Yasukuni y los criminales de guerra – El camino hacia su inclusión en el santuario

Las visitas del primer ministro como problema internacional

Todos los años, al acercarse la canícula de agosto, la atención informativa se focaliza repentinamente en Yasukuni. ¿Elegirán el primer ministro y los miembros de su gabinete el día 15, conmemoración del fin de la Guerra del Pacífico, para visitar el santuario sintoísta? ¿Es apropiado visitarlo en esa fecha?

Todavía tenemos fresco el recuerdo de las violentas reacciones con que contestaron los países vecinos a las visitas realizadas entre 2001 y 2006 por el entonces primer ministro Koizumi Jun´ichirō. Lo tremendo de esta experiencia quizás sea suficiente para explicar que, después de Koizumi, ningún otro primer ministro haya visitado el santuario.

Según aclaró el propio Koizumi, lo que pretendía con sus visitas era mostrar su dolor, su respeto y su gratitud, sin distingos ni exclusiones, a todos cuantos murieron en combate, y no idealizar el militarismo de tiempos pretéritos. En todo caso, cabe preguntarse por qué las visitas del primer ministro japonés a Yasukuni son criticadas en el extranjero y se convierten en un problema internacional, mientras que la ceremonia en memoria de los caídos en batalla de todo el país que el propio gobierno organiza para esa misma fecha pasa desapercibida.

La respuesta es fácil. En el santuario de Yasukuni, conjuntamente con el resto de los caídos, se rinde culto también a los criminales de guerra de la clase A. De ahí que se haya discutido la posibilidad de segregar e incluso de eliminar el culto que se les rinde a estos criminales. Pero no es fácil decir si una segregación del culto a estas personas solucionaría el problema o no. Y es que en Yasukuni también las almas de los criminales de guerra de las clases B y C son objeto de culto, así que no puede excluirse la posibilidad de que estas personas se conviertan en nuevo blanco de los ataques extranjeros. En cualquier caso, el origen del problema de Yasukuni está en los criminales de guerra.

Por ello, en este pequeño ensayo me gustaría reflexionar sobre problemas como el concepto de criminal de guerra en este caso, sobre el porqué de que estas personas estén siendo veneradas en una institución religiosa como es el santuario de Yasukuni, y, especialmente, sobre el significado que tiene el culto conjunto que se rinde a los criminales de guerra de la clase A.

Clases A, B y C: una clasificación no jerárquica

Cuando hablamos de criminales de guerra nos referimos a los acusados en el juicio por crímenes de guerra organizado por los países aliados una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Los crímenes de guerra sobre los que se juzgó la responsabilidad de estas personas fueron divididos en tres categorías(*1).

En primer lugar, los delitos contra la paz (clase A), planteamiento este según el cual la planificación, la preparación, la puesta en marcha y la ejecución de una guerra de agresión, así como la asociación criminal para la misma, se convertían en delitos contra el derecho internacional. Sin embargo, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de agresión podía ser “ilegal”, pero nunca un delito por el que se pudiese castigar a un individuo, hecho este por el cual este planteamiento fue criticado en razón de su retroactividad.

En segundo lugar, los delitos de guerra clásicos (clase B). Los castigos legales a las personas implicadas en malos tratos a prisioneros, matanzas de poblaciones civiles en territorios ocupados, destrucción de ciudades, etc, estaban reconocidos desde antes de la Segunda Guerra Mundial por el derecho internacional.

En tercer lugar, los delitos de lesa humanidad (clase C), planteamiento según el cual los actos inhumanos y los hostigamientos contra la población civil se consideran delitos contra el derecho internacional. Dado que la persecución perpetrada por los nazis contra la población alemana de origen judío (población del propio país) y los actos en tiempos de paz no podían ser castigados incluyéndolos en la clase B, los aliados crearon esta ley retroactiva en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial.

En japonés se habla de categoría A, categoría B, etc, usando una expresión que confiere a esta clasificación un matiz jerárquico, pero en realidad fue una clasificación hecha por los aliados por pura conveniencia expositiva, que no significaba que los crímenes de una clase fuesen más graves que los de otra.

Solo en los juicios de Tokio se juzgó a los criminales de clase A

En el caso de Japón, los crímenes contra la paz (clase A) fueron conocidos exclusivamente por el Tribunal Militar Internacional para el Extremo Oriente en los llamados Juicios o Procesos de Tokio (1946-1948), en los que los 11 países aliados juzgaron a 28 líderes japoneses. Es decir, que los únicos criminales de guerra de la clase A son los acusados en estos procesos.

