¿Por qué se vuelve a legislar sobre los ainu?: La peculiar aproximación japonesa a esta cuestión

Durante la temporada ordinaria de sesiones de 2019 el Gobierno de Japón remitió a la Dieta (Parlamento) el proyecto de la denominada Ley de impulso a las medidas para la consecución de una sociedad en la que el orgullo de los ainu sea respetado, conocida como Nueva Ley de los Ainu, que fue aprobada este mismo año. Esto supone la abolición de otra ley preexistente, la conocida como Ley de Promoción de la Cultura Ainu, a la que sustituye. Por su parte, los ainu contrarios a esta iniciativa legislativa comparecieron el día 1 de marzo en el Club de la Prensa Extranjera de Tokio, donde exigieron la retirada del proyecto, al que critican por no incluir la restitución de ciertos derechos, como los territoriales o los de pesca, que vienen siendo reconocidos a otros pueblos indígenas en leyes similares de los países occidentales.

Supongo que para muchos wajin (japoneses no ainu) no versados en cuestiones relacionadas con este pueblo debe de ser difícil explicarse por qué ocurren estas cosas y en qué circunstancias ocurren. En este artículo me gustaría recorrer junto a los lectores el curso histórico que han seguido estos asuntos y hacer una reflexión sobre las perspectivas que se abren.

Trayectoria histórica y panorámica

Anteriormente, cuando se hablaba de la “Nueva Ley de los Ainu” se hacía en referencia a un proyecto elaborado por la Asociación Utari de Hokkaidō (actual Asociación Ainu de Hokkaidō) que esta entidad trató de conseguir que fuera adoptado por el Gobierno en 1984. En aquel entonces, continuaba vigente la Ley de Protección de los Antiguos Dojin(*1) de Hokkaidō, promulgada en 1899, que ya desde su propio título era discriminatoria y con la que se trató de forzar la asimilación de los ainu. El proyecto pretendía abolir la ley anterior, establecer un fondo para favorecer la autonomía de este pueblo y crear un cupo de escaños para los ainu en la Dieta, incluyendo otros derechos que no habían sido reconocidos hasta entonces.

La ley del siglo XIX fue definitivamente abolida en 1997, pero la de Promoción de la Cultura Ainu que vino a sustituirla se ceñía en su texto a asuntos puramente culturales y fue criticada por quienes exigían el reconocimiento de los derechos de este pueblo.

Posteriormente a dicha ley, no se dieron nuevos movimientos hasta 2007, año en que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Al año siguiente, en 2008, la Dieta japonesa adoptó por su parte una resolución que reconocía a los ainu como pueblo indígena, lo cual a su vez dio ocasión a que el Gobierno estableciera una conferencia de expertos para estudiar las medidas que podrían tomarse. Este órgano emitió en 2009 un informe en respuesta al cual la Oficina del Gabinete creó el Consejo de Promoción de Medidas para los Ainu, que ha venido estudiando cómo debería ser la nueva política gubernamental en torno a este tema. El proyecto de la Nueva Ley de los Ainu remitido a la Dieta durante la temporada ordinaria de sesiones de 2019 es fruto de esos trabajos.

Adelantándose a este proyecto de ley, el Gobierno ha decidido crear en el municipio de Shiraoi (Hokkaidō) una instalación llamada Minzoku Kyōsei Shōchō Kūkan (literalmente “Espacio Simbólico de Convivencia Étnica”, Upopoy National Ainu Museum and Park, en inglés), cuya construcción sigue en curso con miras a su apertura en abril de 2020. El espacio alojará un Museo Nacional del Pueblo Ainu, un Parque Nacional de Convivencia Étnica y un área en memoria de los ancestros de los ainu. El conjunto tendrá funciones de exposición, estudio e investigación, así como de transmisión cultural y formación de personal, servirá también para intercambiar experiencias y emitir información, será al mismo tiempo un parque y promoverá el respecto hacia la cultura espiritual.

Contenido del proyecto de ley

Algunos lectores podrían pensar, al considerar la evolución que ha seguido el tratamiento del tema durante los últimos años, al informarse sobre la nueva instalación de Shiraoi o al leer el título de esta nueva ley que habla de la consecución de una “sociedad donde el orgullo de los ainu sea respetado”, que por fin Japón se dispone a implementar una política acorde con la voluntad del pueblo ainu. Sin embargo, si vemos el contenido de la nueva ley, comprenderemos que encierra una serie de problemas.

