Rehén de la justicia: la falsa imputación contra Muraki Atsuko

El largo periodo de detención sufrido por Carlos Ghosn, expresidente de la compañía Nissan, ha centrado en la administración de justicia criminal japonesa una gran atención y numerosas críticas procedentes de otras partes del mundo. El sistema japonés, por el cual el sospechoso es aislado e interrogado durante largos días sin poder recuperar la libertad en tanto no haya reconocido básicamente los delitos que han levantado la sospecha, ha sido cuestionado dentro y fuera de nuestras fronteras y tildado de auténtica “toma de rehenes”. Gracias a la “confesión” obtenida, los fiscales logran en los juicios penales un porcentaje de sentencias de culpabilidad del 99,9 %, guarismos que han servido incluso de título a una serie televisiva que explota el tema de las falsas imputaciones y errores judiciales.

Como parte de la reforma de la justicia criminal, en junio de 2019 comenzará a exigirse la “visibilización de los interrogatorios” (constancia visual y sonora) en una parte de los casos. El origen de esta medida se encuentra en un caso de prácticas irregulares relacionadas con los servicios postales que afectó, hace ahora 10 años, a la directora general del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Muraki Atsuko. De la mano de Muraki, examinamos aquí aquel caso sobre el eje de su libro Nihon-gata soshiki no yamai wo kangaeru (“Reflexiones sobre el mal que afecta a las organizaciones de estilo japonés”), publicado recientemente por la editorial Kadokawa Shinsho. Las reformas que se están llevando a cabo son, según Muraki, todavía insuficientes.

Tres obstáculos en la carrera hacia el reconocimiento de su inocencia

En junio de 2009, cuando era máxima responsable de la Dirección General de Igualdad en el Trabajo, Infancia y Familia del Ministerio de Salud, Muraki fue detenida súbitamente por la Sección de Investigaciones Especiales de la Fiscalía prefectural de Osaka por un delito que no había cometido. La sospecha se remontaba al año 2004, cuando Muraki era directora de la sección de Planificación del departamento de Seguros y Bienestar Social para Personas Con Discapacidad. Se la acusó de haber ordenado a sus subordinados emitir falsos certificados en beneficio de la entidad Rin no Kai, que se presentaba como una asociación para este tipo de personas. Los certificados acreditaban a la sociedad para el uso del sistema de descuentos a personas con discapacidad, que incluye la aplicación de tarifas postales especialmente bajas. Rin no Kai se sirvió indebidamente este sistema para su propio lucro, pues lo utilizó para ahorrarse costos en el envío postal a sus socios de publicidad de artículos comerciales, entre ellos los distribuidos por un mayorista de electrodomésticos.

Aunque, durante sus interrogatorios, Muraki desmintió en líneas generales la historia relatada en el pliego de cargos presentado por los fiscales, una vez iniciado el proceso su petición de ser puesta en libertad solo fue aceptada después de tres intentos fallidos, cuando llevaba detenida en Osaka 164 días. Durante el juicio se pudo saber que la Fiscalía había destruido todas las notas tomadas durante los interrogatorios, lo que puso de relieve el descuido con el que había llevado la investigación. Uno de sus exsubordinados, un jefe de negociado cuyo testimonio había sido requerido por la fiscalía, reconoció que sus anteriores declaraciones recogidas en el atestado, según las cuales emitió los certificados siguiendo órdenes de Muraki, habían sido una invención, y que en realidad había actuado por iniciativa propia. Los otros testigos de cargo, en su gran mayoría, se desdijeron igualmente del contenido de los atestados. Muraki fue declarada inocente e inmediatamente después de serlo se descubrieron las manipulaciones que el fiscal encargado del caso había hecho en lo declarado por los testigos, causando un escándalo que hizo temblar el país.

Muraki Atsuko se dispone a dar una rueda de prensa en el Club de Prensa de Osaka el 10 de septiembre de 2010 tras ser absuelta por el juez en un caso de prácticas irregulares en los servicios postales. (Jiji Press)

“La justicia penal quizás no sea un asunto que despierte demasiado interés entre el común de los ciudadanos. A mí tampoco me interesaba. Cuando oía en las noticias que habían detenido a un sospechoso por algún caso, me alegraba saber que un malvado más había sido capturado, eso era todo”, reflexiona Muraki. “Pero cuando me vi obligada a probar mi inocencia tras mi detención, me di cuenta de que hay tres grandes problemas que impiden que los juicios se lleven a cabo de forma justa”.

