta por 15 miembros: el comandante, el subcomandante y los subordinados. Son también quienes están directamente implicados en la atención cotidiana de los condenados —durante el ejercicio físico, el baño, etc.—, hablan con ellos a diario y notan su tacto cuando les revisan la ropa y el cuerpo al entrar y salir de las celdas de aislamiento. Se puede decir que la relación que mantienen es más que entre simples conocidos.

Todos los funcionarios que forman parte del cuerpo de seguridad participan en las ejecuciones y asumen las siguientes tareas el día del ajusticiamiento.

• Acompañar al condenado de la celda de aislamiento a la sala de ejecución.
• Asistir al anuncio de la ejecución.
• Colocar las esposas al condenado, ponerle la capucha blanca para taparle la cara, posarlo en la plataforma, atarle los pies y colocarle la soga.
• Desatar la soga al terminar la ejecución, preparar el cuerpo después de la autopsia, vestir al difunto según su religión y meterlo en el ataúd.
• Asistir a los actos funerarios del velatorio y el funeral.
• Meter el ataúd en el coche fúnebre.
• Despedir al difunto formando una fila y haciendo una reverencia.

Por más que se trate de un trabajo, es obvio que matar a un ser humano comporta un sufrimiento psicológico terrible.

La llamada sala de los botones del centro de detención de Tokio, donde tres funcionarios penitenciarios pulsan los botones a la vez para ejecutar al reo. Para aligerar la presión psicológica, no se sabe cuál de los botones acciona la trampilla. (Reuters)

La ejecución no se anuncia hasta el último momento

La Federación de Asociaciones de Abogados de Japón, que practica el activismo para abolir la pena capital en el país, ayuda a los condenados a muerte a solicitar la revisión de su caso para que se amparen en la regla que impide la ejecución de un recluso con un caso abierto. En estos momentos 61 de los 106 presos que están en el corredor de la muerte tienen solicitada la reapertura del caso. Dado que antes solo los condenados que alegaban falsos cargos pedían la revisión, el personal penitenciario podía predecir con bastante exactitud el orden de ejecución de los condenados. Básicamente, había un orden establecido. Ahora, en cambio, resulta imprevisible.

La ley dicta que las ejecuciones no se hagan públicas y se lleven a cabo en secreto. En la actualidad se lleva al condenado de la celda de aislamiento a la sala funeraria, contigua a la sala de ejecución, una hora antes del ahorcamiento. Allí el director del centro, o el subdirector en su lugar, siguiendo la instrucción de ejecución, comprueba la identidad del preso y le anuncia que va a ser ajusticiado.

Hace poco más de 50 años, la ejecución se notificaba al condenado con uno o dos días de antelación y se le daba la oportunidad de reunirse con su familia para despedirse. En aquellos tiempos, ejecutar la pena de muerte era la función más importante del centro de detención y, según los principios del tratamiento correccional, se creía que ajusticiar al preso sin hacer que expresara arrepentimiento por sus crímenes era una falta de respeto para con las víctimas y sus familias. Se atendía a los condenados a muerte en grupo, se les ofrecía actividades recreativas y culturales para cultivar su sensibilidad y se los animaba a la introspección con repetidas entrevistas personales.

En noviembre de 2021 dos condenados a muerte presentaron una denuncia ante el Tribunal Regional de Osaka para demandar al Gobierno japonés por daños psicológicos con una compensación de 20 millones de yenes alegando que notificar la ejecución en el mismo día era anticonstitucional e inhumano. Como prueba se adjuntó una grabación del registro de ejecuciones del centro de detención de Osaka. El audio, grabado en total secreto, correspondía a las conversaciones mantenidas en los dos días desde el anuncio de la ejecución hasta el ajusticiamiento de un recluso en febrero de 1955. En aquella época existía un movimiento transpartidista para presentar una propuesta de ley para abolir la pena capital y se pretendía elevar el debate. Fue Tamai Sakurō, director del centro que había asistido a 46 ejecuciones en los seis años que había pasado en el cargo, quien aprovechó la última oportunidad antes de abandonar el puesto y ordenó al jefe de la sección de educación que grabara el proceso previo a una ejecución.

La gestión de los condenados a muerte pasó de ser grupal a individual en 1970. El cambio conllevó que estos presos dejaran incluso de realizar trabajos penales en grupo como los otros y se vieran obligados a llevar una vida solitaria. Al mismo tiempo, se pasó de anunciar la ejecución el día anterior a hacerlo el mismo día. Esto se debió a que los centros se quedaron cortos de recursos (mano de obra y tiempo) para atender a los condenados a muerte porque estaban desbordados intentando controlar los aludes de sospechosos que se arrestaban infraganti en acciones organizadas por grupos políticos radicales (comunistas revolucionarios).

