El peculiar sistema judicial de Japón: trasfondo histórico-social y riesgos

El proceso de la prisión preventiva y los interrogatorios del expresidente de la firma Nissan Carlos Ghosn recibió una amplia cobertura mediática internacional, por lo que el sistema judicial de Japón y sus particularidades se situaron en el punto de mira de todo el planeta. No cabe duda de que muchos se sorprendieron ante el llamado sistema de rehenes, en que se detiene repetidamente a los sospechosos, se les retiene durante un largo tiempo, se les somete a interrogatorios eternos y se les mantiene detenidos hasta que confiesan.

Aunque la deserción de Ghosn terminó legitimando las limitaciones de acción que se imponen a los acusados en libertad bajo fianza, ese no es el punto central de la cuestión. Dejemos la interpretación de la ley para los especialistas en derecho. Lo que sí puedo asegurar como criminólogo es que el origen del caso Ghosn se remonta a las enormes pérdidas personales que el exdirectivo sufrió a raíz de la crisis económica mundial de 2008, y que su forma de proceder corresponde a la conducta típica de un criminal. En el presente artículo me propongo considerar si es posible superar los problemas del sistema judicial japonés examinando sus características generales.

Los tribunales japoneses son para pedir perdón

Empecemos por resumir brevemente los puntos más destacables del caso que nos ocupa: el departamento de investigaciones especiales de la Fiscalía Pública del Distrito de Tokio detuvo a Carlos Ghosn el 19 de noviembre de 2018, bajo la sospecha de haber violado la Ley de Instrumentos Financieros y Divisas omitiendo parte de los beneficios en los informes de valores de la empresa. Los cargos contra Ghosn se presentaron formalmente el 10 de diciembre.

Para ponernos en contexto sobre el sistema de interrogatorios japonés, conviene revisar lo que el código penal dispone al respecto. Cuando la policía detiene a un sospechoso, debe remitir el caso a la fiscalía en las 48 horas posteriores a la detención, y la fiscalía debe presentar una acusación o solicitar la prisión preventiva en las siguientes 24 horas. El juez puede autorizar una reclusión de diez días, prorrogable a veinte. En total, el proceso suma un máximo de 23 días de prisión provisional, una duración que se halla dentro de los estándares de otros países, de entre 16 y 30 días.

La parte problemática del sistema japonés es que, cuando la retención se acerca al límite de 23 días, es posible alargarla mediante una nueva detención. En los ejemplos más sonados, hechos prácticamente idénticos se cuentan como casos separados y se detiene repetidas veces al sospechoso. El caso de Carlos Ghosn puede incluirse entre estos ejemplos, ya que se le detuvo en cuatro ocasiones. Aunque hoy en día los interrogatorios se han suavizado considerablemente, siguen durando un buen número de horas al día.

El sistema de interrogatorios japonés, además, no permite que los abogados asistan a las sesiones, algo muy infrecuente entre los países democráticos. Aun así, el problema que sobrepasa a todos los mencionados hasta ahora es el hecho de que más del 99,9 % de las sentencias judiciales son inculpatorias.

El 70 % de los casos judiciales corrientes en Japón son confesiones completas. En la declaración inicial, el fiscal presenta primero las acusaciones contra el procesado y luego el abogado tiene la oportunidad de rebatirlas, pero en el 70 % de los casos este último reconoce directamente todo lo expuesto por el primero, adoptando el papel de testigo que corrobora que el acusado se arrepiente de lo ocurrido y que va a enmendarse sin necesidad de recibir un castigo severo. Lo que busca el abogado es un veredicto de culpabilidad con suspensión de la pena.

En el 30 % restante de los casos, cuando se rebaten las acusaciones, pocas son las veces en que los abogados japoneses defienden la inocencia del acusado ante el tribunal alegando, por ejemplo, que no tenía intención de asesinar a la víctima y que se trata de un homicidio accidental. Los tribunales japoneses no son un lugar donde se lucha por la inocencia del acusado, sino donde se exhibe arrepentimiento para mitigar la condena. Visto desde la perspectiva occidental, lo que allí tiene lugar no puede ni considerarse un juicio.

El alegato más convincente por parte de la defensa de Ghosn fue ese 99,9 % de sentencias inculpatorias. Como estaba claro que, si salía declarado culpable, se le concedería una suspensión de la pena, cabe considerar su huida como una forma de evitar la persecución civil posterior.

Sistemas occidentales gestionados a la japonesa

Para analizar el sistema judicial japonés desde el punto de vista general, es imprescindible ponernos en antecedentes sobre la historia del país. Aunque el primer contacto con Occidente se remonta a la era de los descubrimientos, el hito más decisivo fue la llegada de las naves del comandante Perry a Japón en 1853. Con la Revolución Meiji, Japón abandonó la era feudal para entrar en la era moderna, iniciando un proceso de modernización que a menudo se identifica con la occidentalización del país.

