Okinawa: identidad y derecho a la autodeterminación

Conservadores y progresistas buscan una identidad común

La identidad de Okinawa es algo de lo que últimamente se oye hablar a menudo. Todo comenzó cuando, durante la campaña para las elecciones al cargo de gobernador prefectural de Okinawa en 2014, el entonces candidato y actual titular del cargo, Onaga Takeshi, difundió su eslogan “Por encima de la ideología, la identidad”. Su idea era unir a todas las fuerzas políticas de Okinawa, desde los conservadores a los comunistas, y crear un gran eje en torno al cual organizar la oposición al traslado a Henoko, una zona costera incluida en el término municipal de Nago (Okinawa), de las funciones actualmente desempeñadas por el aeródromo del ejército norteamericano en Futenma (ciudad de Ginowan, en la misma isla).

Siempre ha habido quien reclamase que los asuntos que afectan a Okinawa deben resolverse en Okinawa. Y a menudo, en las campañas para las elecciones a la Dieta (legislativo nacional), candidatos a ocupar escaños en alguna de las dos cámaras propugnaban ideas similares. Lo que nunca antes se había hecho era recabar apoyos en todo el arco político, desde los conservadores a los comunistas, para formar una plataforma política y electoral que utilizase como eje la identidad.

Hacia mayo de 1972, cuando Estados Unidos devolvió las islas a Japón, el Partido Liberal Democrático (PLD) estableció en Okinawa su delegación prefectural, y lo mismo hizo el Partido Socialista. Se trasladaba de esta forma al tablero político okinawense el antagonismo político existente en Japón entre conservadores y progresistas.

En el caso de Okinawa, este antagonismo entre conservadores y progresistas se ha manifestado especialmente en dos ejes: el de las relaciones laborales y el de la aceptación o rechazo hacia las bases militares norteamericanas.

Sin embargo, por lo que respecta al traslado a Henoko, conservadores y progresistas formaron en 2010 un frente común para oponerse al proyecto. Poco después muchos conservadores del PLD tuvieron que abandonar la oposición porque desde Tokio esta postura fue implacablemente perseguida, pero algunos persistieron. Lo importante de este movimiento identitario es que reúne en un único eje a estos conservadores y a los antiguos progresistas.

Reconocido internacionalmente como reino independiente

La identidad de Okinawa a la que apunta este movimiento viene en un mismo paquete con las reclamaciones de autodeterminación, para que los uchinānchu (okinawenses) decidan por sí mismos en las cuestiones relacionadas con su territorio, sus mares y sus recursos. Y se pretende que estas cuestiones identitarias o de autodeterminación sirvan de base argumental en el posicionamiento contrario al traslado a Henoko.

El derecho a la autodeterminación implica un poder soberano, y eso va mucho más allá de la autonomía regional. Si las reclamaciones de autodeterminación son aceptadas, eso significará que los Gobiernos de Japón y Estados Unidos ya no podrán decidir por sí mismos sobre las cuestiones relativas a las bases de Okinawa, y que la voluntad de los okinawenses deberá ser respetada a toda costa. La lógica de este planteamiento supone que, si el Gobierno de Japón no presenta propuestas hechas sobre la base del respeto al derecho a la autodeterminación de Okinawa, esas propuestas no serán aceptadas.

Estas pretensiones de autodeterminación tienen un trasfondo histórico que abarca la época en que Okinawa era el reino independiente de Ryūkyū. El primer hecho histórico relevante es que el reino de Ryūkyū fue anexionado por la fuerza, bajo la amenaza militar. El segundo, la historia de dominio norteamericano sobre las islas tras la Segunda Guerra Mundial, una vez aceptadas las condiciones de la Declaración de Potsdam.

Antes de la anexión de 1879, es decir, antes de que Japón se anexionara Ryūkyū por la fuerza militar, este era un reino independiente vinculado a China mediante el sistema del sakuhō. Este sistema no entrañaba una relación de vasallaje interno, pues Ryūkyū mantenía su independencia como país. Era un vasallaje que presuponía el reconocimiento por parte de China de una independencia política total para Ryūkyū.

