Exámenes de ingreso: por qué y para qué
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Una reforma coordinada del bachillerato y la universidad
En diciembre de 2014, el Consejo Central de Educación, órgano consultivo del ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, emitió un informe titulado “Sobre una reforma coordinada de la enseñanza de bachillerato y universitaria, y de la selección de alumnos para su ingreso en la universidad, dirigida a la consecución de una conexión entre bachillerato y universidad acorde con la nueva era”. En enero de 2015, sobre la base de este informe, el Ministerio de Educación diseñó el Plan de Implementación de la Reforma de la Conexión Bachillerato-Universidad y continúa estudiando la manera de dar forma concreta a las recomendaciones del órgano consultivo.
La presente reforma, como queda expresado en el largo título del informe, pretende ser una reforma coordinada y abarcar la enseñanza de bachillerato, la universitaria y la conexión entre ambas mediante la selección de candidatos a ser admitidos en la universidad.
Dos nuevos exámenes a nivel nacional
La implementación de la reforma supondrá la introducción de dos tipos de exámenes a nivel nacional. El primero ha sido presentado con el nombre provisional de “Examen de Competencia Académica Básica de la Secundaria Superior (Bachillerato)”. Sus objetivos serían permitir conocer los logros del aprendizaje básico realizado por el alumno durante su etapa de bachillerato y, a través de ello, promover entre los alumnos una actitud positiva ante los estudios y contribuir a la mejora de ese aprendizaje. En el proceso de selección de candidatos a ingresar en las universidades, este examen podría utilizarse como criterio para evaluar los resultados escolares. Se realizará durante el segundo y tercer año del bachillerato y en él se valorará hasta qué punto el alumno ha adquirido conocimientos y destrezas en las asignaturas obligatorias.
El segundo será el “Examen de Evaluación de la Competencia Académica de los Aspirantes al Ingreso en la Universidad”, nombre también provisional. Su objetivo será valorar hasta qué punto los aspirantes al ingreso han adquirido las capacidades suficientes para recibir la educación superior. Se valorarán fundamentalmente la capacidad intelectiva, la capacidad de juicio y la capacidad expresiva que deberían permitir al alumno aprovechar sus conocimientos y destrezas para plantear por sí mismo problemas, investigar en busca de soluciones y exponer los resultados o conclusiones a que haya llegado. Para evaluar esas tres capacidades, que exceden el marco de las áreas de estudio y asignaturas actualmente vigentes, el examen incluirá, además de las preguntas circunscritas a tales asignaturas, otras de tipo más sincrético, que se situarán a caballo entre ellas. Este segundo examen se efectuará varias veces a lo largo del año.
Ambas pruebas adoptarán el sistema CBT (Computer-Based Testing) y los resultados se expresarán por bandas o tramos de puntuación. En cuanto al inglés y otras materias, se utilizarán también como criterio resultados obtenidos por el alumno en pruebas para la obtención de diplomas o títulos de instituciones privadas.
Grandes cambios también en los exámenes de acceso de las universidades
El problema subyacente en la selección de aspirantes organizada por cada universidad es cómo desarrollar y elevar, mediante la educación universitaria y antes de que el egresado se integre en el mundo laboral, lo que se ha denominado “empuje” o “entusiasmo vital” y, como parte de este, la “probada competencia académica” que el aspirante ha adquirido durante la etapa del bachillerato, y establecer qué capacidades serían exigibles en el momento de acceder a la universidad. Con la selección efectuada por cada centro se trata, pues, de evaluar esas capacidades desde diversos ángulos y de un modo integral.
Los componentes de este “empuje” o “entusiasmo vital” serían, además de la “probada competencia académica”, una “rica humanidad” y la “salud y resistencia físicas”. Lo que aquí se llama “rica humanidad” consistiría en asimilar la cultura y las normas de conducta necesarias para convertirse en un integrante responsable de la nación y de la sociedad. Por cierto, la “probada competencia académica” a la que se alude consistiría en 1) una actitud hacia el aprendizaje guiada por la propia iniciativa, pero siendo capaz al mismo tiempo de hacer trabajo de grupo con diversos tipos de personas (las claves serían “iniciativa”, “diversidad” y “trabajo de grupo”), 2) saber aprovechar sus conocimientos y destrezas para plantear por sí mismo problemas, investigar en busca de soluciones y exponer los resultados o conclusiones a los que haya llegado, y 3) conocimientos y destrezas.