En estos procesos se dirimía si los acusados estaban implicados en una decisión política de tan alto nivel como es entrar en guerra, por lo cual los acusados eran todos líderes del Estado japonés, con miembros del gabinete de gobierno y responsables del Ejército y de la Armada entre ellos. Comparados con quienes eran acusados de crímenes de las clases B o C, eran personajes principales, por posición social y por cargo (si bien es cierto que en los juicios de Tokio los juzgados fueron acusados no solo de crímenes de la clase A, sino también de atrocidades de la clase B y C).

Por otra parte, cada uno de los países aliados abrieron juicios para juzgar los crímenes de las clases B y C. Entre estos juicios militares en los que se trataban exclusivamente estas atrocidades están el de Yokohama (Estados Unidos), el de Singapur (Reino Unido) y el de Batavia (Holanda).

En los procesos abiertos por cada país se juzgaban los malos tratos a los prisioneros y otras violaciones de las leyes de guerra, siendo la mayor parte de las personas juzgadas suboficiales y soldados. Según estadísticas elaboradas por el Ministerio de Bienestar Social de Japón, el número total de acusados por crímenes de las clases B y C (excluyendo a quienes murieron durante el proceso) fue de 4.830.

El sentir de quienes deseaban su “consagración” en Yasukuni

Veamos ahora por qué los criminales de guerra reciben culto en Yasukuni junto al resto de los caídos. Y veamos, antes que nada, por qué la gente quiso que así fuera.

Yasukuni es un santuario en el que se rinde culto a las almas de los caídos en batalla por el Estado, que pasan a ser tratados como kami (en el sintoísmo, “dioses”). Muchos de los japoneses que murieron en batalla durante la guerra se despidieron de su compañeros prometiéndoles, según era costumbre, que se reunirían con ellos en Yasukuni. En pocas palabras, rindiéndoles culto en Yasukuni se prueba que estas personas fueron mártires de la patria y que su muerte tuvo un sentido elevado.

Ya desde el periodo de ocupación aliada, los familiares de aquellos que, habiendo sido hallados culpables de crímenes de guerra, terminaron sus días en el patíbulo, imploraron que pudieran recibir culto con el resto de los caídos. A finales de 1951, Imamura Hisa, esposa del general del Ejército de Tierra Imamura Hitoshi(*2), transmitió a la Comisión de Justicia de la Cámara Alta de la Dieta (Parlamento) el sentir de los familiares de los ejecutados.

“Es realmente penoso ver cómo los familiares pasan sus días bajo el peso del oprobio que supone que sus difuntos ajusticiados como criminales de guerra no puedan ser venerados ahora mismo en el santuario de Yasukuni”, fueron sus palabras.

El gran cambio llegó al finalizar el periodo de ocupación y recuperar Japón su soberanía. En un documento emitido en mayo de 1952, el Ministerio de Justicia de Japón se desmarcó de la interpretación vigente hasta el momento, según la cual los criminales de guerra recibían un tratamiento equiparable al de las personas condenadas por los tribunales japoneses, y abrió la puerta a la restitución de sus derechos civiles. En 1953 se reformó la ley que regía la asistencia pública a los familiares de los difuntos y en ella las muertes de los criminales de guerra por ejecución y las ocurridas durante el cumplimiento de la condena fueron calificadas de hōmushi (concepto creado ad hoc que podría traducirse por “muerte judicial”) y en la práctica se equiparaban a las muertes ocurridas durante el cumplimiento de las funciones públicas. Además, tras recibir una súplica de la asociación de familiares de difuntos, formada en 1947, el Ministerio de Bienestar Social (actual Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar) comenzó a cooperar en 1956 con Yasukuni aportando las informaciones necesarias para que este incluyera a nuevas personas entre las veneradas en el santuario.

El Ministerio de Bienestar Social, refugio de exmilitares

¿Por qué intervino el ministerio en el problema del culto conjunto en Yasukuni? En la época previa a la guerra Yasukuni era un órgano estatal especial controlado y administrado por los ministerios del Ejército de Tierra, de la Armada y del Interior, y las listas de las personas que iban a ser incluidas entre las honradas las confeccionaban los dos primeros.

Tras la guerra, en septiembre de 1946, Yasukuni dejó de ser un órgano del Estado para convertirse en una entidad religiosa privada y el artículo 20 de la nueva constitución de Japón estableció la separación de la religión y la política. Sin embargo, las comprobaciones y otras labores relacionadas con los fallecidos durante la contienda y con los ejecutados por crímenes de guerra excedían las posibilidades de una simple entidad religiosa, que acababa dependiendo siempre de la capacidad de investigación del Estado. Por otra parte, los ministerios del Ejército de Tierra y de la Armada, bajo cuya jurisdicción se encontraba Yasukuni, quedaron disueltos a finales de 1945 como parte de las acciones de desmilitarización emprendidas por el ejército de ocupación y se convirtieron en el Primer y Segundo Ministerio de Desmovilización, que fueron encargados de despachar los asuntos pendientes.

