¿Consiguen los avances legales frenar el discurso del odio? La situación en Kawasaki

La agonía del barrio

Aproximadamente un kilómetro al sur del templo budista de Kawasaki Daishi, al que cada mes de enero acude un gran número de personas para hacer la tradicional hatsumōde o primera visita anual, se halla el pequeño barrio de Sakuramoto (Kawasaki-ku), que concentra una nutrida colonia coreana. Es un típico barrio de la zona costera del cinturón industrial Keihin, al sur de la capital, y tiene poco más que ofrecer que viviendas con algunos comercios esparcidos entre ellas.

Una de las calles del barrio de Sakuramoto. (Fotografía del autor del artículo)

Pero hace algo más de cinco años, el 8 de noviembre de 2015, la atmósfera del barrio se vio perturbada por un hecho repentino. Irrumpió en sus calles un grupo de manifestantes hostiles a la colonia que previamente había anunciado su acción. Aunque el grupo ya se había hecho notar reuniéndose varias veces a la puerta de la estación de Kawasaki JR, era la primera vez que se aproximaba al barrio.

Vociferando eslóganes como “¡estáis en contra de la patria!”, “¡os vamos a aplastar!” o “¡sois la vergüenza de Japón!”, la columna de “limpieza patriótica” llegó hasta las inmediaciones del barrio armada con sus banderas preconstitucionales del Sol Naciente. Bajo una persistente lluvia, muchas personas de tendencia contraria se agolparon para exigir la retirada del grupo y el fin del hostigamiento discriminatorio, viviéndose momentos de gran tensión.

Evocando aquellos sucesos, Choi Kang-ija, residente coreana de tercera generación y vecina del barrio, dice que frente a la estación de Kawasaki se había encontrado varias veces con ellos y había sentido miedo, por lo que en lo sucesivo siempre los había esquivado, pero que no es fácil escapar cuando esta gente viene hasta las puertas de tu casa. “Me sentí aterrorizada”, recuerda, “fue un shock terrible. Vinieron a pisotearnos, a espetarnos ‘¡fuera de aquí!’ y otras cosas tremendas. Pero también acudieron muchas personas para protestar contra la marcha y contra la discriminación, y fueron la voz del barrio”.

Desde aquel día, el miedo no la abandona. “Pasé muchas noches sin poder dormir, me daba pánico pensar cuál sería su siguiente acción”, añade. De hecho, una marcha similar llegó a Sakuramoto en enero de 2016 a los gritos de “¡fuera coreanos!” y “¡cucarachas!” como nuevos eslóganes de su escalada verbal. Los hostigadores se servían de un parque público para reunirse y Choi y su grupo trataron de conseguir que el ayuntamiento de Kawasaki dejase de autorizar la utilización de dicho lugar, pero la única respuesta que obtuvieron fue que no había “base legal para impedirlo”. Un sentimiento de impotencia embargó a los miembros del grupo.

De una ley de principios a una ordenanza prohibitiva

“Si no hay normas, ¿por qué vosotros, los mayores, no las hacéis?”. A los niños del barrio no les satisfacían las vagas explicaciones que recibían cuando preguntaban sobre aquella violencia verbal. Su ingenuidad inspiró a Choi. En marzo de 2016 había declarado ya por escrito ante la Oficina de Asuntos Legales (delegación del Ministerio de Justicia) las violaciones a los derechos humanos que estaban sufriendo y había sido llamada a declarar por la Comisión de Asuntos Legales de la Cámara de Consejeros de la Dieta (Parlamento), tras lo cual un grupo mixto de inspección formado por parlamentarios de los partidos gubernamentales y de oposición visitó el barrio.

Yakura Katsuo, parlamentario del gubernamental Kōmeitō que formaba parte del grupo, comentó que un niño del barrio, alumno de secundaria, les había pedido protección porque pensaba que los manifestantes podían matarlo, y que aquel testimonio fue el que más le había impactado. El niño expresó también los complejos sentimientos de ser “distinto” a los demás que le habían causado también las bienintencionadas palabras de un amigo japonés, que, sin saber muy bien cuál era el problema, se disculpó ante él por lo sucedido. Yakura concluyó que aquellas manifestaciones xenófobas eran inadmisibles, pues no solo instalaban el miedo entre los niños, sino también la división entre quienes hasta entonces habían jugado juntos como iguales.

En Nakahara-ku (Kawasaki) una pretendida manifestación xenófoba tuvo que ser suspendida al ser rodeados los participantes por contra-manifestantes del área en junio de 2016. (Jiji Press)

Estos y otros testimonios surtieron efecto y los legisladores pusieron manos a la obra. En mayo de ese mismo año prosperó una proposición de ley y con carácter de urgencia fue aprobada la Ley de Eliminación del Discurso del Odio. Si bien se trataba de una ley de principios que no contemplaba castigo alguno, Choi explica que para quienes se habían sentido abandonados a su suerte y sin esperanzas de recibir ningún apoyo, fue un importante primer paso.