Sobre la base de estos conceptos de “empuje” o “entusiasmo vital” y de la “probada competencia académica”, y a fin de evaluar integralmente esta última, en la selección efectuada por cada universidad se juzgaría al candidato teniendo en cuenta, junto al resultado del citado examen de evaluación, un ensayo, una entrevista, un debate en grupo, una presentación, un informe emitido por la escuela en la que estudiaba, calificaciones obtenidas en exámenes para titulaciones o diplomas, un registro de los concursos o competiciones a los que se haya presentado, etcétera, es decir, todos aquellos materiales que den prueba del esfuerzo realizado por el candidato hasta el momento. En cuanto a la competencia académica, se trataría de valorar, como se ha dicho, las capacidades intelectiva, de juicio y expresiva, por lo que se recomienda que el examen esté planteado de tal forma que el candidato tuviera que argumentar a partir de sus propias ideas.
El “Examen de Competencia Académica Básica de la Secundaria Superior (Bachillerato)” comenzará a realizarse en el año fiscal 2019 y el “Examen de Evaluación de la Competencia Académica de los Aspirantes al Ingreso en la Universidad” un año después. En cuanto a la reforma del proceso de selección de candidatos que realiza cada universidad, podrá ir implementándose en cualquier momento, comenzando por los cambios que resulten más sencillos de hacer. Anzai Yūichirō, presidente del Consejo Central de Educación, ha manifestado que la reforma en curso se sitúa en una dimensión diferente, no siendo comparable a ninguna de las reformas de los exámenes de ingreso efectuadas hasta el momento.
De inculcar contenidos a desarrollar capacidades
Para realizar esta reforma de la conexión bachillerato-universidad será necesario hacer una reconversión de los contenidos educativos, del aprendizaje, de los métodos de enseñanza y evaluación y del ambiente educativo, de forma que sean los apropiados para desarrollar en los alumnos el “empuje” o “entusiasmo vital” y la “probada competencia académica”. Se considera que si cambia la forma de evaluación en la fase de conexión de un nivel a otro, ese cambio podrá servir de palanca para reconvertir también la educación que se imparte durante el bachillerato y la educación universitaria.
Por lo que respecta a la educación secundaria (bachillerato), la reforma será impulsada revisando en primer lugar las Directrices del Currículo Básico, que marcan los estándares que guían los planes de estudio de las escuelas públicas y privadas de primaria, secundaria obligatoria y secundaria de todo el país. Las Directrices del Currículo Básico especifican las metas de cada asignatura, sus contenidos y otros aspectos, girando siempre en torno a la cuestión de qué debe enseñarse durante el bachillerato. Con esta reforma se pretende revisar de raíz estas directrices para que, a partir de ahora, la cuestión de fondo sea qué capacidades o competencias debe adquirir el alumno, de forma que las directrices deberán especificar también los métodos de aprendizaje y el ambiente escolar que deberán promoverse para hacer posible la adquisición de esas capacidades o competencias.
Además, se trabajará para dar un fuerte impulso al llamado “aprendizaje activo” (active learning), en el cual el estudiante toma la iniciativa, siendo capaz al mismo tiempo de trabajar en grupo con diversos tipos de personas.
En la enseñanza universitaria, el Gobierno impondrá a las universidades el deber de integrar en un plan general la política de admisión, de concesión de títulos y de diseño de los planes de estudios, para lo que se harán también las reformas legales necesarias. Se sistematizarán y estructurarán también los planes de estudio mediante una gestión del currículo basada en una visión general de la enseñanza universitaria, y no quede limitada al diseño de cada una de las asignaturas impartidas. También en el nivel universitario se pasará de utilizar las clases para inculcar conocimientos a utilizarlas para promover el “aprendizaje activo”, lo que supondrá un salto cualitativo.
Factores demográficos facilitan el acceso a la universidad
¿Por qué es necesaria esta reforma? Su origen hay que buscarlo en la baja competencia académica de los estudiantes.
Con el persistente descenso en el número de hijos, la población que cada año cumple los 18 años, edad teórica de acceso a la universidad, se ha reducido a la mitad en poco más de 20 años, pasando de los 2,05 millones de 1992 a los 1,18 millones de 2014. Durante ese mismo periodo, el porcentaje de estudiantes de bachillerato que siguen estudios universitarios ha pasado del 38,9 % al 56,7 %. Obtener una plaza se ha hecho, en general, más fácil y ya no es tan necesario como antes estudiar para pasar el examen de acceso.