Durante la era Meiji, Japón introdujo el sistema parlamentario y los tribunales, y adoptó una legislación occidental. En concreto, se creó un código civil a partir de la traducción del código civil francés y se instituyó un sistema legislativo integrando la filosofía de pensadores como Gustave Emile Boissonade. Más adelante la influencia de los intercambios académicos con Alemania se reforzó y Japón adoptó un código penal de tipo germánico. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno de ocupación estadounidense sustituyó la antigua constitución por la que todavía se mantiene en vigor hoy en día. Por eso Japón cuenta con un sistema judicial que se asemeja en la forma al código penal continental. El toque japonés se le brinda a la hora de aplicarlo, y la elevadísima tasa de culpabilidad es la espina dorsal de su gestión.

Con todo, aparte de la legislación de tipo occidental asimilada más recientemente, Japón cuenta también con un sistema ancestral de más de mil años de historia para la prevención del crimen. En el Edo (actual Tokio) anterior a la era moderna, la población de la capital nipona superaba el millón de habitantes. La seguridad en la gran ciudad era un tema crucial para los gobernantes. Y lo más interesante es que, ya en aquel periodo, se logró crear una metrópolis increíblemente segura. Japón sigue conservando un nivel de criminalidad muy reducido, con solo unas decenas de miles de presos, una cifra ínfima en proporción con la población total del país.

El mito de que se detiene a todos los criminales

Una de las particularidades de la administración de la justicia criminal en Japón es la elevada tasa de arrestos respecto al número de infracciones. Las estadísticas oficiales reflejan un descenso de dicha tasa en la actualidad, pero eso se debe simplemente a que los crímenes adicionales sin sentencia se contabilizan como casos sin resolver. Los japoneses de a pie han creído desde siempre que, por norma general, todos los criminales son arrestados, un mito que la policía se ha esforzado en mantener vivo. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos los crímenes designados como graves por la Agencia de Policía se resolvían. Sin embargo, la difusión de incidentes como la prescripción de un par de casos designados como graves por las autoridades policiales permite que la ciudadanía nipona empiece a ser consciente de la existencia de grandes crímenes sin resolver.

Como se evita a toda costa que las detenciones acaben en encarcelamiento, solo algo más del 1 % de los casos procesados recibe condenas de prisión. Casi todos los criminales se declaran arrepentidos y logran que se les retiren las acusaciones o bien que su caso se solucione con un juicio sumario y una multa, sin llegar a la reclusión. Así previene que los casos se difundan públicamente y se elude el castigo social. Además, se libera a los presos lo antes posible. El patrón cultural que siguen los juicios japoneses consiste en que los acusados piden perdón, se arrepienten y reciben la absolución. A pesar de todo, no podemos afirmar que las condenas de cárcel japonesas sean notablemente leves en general. Como es de suponer, hay criminales que no demuestran contrición y que obtienen sentencias extremadamente severas, siendo la pena de muerte la más representativa. Por eso los japoneses no saben que la mayoría de los casos se saldan con sanciones leves.

Una seguridad pública que se asienta en la singular sociedad japonesa

En Japón, los que se encargan de velar por los expresidiarios y por los que se libraron de la cárcel gracias a la suspensión de la condena son voluntarios privados. Se trata de un sistema muy efectivo. Según las estadísticas, la tasa de jóvenes que delinquen por primera vez no es especialmente baja en comparación con otros países, pero el porcentaje que no reincide asciende al 90 %. A pesar de que el sistema no es tan infalible como cree la ciudadanía, lo cierto es que la sociedad japonesa logra mantener unos excelentes estándares de seguridad sin la necesidad de reforzar el control sobre la población.

Aunque antes he señalado que los juicios japoneses son, a ojos de Occidente, una barbaridad que no puede ni considerarse juicio, es indiscutible que Japón administra su política criminal con mayor éxito que las potencias europeas y norteamericanas. La idea de que Japón tiene que imitar a los países occidentales en materia de justicia, por tanto, supone igualmente una barbaridad. Sería estupendo identificar los puntos positivos de la administración de la política criminal en Japón y lograr que se integrasen universalmente, pero no resulta viable por una serie de motivos muy diversos:

• No queremos derribar un sistema excelente que genera buenos resultados. La policía, la fiscalía y las cárceles son instituciones herméticas que no ofrecen datos que investigar.
• La seguridad mejora en situaciones extremas como los desastres naturales, lo cual demuestra que los altos estándares de seguridad de Japón no se deben a la policía.
• Cuando se producen desastres, la yakuza se dedica a proteger a los ciudadanos e innegablemente contribuye a conservar la seguridad. Esto es un tema tabú que no debe ponerse de relieve y que no puede servir de ejemplo para otros países.
• Los voluntarios que velan por la rehabilitación de los criminales reciben audiencia directa con el Emperador como muestra de agradecimiento, igual que si fueran altos funcionarios. Esto es algo que el público general desconoce, ya que alabar la contribución del Emperador después de la guerra es un tabú.
• Las antipatías raciales y religiosas en Japón son relativamente escasas, y la relación entre policías y sospechosos resulta más cercana que en otros países. La abundante comunicación entre policías y sospechosos, así como entre funcionarios penitenciarios y convictos, contribuye de algún modo a la rehabilitación de los criminales. Con todo, es imposible elaborar análisis cuantitativos de este fenómeno.