En primer lugar, aunque los medios de comunicación repiten que se trata de la primera ley japonesa en que los ainu son expresamente reconocidos como pueblo indígena, si comparamos la ley con la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, nos llamará la atención el hecho de que la ley no garantice explícitamente ningún derecho atribuible a los ainu como pueblo indígena. Hasta ahora, Japón ha venido sosteniendo que respecto a los indígenas va a adoptar políticas “japonesas” sin aplicar directamente la declaración de la ONU, alegando diversas razones, como el hecho de que el concepto de pueblo o etnia no tenga una definición clara, o que las políticas llevadas a cabo en otros países en relación con los indígenas no se adaptan al contexto japonés. Pero todo esto no son más que meras excusas. Entre los derechos de los pueblos indígenas revisten especial importancia ciertos derechos colectivos, como el de la autodeterminación o los territoriales, pero el Gobierno de Japón no tiene la menor intención de reconocerlos.

Si la intención era puramente la de incluir en la ley la expresión “pueblo indígena”, esto no tiene demasiado sentido puesto que, en 2008, es decir, hace más de 10 años, la Dieta había adoptado ya una resolución que reconocía al pueblo ainu como tal. Además, tampoco se ha hecho ninguna autocrítica o reflexión sobre la política de colonización de la isla de Hokkaidō, ni se han presentado disculpas por los padecimientos de los ainu durante dicho proceso. Estas son las razones de que los ainu que comparecieron en el Club de la Prensa Extranjera de Japón pidieran la retirada del proyecto.

¿Qué se ha introducido, pues, en el texto de la presente ley? Por una parte, la “promoción de la cultura ainu”, algo que ya estaba presente en la ley anterior, y, por el otro, la entrada en funcionamiento de la citada instalación de Shiraoi, así como el inicio de procedimientos para certificar un plan regional de promoción de políticas para los ainu en otros municipios de la isla septentrional. La prensa ha señalado ya que este plan regional tiene un fuerte sesgo turístico, en vista de la íntima vinculación de estas instalaciones con la llegada de turistas. El fomento de esta industria tiene sin duda una gran importancia, pero si era eso lo que se aspiraba a hacer, no había necesidad de dotarse de una nueva ley.

Un tema marginal difícil de integrar en políticas generales

¿Por qué se ha llegado a esta situación? Creo que la razón estriba en que la política relativa a los ainu se ha convertido, para muchos japoneses, en una cuestión marginal y cuando el Gobierno trata de integrarla en la corriente de su política general, la conduce de la forma que le resulta más ventajosa. Desde la promulgación de la Ley de Promoción de la Cultura Ainu, para conducir dicha política ha venido utilizándose la Conferencia de Expertos, un órgano consultivo privado del Gobierno, que emite informes a los que se imprime la orientación deseada desde el principio por el ejecutivo.

Luego, las discusiones van canalizándose a través de un órgano estanco, el Consejo de Promoción de Medidas para los Ainu, donde se da forma concreta a las políticas. Si bien es cierto que los ainu están representados en dicho consejo, lo están en número muy limitado y quienes quedan fuera de ese órgano tienen la sensación de que sus decisiones carecen de transparencia.

Todo esto está ligado a la idea de obtener la “comprensión de la ciudadanía”, uno de los objetivos tanto de la ley anterior como de la nueva ley. El Gobierno explica que es necesario desplegar nuevas políticas porque no hay avances en la “comprensión de la ciudadanía”, pero en este razonamiento causa y efecto aparecen al revés. Porque, empezando por las cuestiones históricas, ha sido precisamente el Gobierno el que ha obstaculizado la “comprensión de la ciudadanía” y ha conducido equivocadamente este asunto. Es un engaño pretender que la razón sea la falta de comprensión ciudadana cuando nunca se han molestado en explicarnos en qué consisten los derechos de los pueblos indígenas.

El problema subyacente: la discriminación

Entre las cosas que deben ser abordadas con la máxima seriedad por el Gobierno en relación con esta “comprensión de la ciudadanía” está el problema de la discriminación contra el pueblo ainu, una cuestión que apenas si se menciona una vez en la nueva ley. Hace muy poco oíamos decir a un miembro de la Dieta que en la Asociación Ainu no hay más de un 20 % de personas que tengan sangre de ese pueblo. ¿Querrá decir este parlamentario algo así como que ya solo hay un reducidísimo número de ainus si es que todavía queda alguno?

Y si seguimos mediante Internet las reacciones despertadas por el proyecto de ley, encontramos opiniones contrarias al mismo no porque el contenido de la ley sea insuficiente, sino por la retorcida idea de que, reforzando las prebendas otorgadas a los ainu, la nueva ley tiene por objeto dividir a la sociedad.