Posteriormente se hicieron varias otras reformas estructurales y desde abril de 1954 la Oficina de Asistencia a la Repatriación del Ministerio de Bienestar Social (desde 1961, Oficina de Asistencia) se encargó de las labores de asistencia a los militares y criminales de guerra. Durante este proceso de reestructuración, los exmiembros del extinto Ejército Imperial fueron fluyendo hacia la Oficina de Asistencia a la Repatriación. El proceso de elaboración de la lista de personas que iban a ser honradas en Yasukuni puede resumirse en los siguientes pasos.

1)    Yasukuni pide información a las autoridades sobre los caídos en la guerra.

2)    Recibida la petición, el Ministerio de Bienestar Social traslada a las prefecturas del país una solicitud de investigación. Las labores de confirmación del fallecimiento quedan confiadas a los municipios.

3)    El Ministerio de Bienestar Social compila los resultados de la información y los refleja en la lista, que es remitida a Yasukuni.

4)    Yasukuni toma la decisión final sobre la inclusión de los comprendidos en la lista entre los honrados en el santuario.

De esta forma, el llamado “culto conjunto de los caídos en relación con la Guerra de la Gran Asia Oriental” había quedado casi completo para cuando se celebró el gran festival del santuario en abril de 1959(*3).

Inclusión de los criminales de guerra de las clases B y C

Justo cuando las labores que permitirían el culto conjunto a los caídos en general estaban llegando a su fin, comenzó a verse también una solución definitiva al problema de los criminales de guerra. Para mayo de 1958 todos los que cumplían condena en la prisión de Sugamo (Tokio) obtuvieron la libertad provisional y para finales del mismo año expiraron todas sus penas.

En esta situación, el culto conjunto a los criminales de guerra se perfilaba ya como el siguiente problema que resolver.

El órgano que más celo mostró en la promoción del culto conjunto a los criminales de guerra fue la referida Oficina de Asistencia a la Repatriación del Ministerio de Bienestar Social, que congregaba a los exmiembros del extinto Ejército Imperial. Este órgano, en previsión de una reacción negativa de la opinión pública, siguió la política de comenzar por los criminales de guerra de las clases B y C e impulsar su culto conjunto “sin llamar la atención”. La primera lista con sus nombres fue entregada al santuario de Yasukuni en marzo de 1959.

Era gūji (máxima autoridad religiosa de un santuario sintoísta) de Yasukuni Tsukuba Fujimaro, nombre adoptado por el exmiembro de la Familia Imperial Yamashina-no-miya, que había recibido el título de marqués. Los miembros masculinos de la Familia Imperial comúnmente elegían la carrera militar, pero Tsukuba fue una excepción, ya que se especializó en Historia de Japón en la antigua Universidad Imperial de Tokio y tras su salida de la Familia Imperial y cambio de estatus civil en enero de 1946 pasó a ser gūji de Yasukuni, cargo que ostentaría durante 32 años(*4).

Tanto Tsukuba como el santuario de Yasukuni pusieron enseguida manos a la obra en el tema del culto conjunto a los criminales de guerra B y C. Un mes después de la recepción de la lista, fueron incluidas entre las almas veneradas en el santuario las de 346 de estas personas. Para octubre de 1967 se habían incluido ya cuatro grandes grupos de criminales de guerra B y C, 984 personas en total. A la hora de efectuar estas “consagraciones” no se solicitaba autorización a los familiares de los fallecidos (algunos de ellos no deseaban que se hicieran).

Se temía entonces que la colaboración administrativa prestada por el Ministerio de Bienestar Social a Yasukuni, así como las notificaciones que enviaba a las prefecturas, pudieran ser entendidas como violaciones del principio de división entre la política y la religión. Por ello, en febrero de 1971 el citado ministerio envió a las prefecturas una circular en la que declaraba abolido el sistema de notificaciones relativas a la cooperación administrativa con el culto conjunto, que se mantuvo entre 1956 y 1970(*5).

Precauciones en la inclusión de los criminales de guerra de la clase A

Como se ve, incluso para la “consagración” como almas objeto de culto de estos criminales de guerra de las clases B y C, la mayor parte de los cuales eran personajes anónimos, se actuó con suma precaución. Con respecto a los de la clase A, todos ellos personajes principales, se actuó todavía con más precaución.

