Los cuatro grandes desastres medioambientales de Japón: el otro legado del “milagro japonés”

El Gobierno, el último en actuar

Han pasado más de 50 años desde que la enfermedad itai-itai, surgida en la cuenca del río Jinzūgawa (prefectura de Toyama) fuera oficialmente reconocida como causada por la contaminación ambiental, en mayo de 1968. Fue una enfermedad causada por el cadmio que, procedente de las minas y refinerías de la compañía Mitsui Mining & Smelting, fluía hacia dicho río y acababa colándose en el organismo humano a través del agua potable y de los cultivos de la zona. Causaba daños renales, osteomalacia y fuertes dolores en todo el cuerpo, similares a pinchazos. Aunque los efectos del cadmio sobre la actividad pesquera venían denunciándose desde los años 30, fue en 1946 cuando, por primera vez, un consultorio médico privado identificó el mal en una persona. Hasta que el Gobierno reconoció la relación entre la actividad minera y la enfermedad, hubieron de pasar 22 años. Fue apenas dos meses después de que los afectados demandasen a la compañía por daños y perjuicios.

La enfermedad itai-itai es, junto a los envenenamientos por metilmercurio de Minamata y Niigata-Minamata, y el asma por contaminación atmosférica de Yokkaichi, uno de los cuatro grandes desastres sanitarios ocurridos en Japón por causa de la contaminación.

El mal de Minamata fue causado por el mercurio contenido en las aguas residuales vertidas al mar a partir de 1932 desde las plantas de producción de acetoaldehídos de la empresa Shin Nihon Chisso Hiryō (Abonos Nitrogenados Nuevo Japón, en adelante Chisso), en la ciudad de Minamata (prefectura de Kumamoto). Su aparición fue oficialmente reconocida en 1956. Los síntomas aparecieron, a través de la cadena trófica, en personas que habían consumido pescados y mariscos del área. Quienes no murieron, tuvieron que sufrir parálisis, espasmos, estrechamiento del campo visual, dificultades auditivas, pérdida de sensibilidad en los miembros y otros síntomas, además de verse socialmente estigmatizados.

La tardanza en elucidar las causas del mal de Minamata abrió las puertas a un nuevo desastre: el mal de Niigata-Minamata, oficialmente reconocido en 1965. Este tuvo su origen, al igual que el producido por Chisso, en los vertidos de una planta de fabricación de acetoaldehídos, esta vez de la empresa Shōwa Denkō. La fábrica estaba situada en el municipio de Kanosemachi (prefectura de Niigata), en el cauce medio del río Agano. Sin embargo, no fue sino en septiembre de 1968 cuando, por fin, el Estado reconoció públicamente cuál había sido el origen de la contaminación causante del mal en ambos casos.

El asma de Yokkaichi fue otro desastre sanitario causado por la contaminación, que en este caso procedía del complejo petroquímico de la ciudad de Yokkaichi (prefectura de Mie), que empezó a operar en 1959. El dióxido de azufre contenido en el humo emanado por las chimeneas de 13 empresas del complejo produjo asma bronquial, bronquitis asmática, bronquitis crónica, enfisema pulmonar y otras afecciones respiratorias. Seis de las 13 empresas (la refinería de petróleo Shōwa Yokkaichi Sekiyu; Mitsubishi Yuka, Mitsubishi Monsanto Kasei, Mitsubishi Kasei Kōgyō e Ishihara Sangyō, dedicadas a la transformación de productos secundarios del petróleo en productos finales, y Chūbu Denryoku, una empresa eléctrica que generaba electricidad a partir de la combustión del petróleo) fueron denunciadas y halladas culpables en 1972 de actos ilícitos colectivos.

Un Gobierno que prioriza el beneficio empresarial y contribuye a que los daños se extiendan

Durante el periodo de rápido crecimiento económico conocido como el “milagro japonés”, la contaminación medioambiental se convirtió en un gran problema debido al desarrollo alcanzado por las industrias química y pesada. El gran auge económico que experimentó Japón tuvo como contrapartida los grandes daños que dicha contaminación ocasionó en la salud de muchos japoneses. Estos grandes desastres para nuestra salud nos han legado tres grandes enseñanzas que no deberíamos olvidar.

La primera es que los avisos de alarma que nos envían los seres vivos debemos tomárnoslos con sumo cuidado y atención.