Obtenida ya una base legal, el ayuntamiento de Kawasaki dio un paso más con la elaboración de una ordenanza municipal con poder coactivo para atajar el discurso del odio. Disposiciones similares habían sido ya emitidas por las prefecturas de Tokio y Osaka, y por la ciudad de Kōbe, pero Kawasaki fue la primera en emitir una ordenanza punitiva. Fue promulgada en diciembre de 2019 y tras varias etapas intermedias pasó a tener pleno vigor en julio de 2020.

La asamblea legislativa de Kawasaki aprueba la ordenanza contra el discurso del odio. (Jiji Press)

La ordenanza, un coladero

La ordenanza de Kawasaki tiene por objetivo, tal como expresa en su Artículo 2, terminar con “las expresiones discriminatorias injustas” dirigidas hacia las personas de origen extranjero o sus descendientes. Ante la existencia y repetición de ataques verbales xenófobos, se implementa en tres fases de dureza creciente: una primera de advertencia o exhortación, una segunda de orden y una tercera de denuncia e imposición de una multa por un máximo de 500.000 yenes. Sin embargo, incluso después de que la ley entrase en pleno vigor en julio, se han registrado frente a la estación de ferrocarril de Kawasaki y en otros lugares al menos ocho reuniones similares.

La abogada Morooka Yasuko, con experiencia en casos de xenofobia, ha señalado que “la ordenanza en sí misma es muy positiva y está empezando a funcionar, pero es todavía insuficiente”. En su Artículo 12, la ordenanza trata de compatibilizar los castigos que prevé con la libertad de expresión y delimita las palabras y actos punibles a tres tipos concretos: exclusión, daño o perjuicio e insulto. La consecuencia es que acaba permitiendo que las palabras y actos que sin alejarse demasiado de estas definiciones tampoco encajan perfectamente en ellas evadan su aplicación e, indirectamente, como señala un miembro de un grupo ciudadano, envalentona a los xenófobos pues ya saben cómo tienen que actuar para obtener el “visto bueno”.

Por ejemplo, se informó de que en la concentración del 5 de septiembre frente a la estación de Kawasaki se dijeron cosas como que “si, como hasta ahora, no hemos podido evitar que personas que por origen no son japonesas mientan con descaro y consigan dinero fraudulentamente, es porque somos demasiado blandos con los extranjeros”. Parecería que esto encaja en el tercero de los supuestos (insulto), pero la ordenanza pone como ejemplo de insulto “comparar a una persona no japonesa con algo no humano”, de modo que en este caso la ordenanza no se aplica.

Tipos de actos y expresiones penalizados

Fuente: Artículo 12 de la “Ordenanza para una ciudad respetuosa con los derechos humanos y no discriminatoria” del ayuntamiento de Kawasaki y directrices de interpretación.

Un empleado municipal que se acercó al lugar para supervisar la concentración fue testigo de las provocaciones de uno de los participantes, que decía que los empleados municipales debían escucharles con atención, puesto que ellos no practicaban el discurso del odio.

Por medio de su encargado, el jefe de sección Ōnishi Tetsushi, el ayuntamiento de Kawasaki hizo saber que hasta el momento no se había registrado ningún acto punible bajo la nueva ordenanza. Morooka incide en que el ayuntamiento solo se está pronunciando sobre si un determinado acto encaja en alguno de los supuestos del Artículo 12, pero que, aun en el caso de que se considere no punible, si se trata de una “expresión o acto discriminatorio injusto”, como establece el Artículo 2, el alcalde de Kawasaki debería mostrar su liderazgo y expresar públicamente que tal acto es inadmisible.

Ataques en la red

Por otra parte, continúan produciéndose ataques a personas concretas a través de redes sociales como Twitter y otros tablones de anuncios o foros. Choi, cuyas actividades e imagen fueron difundidas por los medios a raíz de su declaración ante la Dieta, sigue siendo blanco de ataques de personas que se refugian en el anonimato en esos foros. Ha tratado de hacerles frente por sí sola, solicitando al proveedor que borre dichos ataques y denunciando a sus agresores ante los tribunales y sostenido procesos judiciales, pero estas acciones suponen una carga difícil de soportar para una sola persona. Especialmente duro es el aspecto psicológico. “Hay que probar qué daños se ha recibido y esto te obliga a volver mentalmente al pasado y enfrentarte a ellos por segunda, por tercera vez...”.

Ante esta realidad, el ayuntamiento de Kawasaki anunció que será él mismo quien, en sustitución de las víctimas de los ataques, solicite al proveedor de internet que retire los mensajes problemáticos, confiando la decisión de si tales mensajes pueden ser considerados “expresiones discriminatorias injustas” a un órgano de inspección independiente. Sin embargo, lo cierto es que de los 332 mensajes recibidos por Choi que llegaron a manos del ayuntamiento, hasta el 11 de noviembre de 2020 este solo había solicitado al proveedor la eliminación de dos, que fueron los únicos reconocidos como lesivos por el órgano independiente.