También Japón, en tiempos de Ashikaga Yoshimitsu (1368-1394), mantuvo con China una relación de sakuhō en la que el shōgun aparecía como “rey de Japón”. Pero en el caso de Ryūkyū la historia del sakuhō se extiende a lo largo de 500 años.

El mantenimiento del sistema del sakuhō era ventajoso también para el señorío feudal de Satsuma, y esto explica que, tras invadir Ryūkyū en 1609, respetase el principio básico de no intervención en la política interna de las islas. Gracias a esa política de no intervención, Ryūkyū pudo firmar en 1854 un tratado de amistad con Estados Unidos, lo cual indica que según el derecho internacional consuetudinario de la época, Ryūkyū recibía el trato de un estado soberano.

Tal era el reino que Japón se anexionó por la fuerza, enviando al ejército de tierra para rodear el castillo de Shuri. Tras esta acción se produjo el Movimiento de Salvación de Ryūkyū (también llamado Movimiento de Restauración Nacional), en el que la clase guerrera de las islas acudió a la China Qing en busca de ayuda. Hubo otras acciones de resistencia, como la petición de ayuda a varios países a través de sus embajadas. El Gobierno de Japón reprimió puntualmente todos estos movimientos. Entre los guerreros que se resistían, algunos optaron por exiliarse a China. Otros, algo más tarde, se trasladaron a Hawai. Finalmente, Japón desmontó todo el estamento social que había sido dominante en Ryūkyū y se había resistido a la anexión. En estas circunstancias, Okinawa se vio obligada a integrarse en Japón.

Las reivindicaciones actuales se cimientan, por una parte, en que la anexión forzosa de Ryūkyū, que a la sazón era visto internacionalmente como un estado soberano, no puede justificarse desde el punto de vista del derecho internacional, y, por otra parte, en que el pueblo de Ryūkyū o de Okinawa nunca ha trasferido voluntariamente su derecho de autodeterminación a Japón. Estos dos hechos sirven también de base argumental para la formación de la Asociación de Estudios Comprehensivos para la Independencia de Lew Chew, a la que me refiero más abajo.

Reclamación de autodeterminación: el caso escocés

Personalmente, he estudiado durante muchos años el caso de Escocia, que puede servir como modelo de ejercicio del derecho a la autodeterminación. Escocia sienta un precedente como zona del mundo que, habiendo quedado integrada en otra entidad política, reclama su derecho a la autodeterminación para recuperar su soberanía y obtiene ese derecho pacíficamente. En Escocia, cuya historia como estado independiente queda fuera de toda duda, ha existido ininterrumpidamente una fuerte convicción acerca del derecho a la autodeterminación que asiste a los escoceses.

Con ocasión de la Revolución Gloriosa ocurrida en Inglaterra en 1689, Escocia emitió el Acta de Reclamación de Derecho (Claim of Right Act), en la que se establece qué derechos de los escoceses son los que el rey deberá respetar y se proclama que deberá crearse un Gobierno que los respete. Sobre esta base histórica, en 1989 el 80 % de los representantes enviados por Escocia al legislativo del reino y los representantes de la práctica totalidad de los Gobiernos locales escoceses establecieron un órgano colegiado y el pueblo escocés emitió otra declaración de nombre similar a la del siglo XVII (A Claim of Right for Scotland) en la que mantenía que tenía derecho a formar un Gobierno propio. El órgano colegiado se convirtió en Convención Constituyente y se encargó de proponer las nuevas estructuras políticas de Escocia y su legislación básica.