En los cuatro casos expuestos, las plantas y los animales comenzaron a sufrir daños antes que los humanos. En Minamata y Niigata-Minamata, fueron los peces. En el mal de itai-itai, los árboles cercanos a las minas, el arroz cultivado en el curso inferior del río y los peces de esas mismas aguas. En el caso de Yokkaichi, los peces estaban contaminados.

La segunda es que el esclarecimiento de las causas no puede postergarse indefinidamente si no queremos contribuir a extender todavía más los daños.

Por ejemplo, en el mal de Minamata, pudo analizarse la composición de los vertidos de la planta ya en 1952, cuando aparecieron muchos peces muertos misteriosamente, pero no se hizo. Cuatro años después aparecían los primeros daños en humanos. Al año siguiente, en 1957, el Gobierno prefectural de Kumamoto se propuso prohibir capturar peces en la zona mediante la Ley de Higiene Alimentaria, pero el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar no le permitió aplicar dicha ley alegando que “no había pruebas fehacientes que sustentaran que todo estaba envenenado”.

Cuando, en 1958, este ministerio determinó que Chisso era la causante de la contaminación, la empresa lo negó. Luego retiró sus bocas de vertido de la bahía de Minamata y las abrió hacia otros lugares, lo que produjo una ampliación de los daños hacia el mar de Shiranui, más extenso que la bahía.

El entonces Ministerio de Comercio e Industria (actual Ministerio de Economía e Industria) conocía dónde se habían instalados las nuevas bocas, pero no ordenó a la empresa que detuviera los vertidos. Lo único que hizo, en 1959, fue obligar a la empresa a volver a dirigirlas hacia la bahía de Minamata. Ese año, los médicos del hospital anexo a la planta de Chisso en Minamata determinaron, experimentando con gatos, que la causa del envenenamiento era el mercurio contenido en los vertidos de la planta. Pero los resultados de estos experimentos no fueron hechos públicos.

También un equipo de investigación de la Universidad de Kumamoto identificó la sustancia causante y su dictamen fue ratificado por un subcomité del Comité de Investigaciones sobre Higiene Alimentaria del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar. Sin embargo, el informe del subcomité fue rechazado por el ministro de Comercio e Industria, que lo tildó de “conclusión apresurada”. Y el subcomité que había ratificado el dictamen de los médicos fue disuelto. La Asociación de la Industria Química de Japón, una organización sectorial, desautorizó la hipótesis del mercurio reflotando otra hipótesis ya desechada: la de que el mal procedía de sustancias detonantes contenidas en proyectiles de la guerra que habían sido arrojados a la bahía.

En noviembre de ese año, un grupo de miembros de la Dieta Nacional (Parlamento) visitó por primera vez las zonas afectadas. La visita actuó como revulsivo sobre la opinión pública, pues fue contestada por manifestaciones de pescadores del área y afectados. En diciembre, Chisso pretendió poner fin al problema con una operación de limpieza supuestamente exhaustiva que, sin embargo, resultó ser totalmente inefectiva en la eliminación del mercurio. Por tanto, la contaminación siguió produciéndose hasta que Chisso dejó de utilizar mercurio. La gente se enteró de todo esto durante el juicio de 1985.

El contagio al feto a través de la placenta, quizás la forma más terrible de contraer la enfermedad, fue constatado en 1962, tres años después de que Chisso escenificase la solución al problema. La autopsia realizada a un niño de cinco años del que se pensaba que había muerto por una parálisis cerebral infantil reveló que había en él restos de mercurio orgánico, con lo que quedó probado que la enfermedad de Minamata podía afectar también a los fetos, tal como se venía sospechando.

El Gobierno solo reconoció el origen del contagio y su sustancia causante en 1968, cuando la industria disponía ya de otro método de fabricación de acetoaldehído que hacía innecesario el mercurio. Japón dejó las conclusiones para el último momento, priorizando siempre los intereses de la industria y contribuyendo así a extender los daños.

Personas desinteresadas que apoyaron a las víctimas e hicieron frente a los gigantes industriales

La tercera enseñanza que podemos extraer es que debemos reconocer el papel del poder judicial y de las personas que defienden los derechos de las víctimas, y que al diseñar los sistemas de indemnizaciones debemos hacerlo de forma que refleje el sentir de los afectados.