En conclusión, el buen nivel de seguridad de Japón está relacionado con el carácter de la sociedad y es difícil identificar las claves del éxito en este sentido.

Un pensamiento particular que se entrevé en el trato que se da a los criminales

Los hallazgos de las disciplinas de las humanidades acerca del trato de los criminales en Japón resultan aún más sorprendentes que lo que venimos exponiendo hasta este punto. En El crisantemo y la espada (1946), la antropóloga cultural Ruth Benedict criticó Japón afirmando que el país carecía de una tradición de castigar el crimen y que se regía por una cultura de la vergüenza en la que se disuadía a los criminales de delinquir humillándolos. En Haji no bunka saikō (Reconsiderando la cultura de la vergüenza, 1967), en cambio, el sociólogo Sakuta Kei’ichi presentó numerosas investigaciones que defendían el valor efectivo de aquella cultura que Benedict censuraba. La hipótesis de Sakuta de que en Japón los crímenes se purgan con la infamia resulta sumamente convincente.

En el área de la religión existe la creencia de que hasta el peor de los malvados puede salvarse, como ejemplifica el pensamiento de Shinran (fundador del Jōdo Shinshū, o budismo de la Tierra Pura). Simplificando en exceso, podemos decir que los funcionarios de prisión actuales son básicamente fieles del budismo Jōdo Shinshū Honganjiha, una rama de la escuela que fundó Shinran. La historia nos revela que en la antigüedad los criminales, tras ser despojados de su posición social, pasaban a encargarse de proteger el mausoleo imperial.

El principal punto débil: el riesgo de acusaciones falsas

Al observar la realidad de la justicia criminal en Japón, no podemos más que aseverar que se trata de un sistema que arresta con efectividad a los criminales, logrando que estos se arrepientan, pidan perdón y se rehabiliten. Sin embargo, desde la perspectiva de establecer penas acordes a la gravedad de la falta y prevenir el crimen, resulta inexplicable que no exista el derecho de contar con la presencia de abogados en los interrogatorios.

Es difícil explicar los aspectos positivos del sistema tradicional japonés, pero el más negativo está clarísimo: el riesgo de considerar a acusados inocentes que no se muestran arrepentidos como criminales y castigarlos duramente.

La escasa privacidad de la sociedad japonesa reduce las probabilidades de que personas inocentes se conviertan en sospechosas, por lo que se cree que rara vez se producen falsas acusaciones. Hasta los abogados que defienden más acérrimamente los derechos humanos constatan que el 90 % o más de los acusados son, sin lugar a dudas, culpables. Calculo que solo en uno de cada 500 casos se encarcela a un acusado con cargos falsos. Sin embargo, existen precedentes de personas inocentes a las que se ha impuesto la pena de muerte. Hay cuatro casos de este tipo que son especialmente conocidos en Japón, uno de los cuales es el de un hombre que quedó libre tras un segundo juicio celebrado en los años ochenta, tras pasar tres décadas en la cárcel condenado a muerte.

Los puntos débiles de la antigua gestión judicial en Japón han ido corrigiéndose a lo largo de la historia con la adopción de sistemas de justicia criminal occidentales. Para justificar estos cambios en Japón de forma simple, se argumentó que se trataba de introducir los sistemas y enfoques occidentales correctos. Esto provocó que la imagen de Japón como país atrasado se generalizara incluso entre la mayoría de los intelectuales japoneses. Eso sí, visto desde la perspectiva de mejorar la sociedad nipona, resultó una estrategia adecuada.

Ya que no es posible occidentalizar por completo la sociedad japonesa ni japonizar todos los países occidentales, la única vía es ir enmendando las carencias de ambas sociedades. Los contados estudios que ponen de manifiesto las virtudes de la política penal tradicional de Japón están firmados por investigadores de otros países y se centran en una sociedad en que hay quien apoya a los inadaptados sociales que son criminales en potencia.

Sin ánimo de convertir este escrito en un artículo académico, quisiera citar un par de fuentes en inglés que resultan especialmente relevantes: The Benevolent Paternalism of Japanese Criminal Justice, de Daniel H. Foote (1992, California Law Review, Vol. 80, pp. 317-390) y las tesis de David Johnson, un profesor de la Universidad de Hawái que critica el sistema judicial japonés desde una profunda comprensión de su realidad.

Solo nos queda esperar que el sistema de justicia criminal japonés se siga investigando y que los resultados de los estudios sean de utilidad para el mundo.

Fotografía del encabezado: el expresidente de Nissan Carlos Ghosn acudiendo al bufete de sus abogados en Tokio, el 14 de marzo de 2019. (Jiji Press)