Dicho de otro modo, Escocia sostuvo que tiene derecho a la autodeterminación como pueblo, lo que significa que la soberanía reside en el pueblo escocés, y creó una Convención Constituyente para elaborar la nueva ley básica para su gobernación. El proyecto de dicha ley básica quedó comprendido casi en su totalidad en el programa electoral presentado en la campaña de las elecciones generales de 1997 por el candidato laborista Tony Blair. Ya como primer ministro, Blair remitió la propuesta al Parlamento británico, que aprobó el borrador redactado por la Convención Constituyente de Escocia sin introducir apenas modificaciones.

De esta forma, Escocia veía reconocido su derecho a la autodeterminación interna (en las cuestiones de política interna) así como su derecho a legislar y crear leyes del mismo nivel que las leyes emanadas del Parlamento británico. Aunque las competencias en diplomacia, defensa y macroeconomía quedaban reservadas al Estado central, el pueblo escocés obtenía un reconocimiento de su derecho a la autodeterminación tanto en la esfera británica como en la internacional y una amplia autonomía, quedando pendiente para el futuro como principal problema la decisión de independizarse o no hacerlo.

Volviendo a Okinawa, encontramos que también aquí, en enero de 2013, se remitió al Gobierno central una petición formal (en este caso llamada kenpakusho) firmada por alcaldes y presidentes de las asambleas legislativas de 41 municipios, así como por representantes de todos los grupos políticos en la asamblea prefectural y representantes del mundo económico y laboral. El documento de reclamación de derechos escocés, por su formación, es parecido. El okinawense reclama el cierre inmediato de la base militar de Futenma, la retirada de los impopulares aviones Bell-Boeing V-22 Osprey que han sido desplegados en Okinawa y el abandono de los planes de traslado de las funciones de Futenma a otro lugar dentro de esta prefectura. Personalmente, creo que este documento puede servir de base para ir desarrollando en el futuro nuevas ideas.

La identidad uchinānchu dentro de Japón

Aunque hablemos de intentos por obtener el derecho a la autodeterminación para Okinawa, no se pretende decir que, actualmente, la postura de quienes aspiran a la independencia sea la mayoritaria. La tendencia mayoritaria, hoy en día, y en esto el gobernador Onaga no es una excepción, de conservar al mismo tiempo su identidad como japoneses y su lucha en contra del traslado a Henoko es compatible con un sentimiento de confianza en el conjunto de la sociedad japonesa y con el deseo de contribuir al país como el resto de los ciudadanos.

Hace ya mucho tiempo, Iha Fuyū (1876-1947), considerado el padre de los estudios okinawenses, sostuvo que tanto los actuales habitantes de las islas como su cultura tenían, básicamente, el mismo origen que los habitantes y cultura de Japón. Legitimaba así la idea de que en Okinawa quedan antiguas palabras, costumbres y tradiciones de Japón que se remontan a la era de Nara (710-784) e incluso a eras anteriores, es decir, que vinculando la cultura okinawense que difiere de las de las islas principales de Japón con un antiguo sustrato cultural común, la particularidad u originalidad de Okinawa quedaban dentro del marco de lo japonés.

Iha aceptó la integración de Okinawa en Japón, pero, al mismo tiempo, trató de establecer una identidad uchinānchu. Su postura era la de permitir que sobrevivieran la cultura y las lenguas de Okinawa dentro del marco de Japón. Su influencia entre los investigadores y expertos fue muy gande. Y hoy en día puede decirse las ideas de Iha son las que cuentan con mayor apoyo.

Sin embargo, tras la guerra se ha perfilado un nuevo problema: el del trato peculiar que sufre Okinawa, que puede ser definido como una “discriminación estructural”.

En la última etapa de la Segunda Guerra Mundial, Japón sacrificó Okinawa en aras de la defensa de las islas principales, y después de la guerra, en muchos aspectos, ha seguido considerando Okinawa como una parte de la que se podía prescindir. La conciencia identitaria de ser okinawenses, de tener derecho a la autodeterminación que vemos hoy en día se basa en esta tradición iniciada en la posguerra de luchar por el restablecimiento de los derechos humanos y de la autonomía que se han perdido a consecuencia de esa mentalidad.