No fue el Estado el que se puso del lado de las víctimas haciendo frente a los gigantes industriales, sino particulares que se movilizaron para ayudarles en su sufrimiento, como abogados, académicos, médicos, etc. Estas personas esclarecieron las responsabilidades e ilegalidades en que habían incurrido las empresas y se implicaron en los procesos judiciales, luchando codo con codo con las víctimas para conseguir que fuesen indemnizadas. Las primeras en obtener una victoria ante los tribunales por un caso de esta naturaleza fueron las víctimas del mal de Niigata-Minamata en septiembre de 1971. Los pacientes de asma de Yokkaichi lo hicieron en julio de 1972, y los de la enfermedad itai-itai, en agosto de ese año. Los de Minamata consiguieron su victoria en marzo de 1973. En todos los juicios, previa negociación con la empresa, todas las víctimas consiguieron que se les diera un tratamiento igual al que las sentencias garantizaban a los demandantes victoriosos, que no eran más que una parte del conjunto.

Esta serie de acciones condujo finalmente a la promulgación, en septiembre de 1973, de la Ley de Indenmizaciones por Daños a la Salud de Origen Ambiental. Esta ley abrió el camino a que las víctimas de este tipo de males puedan recibir rápidamente indemnizaciones sin necesidad de iniciar una demanda judicial. Sin embargo, el Estado fijó requisitos muy exigentes en los diagnósticos médicos y, además, limitó las indemnizaciones a determinadas áreas afectadas, lo que ha sido causa de que muchas personas que solicitaron ser reconocidas como víctimas no lo consiguieran, formándose un numeroso colectivo de pacientes no reconocidos.

La consecuencia ha sido que, en el caso de Minamata, las víctimas reconocidas son algo más de 2.000 frente a las más de 20.000 que se obtienen si se incluye a todas las víctimas no reconocidas. Hay, además, otro importante grupo, y es el de quienes no cursaron la solicitud por temor a sufrir alguna forma de discriminación. Muchos de ellos siguen vivos. En el caso de Niigata-Minamata, las 700 víctimas oficiales se multiplicarían por tres si se incluyera a las no reconocidas. En el de la enfermedad itai-itai, no llegan a las 200 reconocidas, pero hay cerca de 400 que, si bien no han desarrollado osteomalacia, necesitan estar bajo continua observación, pues han sufrido daños renales y de otro tipo debidos al cadmio. Por eso, han sido muchos los procesos judiciales relacionados con estos tres desastres sanitarios y se ha pedido insistentemente que se revisen los criterios de reconocimiento.

En cuanto al caso de Yokkaichi, si bien por asma existen 2.219 víctimas reconocidas, gracias a la citada ley fue posible establecer un total de 41 áreas de contaminación atmosférica distribuidas por las prefecturas de Tokio, Osaka, Kanagawa, Chiba, Aichi, Hyōgo, Shizuoka, Fukuoka y Okayama. Sin embargo, en 1988 se puso fin a esta zonificación alegando que se apreciaba mejoría en todas las áreas. La desaparición de estas zonas oficiales ha provocado nuevas demandas por daños y perjuicios contra empresas causantes de contaminación atmosférica en las ciudades de Chiba, Kawasaki y Kurashiki, y en el municipio de Nishiyodogawa, comprendido en la ciudad de Osaka.

En una conferencia celebrada por las Naciones Unidas en 1992 fue adoptada la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que es la cristalización de todas las enseñanzas obtenidas a través de los grandes desastres ambientales ocurridos en todo el mundo. También se ven reflejados en ella los cuatro grandes desastres sufridos por Japón, en concreto, en su artículo o principio 15, que dice: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Es lo que se llama el “principio de precaución”.

El 11 de marzo de 2011 ocurrió el Gran Terremoto del Este de Japón, que causó el accidente de la central nuclear Fukushima Daiichi. Han pasado siete años y medio desde aquello. Quedan por resolver muchos problemas, empezando por el debate sobre el cáncer de tiroides de los niños. Deberíamos plantearnos si hemos aprendido algo de las enseñanzas que nos dejaron aquellos cuatro desastres medioambientales anteriores.

Fotografía del encabezado: víctimas de la enfermedad itai-itai que demandaron a la empresa causante, durante la rueda de prensa posterior a darse a conocer la sentencia del juicio, en la ciudad de Kanazawa (prefectura de Ishikawa). Sus lágrimas son reflejo de los grandes sufrimientos que habían padecido hasta el momento (9 de agosto de 1972). (Fotografía: Jiji Press)