Estas actitudes coinciden en lo fundamental con el discurso del odio de los últimos tiempos que pretende negar la propia existencia del pueblo ainu. Pese a que el discurso del odio no solo se dirige contra los ainu y está teniendo graves efectos también en otras minorías, el Gobierno de Japón es criticado a menudo por no estar a la altura de las exigencias internacionales ni en su tratamiento de los pueblos indígenas ni en la garantía de los derechos humanos en general. Son retos de los que no puede evadirse si, además de obtener la “comprensión de la ciudadanía” desea granjearse también la “comprensión internacional”.

Muy en relación con los derechos humanos está el tratamiento dado a los restos humanos robados en el pasado de enterramientos ainus, que pasaron a engrosar las colecciones de universidades, museos y otras instituciones. Solo en la Universidad de Hokkaidō se guardan huesos de más de mil personas de esa etnia, que en muchos casos han sido extraídos de los enterramientos y trasladados en contra de la voluntad de los ainu. Ahora se planea reunir todos estos huesos en el “espacio simbólico” de Shiraoi. Aunque se han interpuesto demandas ante los tribunales para conseguir que estos restos sean devueltos a sus lugares de origen, solo una pequeña parte de los mismos lo han sido y el plan de concentrar el resto en Shiraoi se justifica por la supuesta ausencia de receptores. La forma en que estos huesos fueron extraídos de sus enterramientos por los investigadores justificaría ya de por sí que sean devueltos a sus lugares de origen, pese a lo cual serán llevados a Shiraoi para ser objeto de nuevos estudios, según se desprende de declaraciones realizadas por estudiosos vinculados al plan. Además, continúa sin abordarse el problema de las otras muestras de cuerpos humanos (sangre, etc) que fueron reunidas de similar forma para fines de insvestigación.

La “convivencia” y el papel de los medios

¿Hasta qué punto está comprometido el Gobierno con ese objetivo de conseguir una “sociedad en la que el orgullo de los ainu sea respetado”? Aunque últimamente en nuestra sociedad se habla mucho sobre la “convivencia intercultural” con el pueblo ainu o con personas de nacionalidad extranjera, creo que lo que se está dando en realidad es una forma de “convivencia” impuesta por el Gobierno. Lo que quiero decir con esto es que es una convivencia puramente superficial y centrada en la promoción turística, vacíada de contenidos, pues no comporta garantizar derechos ni presentar disculpas. Además, la construcción de la instalación de Shiraoi se planificó originalmente para hacerla coincidir con los Juegos Olímpicos de Tokio y se teme que haya sido utilizada para conseguir algo de popularidad en un momento en que el Gobierno acumulaba una serie de fracasos, en asuntos como las bases militares norteamericanas de Okinawa o en relación con la manipulación de ciertos datos estadísticos en la Administración central.

Al parecer, tanto entre los ainu como entre la clase política hay quien piensa que la nueva ley es al menos un primer paso, pero no podemos permitirnos ver el tema con optimismo. Por supuesto, no se me oculta que hay ainus que se posicionan en contra y otros que lo hacen a favor, e incluso dentro de la Asociación Ainu de Hokkaidō la nueva ley ha despertado expectativas. Sin embargo, para poder esperar algo del Gobierno la condición es ser capaces primero de obrar algún efecto o influjo sobre él, algo que está muy lejos de nuestra situación actual. El periódico Hokkaidō Shimbun, que ha tratado el tema de forma más pormenorizada, comentaba en tono positivo en su editorial del 16 de febrero de 2019 que es “muy significativo que por primera vez se haya definido a los ainu como pueblo indígena”, pero, como he dicho más arriba, eso es sobrevalorar el gesto.

No obstante, los principales medios de comunicación nacionales y extranjeros están tratando el tema y esto nos ofrece una oportunidad de profundizar en él que deberíamos saber aprovechar. Siendo tan poco promisorias las perspectivas de que el Gobierno promueva la “comprensión de la ciudadanía”, no cabe despreciar el papel de los medios. Si queremos conseguir unas políticas que estén al nivel de las exigencias internacionales, debemos exigir una visión informativa crítica hacia la actuación del Gobierno, con continuidad y profundidad de enfoque.

Fotografía del encabezado: personas de etnia ainu expresan su oposición a la Nueva Ley de los Ainu en el Club de la Prensa Extranjera de Japón. (Fotografía: Tsunoda Yoshio / Aflo)