El referido ministerio remitió a Yasukuni la lista con los 12 criminales de guerra de la clase A en febrero de 1966, cuando la recopilación de nombres de los de las clases B y C se encontraba ya muy avanzada. Se trataba de los siete reos ejecutados mediante ahorcamiento (Doihara Kenji, Hirota Kōki, Itagaki Seishirō, Kimura Heitarō, Matsui Iwane, Mutō Akira y Tōjō Hideki) y de otros cinco presos que murieron por enfermedad durante el cumplimiento de su condena (Hiranuma Kiichirō, Koiso Kuniaki, Shiratori Toshio, Tōgō Shigenori y Umezu Yoshijirō). Matsuoka Yōsuke y Nagano Osami, ambos fallecidos por enfermedad antes de recibir la sentencia, en este momento no formaban parte del grupo anterior.

En enero de 1969 la Oficina de Asistencia a la Repatriación y Yasukuni quedaron de acuerdo en incluir a los criminales de guerra de la clase A entre los honrados en el santuario, y en evitar hacer público este hecho. Sin embargo, la “consagración” no acababa de llevarse a la práctica. Impaciente, la Junta de Representantes de la Asociación de Fieles del Santuario de Yasukuni (máximo órgano de decisión del santuario) resolvió proceder a la “consagración” de los criminales de guerra de la clase A como medida de presión. Tras esta medida se escondía una postura de rechazo frontal hacia los juicios de Tokio, que se expresaba en afirmaciones como que no incluir en Yasukuni a estos criminales de guerra equivaldría a “aceptar lo decidido en los juicios de Tokio”. Pero la decisión final sobre cuándo incluirlos se dejó en manos del gūji, cargo que, como se ha dicho, estaba ocupado por Tsukuba, quien, como exmiembro de la Familia Imperial, mantenía la postura de posponer al máximo la “consagración” de los criminales de guerra de la clase A.

Rápida maniobra de un responsable que rechazaba frontalmente los juicios de Tokio

Pero en marzo de 1978 murió Tsukuba y en julio del mismo año lo sustituyó Matsudaira Nagayoshi. Nieto de Matsudaira Shungaku, señor feudal de Fukui, e hijo de Matsudaira Yoshitami, titular del antiguo Ministerio de la Casa Imperial, al final de la Segunda Guerra Mundial era capitán de corbeta de la Armada japonesa, para integrarse posteriormente en el cuerpo de Tierra de las Fuerzas de Autodefensa. Su suegro, el vicealmirante de la Armada Daigo Tadashige, fue fusilado tras haber sido encontrado culpable como autor de crímenes de guerra de las clases B y C en el juicio organizado por los holandeses. Actualmente se le rinde culto en Yasukuni(*6).

Matsudaira, que postulaba un rechazo frontal a los juicios de Tokio de carácter ideológico, que lo llevaba a negar “una visión de la historia, la emanada de tales juicios, según la cual ‘Japón tenía la culpa de todo”, procedió a “consagrar” secretamente a las 12 referidas figuras, más las de Matsuoka y Nagano, el 17 de octubre de 1978, una decisión realmente rápida, si consideramos que apenas llevaba tres meses en el cargo.

El hecho se difundió mediante informaciones periodísticas en abril del año siguiente, pero en un primer momento no causó gran revuelo. Sin embargo, el 15 de agosto de 1985, cuando se cumplían los 40 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el entonces primer ministro Nakasone Yasuhiro se decidió a hacer una visita oficial al santuario, lo cual le valió las más acerbas críticas de los países vecinos.

Ante esta situación, Nakasone decidió renunciar a volver a visitar oficialmente el santuario al año siguiente diciendo que lo hacía en consideración al gobierno chino, encabezado entonces por Hu Yaobang. Fue, pues, la visita oficial de Nakasone la que activó la espiral de violentas reacciones internacionales y estancamientos diplomáticos que hemos conocido cada vez que un primer ministro visita Yasukuni.

En todo caso, la inclusión de los criminales de guerra de la clase A entre las almas veneradas de Yasukuni supera la dimensión de las honras fúnebres o de los oficios religiosos de difuntos propiamente dichos, para adquirir un significado decididamente político. La “consagración” de estas figuras en Yasukuni fue una “medida espiritual” orientada a un rechazo frontal de los juicios de Tokio, y una acción provocada por una visión de la historia que reivindica la justicia y legitimidad del pasado de Japón.

(Escrito el 11 de agosto de 2013 y traducido al español del original en japonés)

Fotografía: Miembros de la Dieta (Parlamento) visitan el santuario de Yasukuni (15 de agosto de 2013, AP/Aflo)