“El primer problema es que los interrogatorios se hacen en un régimen de total aislamiento. Lo que finalmente apareció en el atestado, más que mis propias palabras, eran las notas parciales tomadas por el interrogador. Y ese atestado se convierte, en el juicio, en la principal prueba”. 

“El segundo es que si no reconoces las sospechas, el periodo de detención se va alargando. Suelen alegarse como razones del confinamiento la posibilidad de que el sospechoso destruya pruebas o huya, pero no se sopesa cuidadosamente si hay o no hay razones suficientes para privar a una persona de su libertad y, automáticamente, el confinamiento se prolonga mientras no te des por vencido. Y esa potestad de retenerte es el arma que utiliza la Fiscalía. Es una justicia que convierte al sospechoso en rehén”.

“Te preguntan amablemente si prefieres pasar la noche en sus dependencias”, dice Muraki con un rictus de amargura. “Al final, el fiscal es quien decide si te encierran o no. Esto lo utilizan como un arma. Tú temes continuar detenido y ellos te tientan con la libertad siempre que les des la razón en sus pretensiones”.

“El tercer problema es el de la revelación de las pruebas. Solo la policía y la Fiscalía pueden hacer registros domiciliarios y, por eso, todas las pruebas importantes obran en su poder. Hay que ir tanteando a ciegas para encontrar las pruebas necesarias para la defensa y pedir a la Fiscalía que las revele”.

Un comentario inadmisible del interrogador

Según el cuadro pintado por la Fiscalía, en 2004 Muraki estaba haciendo los preparativos para que la Dieta (Parlamento) tramitase sin contratiempos una proposición de ley para promover la autonomía de las personas con discapacidad. Muraki respondía a una petición de un parlamentario, que a su vez hacía valer sus influencias a requerimiento de una supuesta asociación que trabajaba para dichas personas. Según sospechaba la Fiscalía, Muraki ordenó emitir los certificados en favor de la asociación para contentar al parlamentario.

Entre las cosas que oyó decir al fiscal durante el interrogatorio, hubo una que causó una fuerte impresión en Muraki: “Si se emite una sentencia en suspenso (libertad condicional), es que el delito no es tan grave”.

“Cuando pedí una aclaración, el fiscal me dijo que delitos graves eran los asesinatos o lesiones. No pude reprimirme y protesté diciendo que, antes que reconocer haber hecho algo tan miserable como falsificar certificados para que una pretendida asociación de defensa de las personas con discapacidad se lucrase, más llevadero me parecía tener que reconocer, por ejemplo, haber acuchillado al hombre por el que estaba loca de amor”. 

No es fácil imaginar a Muraki, una mujer de pequeña estatura y aspecto pacífico, diciendo cosas tan tremendas pero, según ella misma explica, estaba profundamente enfadada. “Por supuesto, los asesinatos y las lesiones son delitos, pero los seres humanos a veces nos dejamos arrastrar por las pasiones. A mí me pareció que ese tipo de delitos merecían más compasión. Por mucho que puedan darte la libertad condicional, si eres culpable eres culpable. Al oír aquello de que no era algo tan grave, sentí que la forma de entender las cosas de la Fiscalía estaba muy apartada de la de la gente común.

Ocultamientos y falsificación de pruebas por parte de la Fiscalía

“Si fui declarada inocente, fue por suerte”, afirma Muraki. “Una de las abogadas del equipo de defensa me dijo que, ya que yo era la que más tiempo libre tenía de todos y ellos no sabían muy bien qué proceso seguía la expedición de certificados en una oficina pública, revisase yo misma todos los papeles en busca de cualquier indicio sospechoso e hiciese una lista de los hallazgos, para que ellos vieran después si había algo utilizable en el juicio”.