La complejidad de los funcionarios de los centros de detención

¿Cómo se sienten los funcionarios que se encargan de los presos condenados a muerte en el centro? He aquí la respuesta de un conocido mío que trabaja en ese sector: “No sé qué sienten ellos, porque no fomentamos activamente su rehabilitación. Los tratamos con sumo cuidado para no provocarlos. En todo caso, les tenemos mucha deferencia”. Sobre el hecho de que hace medio siglo las ejecuciones se anunciaran con uno o dos días de antelación y en la actualidad se notifiquen en el mismo día, comenta: “Ahora es imposible, pero, si nos esmeráramos de verdad, estaría bien decírselo el día de antes”.

El trato actual de los presos en el corredor de la muerte es el confinamiento solitario, en una celda totalmente aislada. Se les vigila con cámaras instaladas en el techo las 24 horas para evitar que se fuguen o se suiciden. Las cámaras son un importante dispositivo de seguridad para detectar rápidamente incidentes como los ictus. Sin embargo, en 2018 el Tribunal Regional de Kumamoto reconoció como parcialmente ilegal el trato de la cárcel de la zona y obligó al Gobierno a compensar a un recluso que había denunciado que las cámaras de seguridad constituían una violación de su intimidad. “A los condenados del corredor de la muerte hay que aplicarles la pena capital sin falta, así que debemos asegurarnos de mantenerlos sanos física y mentalmente. Por eso necesitamos las cámaras”, justifica el funcionario.

Se han presentado varias demandas para denunciar que la horca es un castigo cruel y anticonstitucional, pero en todas se ha concluido que la pena no viola la Constitución. Con todo, se trata de un método de ejecución que se ha mantenido desde 1873 y que Japón no se ha planteado cambiar a pesar de que Estados Unidos se pasó a la silla eléctrica, la cámara de gas y la inyección letal, y Tailandia siguió también el ejemplo y abandonó el fusilamiento para adoptar la inyección.

Es innegable que el método actual de la horca resulta mentalmente devastador para los funcionarios penitenciarios. Cuando mencioné el cambio en Tailandia para sondearlo sobre la adopción de otro método en Japón, mi entrevistado respondió: “Creo que estaría bien que nos pasáramos a la inyección letal. La horca es un método que deja un sentimiento de culpabilidad y una carga de haber matado a alguien grabada en el corazón indescriptibles. Seguimos viéndolo en sueños por más años que pasen”. Aunque puede que no todos los funcionarios de centros de detención lo vivan igual, yo creo que muchos se enfrentan a sus obligaciones con sentimientos parecidos.

La sala de ejecuciones del centro de detención de Tokio con la trampilla abierta. (Reuters)

La pena capital fomenta masacres

Solo alrededor del 1 % de las personas que cometen homicidios y otros crímenes para los que se estipula la pena capital terminan sentenciados a ella; el 99 % restante de las familias de las víctimas ven condenar a los criminales a penas de cárcel, aunque deseen que se les aplique el máximo castigo. Esto se debe a que los jueces se ciñen a precedentes que marcan unos criterios muy estrictos para imponer la pena de muerte (el número de víctimas, el modus operandi, etc.). Se dice además que, como estos criterios son bien conocidos, aparecen criminales que provocan masacres indiscriminadas para acabar condenados a la horca.

Es un hecho que la pena capital no solo no es un factor disuasorio, sino que induce a cometer crímenes sonados. Cuando se debate sobre su abolición, las encuestas públicas y los sentimientos de las familias de las víctimas llevan la conclusión de que debe mantenerse en vigor. Por otro lado, se dice que la mayoría de los asesinos que son condenados a penas de cárcel se acaban arrepintiendo de sus crímenes mientras cumplen su pena y muchos se ofrecen a compensar a los familiares de las víctimas con lo que ganan con los trabajos penales.

En la encuesta de percepción sobre la pena de muerte que lleva a cabo la Oficina del Gabinete cada cinco años, la proporción de personas a favor ha superado el 80 % en las cuatro ediciones realizadas desde 2004. Aun así, para evitar la reincidencia del crimen, convendría que la ciudadanía reconsiderara el futuro de la pena capital basándose en los hechos.

(Traducido al español del original en japonés. Fotografía del encabezado: Sala de la horca. La estancia que hay tras el cristal es desde donde el fiscal y el director del centro de detención asisten a la ejecución. Está diseñado de modo que se pueda ver la sala subterránea una vez se abre la trampilla. Reuters)