Morooka ve como un paso adelante que al menos alguno de los mensajes haya sido reconocido, pero señala también que el criterio seguido para determinar qué es discurso del odio es excesivamente restrictivo y que el plazo que se están tomando para deliberar al respecto, de cinco meses, es demasiado largo, no suponiendo una medida efectiva de socorro a las víctimas. Los tuits y otros mensajes subidos a las redes se difunden con gran rapidez, por lo que exigen una respuesta mucho más rápida.

¿Por qué este discurso del odio?

Quienes atacan a los coreanos residentes en Japón fundamentan sus acciones en los “privilegios como residentes extranjeros” de los que supuestamente disfrutan los coreanos, que los sitúan al mismo nivel que los japoneses. Ciertamente, entre los coreanos que viven en Japón, muchos gozan del estatus legal de “residentes permanentes especiales”. Pero, según las actas de la Dieta, en mayo de 2015 el Gobierno expuso su postura ante la Comisión de Asuntos Legales de la Cámara de Consejeros de la siguiente manera:

“En consideración a su arraigo en el país y al hecho de que por diversas razones históricas quedaron desprovistos de su nacionalidad [japonesa], la Ley Especial de Control Migratorio les da un trato de excepción que los diferencia del resto de los extranjeros (...). Este tratamiento es provisto por la legislación con el propósito de crear un marco estable para su estatus legal como residentes permanentes especiales y cualquier intento por excluirlos de la sociedad japonesa en virtud de este tratamiento es inaceptable.” (palabras del entonces director del Departamento de Inmigración del Ministerio de Justicia, Inoue Hiroshi).

Debido a la anexión de Corea por Japón en 1910, los pobladores de la península pasaron a tener la nacionalidad japonesa. Una parte de ellos se trasladó a Japón por diferentes razones. Aquellos que se quedaron en Japón incluso después de que Corea obtuviera su independencia tras la guerra, si bien fueron tratados como extranjeros por el Gobierno de Japón, recibieron de este un estatus especial como residentes permanentes en consideración a que sus vidas se desarrollaban en Japón. Así pues, según el Gobierno, no se trataría de ningún “privilegio”.

De todos modos, Morooka señala que, pese a ser catalogados como “residentes permanentes especiales”, en realidad no han adquirido el derecho a residir permanentemente y “aunque se les deberían garantizar los mismos derechos que a los japoneses por haberse convertido en parte del pueblo japonés fruto del dominio colonial, en realidad tienen muchos de sus derechos limitados”.

“Por ejemplo, aunque, como parte del pueblo japonés, tuvieron que participar en la guerra y muchos murieron, no hay indemnización para ellos. Y son tratados como ciudadanos de segunda, pues actualmente se les sigue discriminando en temas como el derecho al voto en las elecciones regionales, el acceso a la administración pública, las pensiones o las ayudas municipales a la subsistencia”, lo que es causa de que muchos se sientan discriminados.

Aun así, hay que preguntarse por qué se llega a practicar el discurso del odio.

El citado Yakura, que participó en la elaboración de la proposición de ley, ve el momento que vivimos del siguiente modo: “La economía se ha contraído y existe una sensación de estancamiento e inseguridad. Especialmente entre las clases medias, que suelen escapar a la mirada de los políticos, hay descontento y se tiende a ver a los sectores más desprotegidos como privilegiados y a hacerlos blanco de ataques. La fractura social se está ahondando”. Y añade que las relaciones internacionales, que en la región de Asia Oriental son tensas, no sirven para justificar que se deshumanice a las personas con las que convivimos.

En busca de la convivencia

En Sakuramoto hay una instalación llamada Fureai-kan que ha servido a lo largo de los años para que coreanos y japoneses pudieran intercambiar experiencias en un ambiente de familiaridad. Cuando el Fureai-kan iba a crearse, en 1988, algunos residentes japoneses temían que el local se convirtiera en centro de un “movimiento étnico” y se opusieron a su creación, pero hoy en día juegan en sus instalaciones niños de las más variadas nacionalidades y sus padres entran y salen de ellas y se relacionan entre ellos con toda naturalidad, por lo que contribuye al mutuo entendimiento entre los vecinos del área.

Yamada Takao, que trabaja como voluntario en dicho local, explica que gracias a la creación de un espacio que puede ser compartido por japoneses y residentes coreanos, las distancias entre ambos grupos se han acortado. “Lo que caracteriza a esta área es que aquí hay una aceptación mutua de las diferencias. Se ha creado una fuerza que nos permite rechazar con energía los movimientos xenófobos y no permitir que los coreanos queden aislados”.

Fureai-kan. (Fotografía del autor del texto)

Fotografía del encabezado: Concentración en contra del discurso del odio en Nakahara-ku (Kawasaki) en junio de 2016 (Jiji Press).