Efectivamente, Muraki tenía mucho “tiempo libre” durante su detención en Osaka, así que inició la frenética búsqueda entre toda aquella ingente cantidad de copias de materiales probatorios revelados al equipo de la defensa por la Fiscalía. Su mirada se detuvo en uno de los informes de la investigación. Allí aparecía el apartado de properties (informaciones como la fecha y hora de creación y modificación de un archivo) de un disquete (floppy disk) que contenía un archivo creado cuando se elaboraron los certificados, pero la fecha de creación que aparecía en el informe entraba en contradicción con lo pretendido por la Fiscalía. En realidad, la Fiscalía había ocultado la existencia de tal disquete, que quizás ni siquiera pensaba aportar al juicio, y el informe correspondiente se coló por descuido entre los documentos revelados.

Este descubrimiento sirvió para desbaratar el relato de los hechos que presentó la Fiscalía en el juicio. Días más tarde se supo también que la Fiscalía había modificado las properties del disquete, de forma que la fecha coincidiera con sus explicaciones.

“Resultaba poco natural que entre las pruebas reveladas por la Fiscalía no figurase el propio disquete con el que se habían creado los certificados falsos”, señala Muraki. “Repetidas veces le dije al fiscal que me interrogaba que tenía que haber un archivo electrónico del momento en que se emitieron los certificados, pero su respuesta era que tales datos no existían”. Temiendo que durante el juicio saliera a relucir la existencia del disquete como prueba que contradecía la demostración hecha por la Fiscalía, esta manipuló el disquete y ocultó su existencia.

Una reforma de la justicia criminal todavía incompleta

En este caso, que acarreó la dimisión del fiscal general del Estado, la Fiscalía Suprema hizo público el resultado de la investigación interna, pero el informe no incluía ninguna reflexión sobre por qué se redactaron tantos atestados a partir de declaraciones extraídas mediante presión y por qué no revisó la actuación pese a haberse percatado de los errores cometidos. Para elucidar el caso, Muraki interpuso una demanda para obtener reparación del Estado, pero el Estado se avino a indemnizar a la demandante sin objeciones, para poner fin rápidamente al juicio. Por otra parte, en 2011 se creó una comisión especial para deliberar sobre temas judiciales y adaptar a los nuevos tiempos la administración de justicia criminal que incluyó entre sus miembros a Muraki, quien pudo participar en los debates. La mayor parte de los miembros de este órgano eran expertos en justicia criminal.

“Una de las cosas más chocantes que oí en aquella comisión”, recuerda Muraki, “fue que tener que hacer grabaciones de imagen y sonido de los interrogatorios tendría un efecto negativo sobre el mantenimiento del orden público. Pero, lo peor para la seguridad ciudadana, ¿no es atrapar a la persona equivocada y dejar libre al verdadero delincuente?”.

Las reformas que se ha decidido hacer a raíz de las deliberaciones de la comisión incluyen algunas mejoras, como la de obligar a la Fiscalía y a la policía de hacer videograbaciones de los interrogatorios y de entregar a los abogados de los sospechosos un listado de las pruebas que serán presentadas. Sin embargo, Muraki entiende que, en muchos sentidos, subsisten muchos problemas. “La obligatoriedad de hacer videograbaciones solo es para los casos que serán juzgados con jurado y para las investigaciones iniciadas a iniciativa de la Fiscalía, y no afecta a las declaraciones de los testigos (personas distintas al sospechoso cuyo testimonio se requiere)”.

Otro hándicap para el sospechoso es que no puede testificar en presencia de su abogado. “En los interrogatorios, subes al ring siendo un amateur y tienes que enfrentarte a un profesional, el fiscal, sin segundos y sin disponer tampoco de un árbitro. Si se da por imposible que el abogado acompañe al interrogado, debería habilitarse al menos un sistema por el que este pudiera consultar a aquel al firmar el atestado de sus declaraciones”.

No se ha despejado la sospecha de que aquellas pruebas que resulten más incómodas para la Fiscalía acaben no siendo reveladas y tampoco se ha dado ningún avance en el tema del confinamiento al que se ve sometido el investigado, convertido en “rehén de la justicia”. Como ocurrió en la caso de Muraki, alegar el temor a que el investigado huya o destruya pruebas es suficiente para obtener del juez una prolongación del periodo de detención. “Es necesario crear unas normas transparentes para la detención y tener un sistema que pueda aplicarse adecuadamente”.