El mensaje del emperador y la perpetuación de las bases

La Armada (Marina) de Estados Unidos, que en marzo de 1945 había desembarcado en Okinawa, difundió la  Proclamación Nº 1, conocida como Proclamación de Nimitz(*1), mediante la cual se comunicó a los habitantes de Okinawa que la administración de las islas había dejado de estar en manos de Japón. El nuevo gobierno militar se estableció el día 5 de abril en el barrio de Hija de la localidad de Yomitan. La batalla de Okinawa, una lucha a muerte entre japoneses y norteamericanos, duraría todavía más de tres meses.

Terminada la guerra, entre 1946 y 1947 en Okinawa comenzaron a funcionar los partidos políticos, todos los cuales apoyaban la independencia de Okinawa. Si se partía del supuesto de que los okinawenses formaban un colectivo diferente del de los japoneses, entonces debían tener derecho a su autodeterminación y eran los propios okinawenses los que podían reclamar que se les restituyera la soberanía. Para Estados Unidos, que pretendía una presencia permanente en las islas a través de las bases militares, era un planteamiento muy inconveniente.

Sin embargo, en septiembre de 1947, el emperador Shōwa (conocido en el extranjero como Hirohito) envió un mensaje(*2) a los Estados Unidos en que, recordando que Japón retenía la soberanía de Okinawa, hacía cesión de ella a largo plazo, que podría ser de entre 25 y 50 años o incluso más largo. Este mensaje le vino a Estados Unidos como anillo al dedo, y le sirvió para segregar Okinawa del resto de Japón y establecer su dominio sobre ella contando con la aceptación de Japón, lo cual quedó plasmado en el artículo 3 del Tratado de Paz de San Francisco(*3) de 1952.

El sistema por el que Japón y Estados Unidos van aplicando un determinado tratamiento a Okinawa sin reconocer el derecho a la autodeterminación de los okinawenses hunde sus raíces en una estructura política básica propia de Japón que existía ya antes de la Segunda Guerra Mundial. Los independentistas, entre ellos los miembros de la citada Asociación de Estudios Comprehensivos para la Independencia de Lew Chew, opinan que para acabar con esto la única solución es la independencia.

Lo que caracteriza a esta asociación es que, básicamente, es un movimiento de restitución de los derechos de un pueblo indígena, y que plantea una equivalencia entre ser sujeto del derecho de autodeterminación y estar cualificado para ser miembro de la asociación, es decir, que para ser miembro es necesario llevar la sangre del pueblo de Ryūkyū, que en la época en que existía el reino de Ryūkyū era el pueblo indígena sujeto del derecho a la independencia. Otro rasgo que caracteriza a los miembros de la asociación es su viva conciencia de la situación crítica que supone el hecho de que transmisión de la lengua y la cultura de Okinawa esté siendo impedida.

Se da a entender que se les está negando a los okinawenses la libertad de seguir transmitiendo y desarrollando la cultura de Okinawa, así como su libertad educativa. Siguiendo las Directrices del Currículo Básico de la enseñanza, en las escuelas públicas de Okinawa se imparte una educación que es exactamente igual a la de Tokio. En el currículo ordinario no enseña ni la historia de Ryūkyū ni sus lenguas. Puede decirse que esto constituye en sí mismo una violación de los derechos humanos.

Dando a conocer las violaciones contra los derechos de los okinawenses

Por su parte, el All Okinawa Council (Shimagurumi kaigi) del que actualmente formo parte (cuyo nombre completo en japonés vendría a significar “Consejo de todos los isleños para la consecución del kenpakusho de Okinawa y para abrir un futuro a las islas”), se basa en el constitucionalismo internacional y se posiciona a favor de promover la solidaridad y la participación de todas las personas del mundo apelando a valores universales y a una lógica que tambien es universal. En la ONU se ha emitido una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas y se ha exhortado de diversas maneras al Gobierno de Japón para que ponga los medios necesarios a fin de garantizar el respeto a los derechos de los okinawenses como indígenas de las islas. Nuestra asociación realiza actividades y lleva a cabo un movimiento que concede la debida importancia al derecho a la autodeterminación, que queda claramente afirmado, pero no limita al “pueblo indígena” sujeto del derecho a la autodeterminación la participación en el movimiento ni la cualificación para ser miembro de la asociación.