Otra consecuencia de este proceso ha sido que modalidades de admisión como la admisión por coincidencia de perfil o la admisión por recomendación se han convertido en “coladeros” que los centros utilizan para conseguir nuevos alumnos.
Preparar a los jóvenes para la era de la globalización
El cambio que se va a obrar en el proceso de selección implica un severo rapapolvos tanto para los institutos de bachillerato como para las universidades. A los institutos se les está diciendo, implícitamente, que hoy en día no están asegurando que sus alumnos salgan de sus aulas con un determinado nivel de competencia académica común. Y a las universidades, se les obliga a preguntarse si sus estudiantes están egresando con el suficiente “valor agregado”.
En su informe, el Consejo Central Educativo traza una sombría panorámica del futuro de Japón. Se trata de la caída en picado de la población en edad laboral y la globalización. Según proyecciones del Instituto Nacional de Investigaciones Demográfica y de la Seguridad Social, durante los 15 años posteriores a 2015 la población en edad laboral se reducirá en más de nueve millones de personas, quedando por debajo de los 70 millones. Además de considerar este problema, será necesario pertrechar a los niños que van a vivir en esta dura era de globalización con las fuerzas y capacidades necesarias para que estén a la altura de las circunstancias. De esta aguda conciencia de crisis es de donde parte la actual reforma, una reforma que ya no puede posponerse más.
Una reforma “idealista” conducida desde la jefatura del Gobierno
Esta reforma tiene también algunos rasgos novedosos, como haber sido impulsada principalmente desde la jefatura del Gobierno, o tener un fuerte carácter idealista. Hasta ahora, las reformas educativas venían haciéndose sobre el telón de fondo del antagonismo entre la jefatura del Gobierno y el Comité Ejecutivo del Partido Liberal Democrático (PLD), principales centros de poder del país, y el establishment educacional, representado por los burócratas del Ministerio de Educación o los parlamentarios del PLD vinculados a la política educativa, siendo estos invariablemente criticados por aquellos.
Sin embargo, este informe del Consejo Central Educativo es fruto de examen especializado al que el órgano consultivo ha sometido la 4ª Sugerencia (“Sobre la conexión de la enseñanza de bachillerato y la enseñanza universitaria, así como sobre selección de alumnos para su ingreso en la universidad”, octubre de 2013) del Consejo Ejecutivo para la Reconstrucción de la Educación, un órgano dependiente directamente del primer ministro.
El primer ministro, Abe Shinzō, y el ministro de Educación, Shimomura Hakubun se mantienen en estrecho contacto y entre ambas oficinas no se aprecia la tensión de otras épocas. Abe era primer ministro cuando se estableció el primer Consejo para la Reconstrucción de la Educación, en octubre de 2006, y Shimomura, como vicesecretario del Gabinete, era el encargado del consejo, por lo que la sintonía entre ambos viene ya desde esta época.
A esto hay que sumar el hecho de que durante los últimos años se han producido avances para que sean los políticos quienes lleven la batuta en los ministerios y agencias, aspecto en el que Shimomura ha mostrado un gran liderazgo. La reforma se lleva adelante, pues, bajo la férrea dirección de la jefatura del Gobierno y del ministro encargado. Si, hasta ahora, en el proceso de elaboración de políticas, el resultado final reflejaba siempre la necesidad de hacer ajustes para no dañar los difíciles equilibrios entre los políticos y los burócratas y sus respectivos intereses, en esta ocasión no parece que esto esté ocurriendo en el mismo grado. Y el idealismo de los promotores de esta reforma se hace sentir en toda su fuerza.
Aun así, la educación se enmarca y evoluciona dentro de la dinámica general de la sociedad civil. Un cierto idealismo puede ser necesario a la hora de afrontar una reforma, pero siempre subsiste el temor a que la dirección en la que se rema sea contraria a la dinámica de esa sociedad civil.
Fotografía del titular: Estudiantes se dirigen a rendir el examen nacional de acceso a la universidad (sentā shiken) en el campus de Hongō de la Universidad de Tokio (municipio de Bunkyō, Tokio), el 17 de enero de 2015. (Jiji Press)
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