Muraki señala que la “patología” que presenta la Fiscalía, que interroga utilizando presiones y que es incapaz de enmendarse aun conociendo sus propios errores, está presente también en otras instituciones del país. “Se están descubriendo prácticas corruptas en muchos órganos de la Administración”, dice, “como el ocultamiento de documentos y las falsificaciones cometidos por el Ministerio de Finanzas, que tuvieron lugar en 2018. La tendencia de las propias organizaciones a encubrir sus fracasos y errores haciendo ver que lo sucedido no es tal cosa tiene su origen, según Muraki, en la idea de que hay que defender la imagen y de que en la Administración los fracasos y errores no están permitidos. “Igual que en el caso de las grabaciones de los interrogatorios, es importante crear mecanismos visibles desde el exterior. Hacer normas y mecanismos claros, y apertura informativa. Si hacemos mecanismos que no permitan ocultamientos se harán imposibles también las excesivas deferencias a los políticos y mentalmente esto representará una liberación para los funcionarios”.

Dando un sentido social a la dura experiencia de 164 días de reclusión

Lo que sostuvo moralmente a Muraki durante su falsa imputación fueron los fuertes lazos familiares y el apoyo de mucha gente que creyó en su inocencia, pero también un experto equipo de abogados y la gran curiosidad que demostró tener la propia interesada. Durante el medio año que pasó en el centro de detención de Osaka como “presa preventiva número 13”, no dejó de tomar apuntes, anotando incluso la comida que se le servía.

“Era la primera vez que tenía tanto tiempo libre”, comenta Muraki, que antes de su detención estaba saturada de trabajo. “No tenía ningún trabajo que hacer, ni una casa que llevar, me servían las tres comidas diarias, me lavaban la ropa… y la limpieza de la celda la hacía en un momento, porque no tenía más de cinco metros cuadrados”.

Además de prepararse para el juicio, leyó vorazmente cuantos libros llegaron a sus manos, entre ellos muchas novelas policíacas. Calcula que fueron unos 150. Lógicamente, su vida de reclusión comportó también su parte amarga, como no poder echarse cuando lo necesitaba, tener que soportar el insoportable calor del verano y tener que esperar hasta la hora establecida para poder asearse.

Pero Muraki terminó aceptando estas reglas como parte del juego y aprovechó para observar lo que ocurría a su alrededor. Lo que más le llamó la atención fue que las convictas que se encargaban de traer y llevar la comida o la colada como parte de sus obligaciones eran todas chicas jóvenes que conservaban todavía un aire de inocencia. Llegó a preguntarle por aquellas chicas a su interrogador. Este le dijo que la mayoría estaba allí por drogas y algunas por prostitución.

Al reintegrarse a su puesto en la Administración, Muraki asumió tareas relacionadas con la prevención del suicidio y la ayuda a las personas en dificultades económicas graves. A través de este trabajo, supo que muchas jóvenes que parten de ambientes familiares duros donde imperan la pobreza, los malos tratos y la violencia sexual acaban en la industria del sexo al no tener ningún lugar adonde ir. Muraki puso fin a su carrera en la Administración en 2015 después de haber ascendido al cargo de viceministra administrativa. Un año después estuvo, junto a la famosa monja budista y escritora Setouchi Jakuchō, entre las creadoras de la iniciativa Proyecto Wakakusa, que pretende ayudar a las jóvenes que padecen dificultades vitales. Muchas sienten que han sido malas y que no merecen la ayuda de los demás, situándose así fuera del alcance de los sistemas públicos de ayuda. El Proyecto Wakakusa ha establecido una línea de consulta a través del sistema LINE, dispone de refugios para las mujeres y lleva a cabo estudios, además de favorecer el establecimiento de otras entidades de ayuda.

Cuando le decimos que ha conseguido dar un magnífico sentido social a su experiencia de 164 días de reclusión, la oímos reír suavemente.

“Cuando era funcionaria, mi trabajo consistía en estudiar cuál podía ser el papel de la Administración, qué sistemas podíamos crear. Ahora que ya no lo soy me he apartado de ese trabajo, pero esto me ha permitido desarrollar libremente otras actividades, aunque, por supuesto, me gustaría que alguna vez lo que estoy haciendo ahora se viera reflejado en algún nuevo sistema público. Por ahora, estoy en proceso de liberar poco a poco mi propia mente". 

Reportaje y texto: Itakura Kimie (redacción de nippon.com)

Fotografía del encabezado y de la entrevista: Miwa Noriaki.