Entre los valores universales compartidos por todo el mundo, el más importante es la idea de los derechos humanos. Están también muchas normas internacionales que han sido ratificadas por Japón, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las normas del derecho internacional de los derechos humanos (rama del derecho), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, etcétera.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU calificó en 2010 de “forma moderna de discriminación racial” la concentración de bases militares norteamericanas en la isla principal de Okinawa. En informes especiales del Consejo de Derechos Humanos y en opiniones vertidas por el Comité del Pacto Internacional de los Derechos Humanos, ambos órganos de la ONU, se comparte una misma visión sobre las violaciones de los derechos humanos que están ocurriendo en Okinawa. Nuestro objetivo es aprovechar de la mejor manera todos estos hechos para conseguir que un número cada vez mayor de personas en todo el mundo simpaticen con la causa del pueblo okinawense.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU tiene todavía otro documento, una recomendación final emitida en agosto de 2014, en la que reconoce a los okinawenses como pueblo indígena y exhorta a que se protejan sus derechos. El punto más importante en el que incide este documento es el libre posicionamiento político de las gentes de Okinawa, ya sea a través de su independencia, mediante la obtención de la autonomía dentro de Japón o como una simple provincia (prefectura). De lo que se trata, repito, es de recalcar que los okinawenses tienen derecho a fijar sus posturas políticas mediante el libre ejercicio de su voluntad.

Una planificación que vulnera la libertad de desarrollo económico

En su artículo 1, la Carta Internacional de Derechos Humanos recoge la libertad de posicionamiento político, desarrollo económico, cultural y social. Durante los últimos años en Okinawa es objeto de debate la violación de la libertad de desarrollo económico. El Gobierno de Japón, que es el que tiene competencia en la elaboración del Plan de Promoción de Okinawa, afirma que ha sido siempre muy considerado con los intereses de Okinawa, pero el desarrollo económico de las islas debería ser más respetuoso con la lengua, la cultura y la naturaleza, y responder a las necesidades de los okinawenses.

Además, desde la segunda mitad de los años noventa, los programas gubernamentales de promoción, que vienen a ser una especie de compensación económica para Okinawa por soportar las bases militares, están recibiendo críticas desde el mundo económico okinawense, que cada vez más ven esos programas como caprichosos repartos de dulces. En las elecciones al cargo de gobernador de 2014, muchos empresarios del sector de la construcción y las obras civiles apoyaron la candidatura de Onaga, lo que indica que comparten la opinión de que el sistema actual se ha convertido en un factor que entorpece la búsqueda de la autonomía económica de prefectura, que tiene un nulo efecto económico y que, además, viola el derecho al libre desarrollo económico de Okinawa.

En Okinawa la conciencia de estar sufriendo una “discriminación estructural” dentro de la cual la imposición de las bases militares no es más que un aspecto, es ahora mucho más viva que en el pasado.

Un diáfano ejemplo de esta discriminación estructural es la Ley de uso temporal de terrenos públicos de Okinawa, promulgada en mayo de 1972. Se trata de una ley que, sin cuestionar en absoluto la legitimidad del método por el que el ejército norteamericano se había apropiado por la fuerza y continuaba usando ciertos terrenos, imponía sobre ellos la calificación de terreno público y daba continuidad a su utilización forzosa. El artículo 95 de la Constitución de Japón establece que una ley especial, aplicable solo a una entidad local pública, no podrá ser promulgada por la Dieta sin el consentimiento de la mayoría de los votantes de la entidad local pública afectada, obtenida de acuerdo a la ley. Es decir, que antes de promulgar la ley de 1972 debería haberse celebrado un referendo.

La solidaridad en la lucha, clave de la identidad

Desde que ocurrió el movimiento de resistencia popular “Toda la isla en lucha” (Shimagurumi tōsō) de mediados de los años cincuenta contra las expropiaciones forzosas de tierra que se realizaban para construir las bases militares, los okinawenses confiaban en que algún día Japón comprendería el dolor y la violación de sus derechos humanos que suponían esas expropiaciones forzosas, pero sus deseos se vieron frustrados porque, lejos de aliviar esta situación, Japón la ratificó con esa ley de 1972 de uso temporal del terreno, que supuso una legalización de esas violaciones de los derechos humanos. Posteriormente, a través de una serie de hechos como la violación de una niña de 12 años por tres soldados norteamericanos en 1995, esta discriminación estructural se ha ido visibilizando y la conciencia sobre la situación se ha hecho más clara.

Actualmente, incluso en los sectores más conservadores y en el mundo económico de Okinawa se hace sentir una gran irritación al ver cómo el Gobierno de Japón, que aplica esta discriminación estructural, sigue pidiendo a Okinawa que se resigne a esta situación a cambio de los beneficios económicos que reporta el alquiler de los terrenos para las bases, y al ver también cómo la opinión pública del conjunto de Japón y los medios de comunicación son incapaces de tener una visión propia e independiente de la del Gobierno.

Volver a estudiar la historia de Okinawa a partir del movimiento de “Toda la isla en lucha”, entenderlo como una lucha por los derechos humanos y por la autonomía, y tomar el relevo, para así poder hacer frente a esta discriminación estructural. Este planteamiento contribuirá también a reforzar entre nosotros la identidad como uchinānchu.

El legado de una época de lucha

En resumen, podemos decir que esa identidad que ahora se comparte y se proclama con fuerza en Okinawa no busca su origen tanto de la época del reino de Ryūkyū como en la época de la posguerra, cuyas luchas y padecimientos se sienten como heredados y compartidos. Está basado en un sentido de solidaridad social, de unidad de la gente, construido a lo largo de una serie de episodios de resistencia contra una política de injusta opresión y vulneraciones, que comenzó en los años cincuenta, cuando la política estadounidense de dominio separado sobre Okinawa alcanzaba su forma más extrema, y se formó el movimiento de “Toda la isla en lucha” en defensa de la tierra y los derechos humanos, que dio pie a la creación de una primera plataforma para un frente común, y continuó en los años sesenta, con el enfrentamiento por la autonomía sostenido con el alto comisionado de la Administración Civil norteamericana para Okinawa, el teniente general Paul Caraway(*4).

Las posibilidades reales de que los marines estacionados en Okinawa entren en combate con fuerzas chinas son prácticamente inexistentes. Sin embargo, las principales fuerzas políticas y la mayor parte de los medios de comunicación de Japón parecen ciegos a esta realidad y siguen pensando que la presencia permanente de los marines a través de las bases militares es una necesidad geomilitar. Por si fuera poco, políticos e informadores consideran que el supuesto efecto positivo de las bases sobre la economía de las islas, sumado a la canalización del dinero público hacia Okinawa que se realiza en relación con esas bases, es razón suficiente para que los okinawenses se resignen a seguir soportándolas, lo cual es un discurso claramente discriminatorio.

Esto es un intento por borrar toda la referida historia de posguerra de levantamiento popular, solidaridad y lucha contra las injusticias y la opresión con que se han construido y mantenido las bases militares norteamericanas, y una negación de la dignidad e identidad de los okinawenses. En Okinawa, esto se percibe como una nueva forma de rechazo y segregación de Okinawa por parte de políticos e informadores.

(Escrito el 30 de junio de 2015 y traducido al español del original en japonés)

Fotografía del encabezado: la embajadora de Estados Unidos en Japón Caroline Kennedy (segunda por la izquierda) visita el castillo de Shuri, en Naha (Okinawa), en febrero de 2014. (Jiji Press)