El “asesor fantasma” sobre derechos humanos para el primer ministro

“Adoptaremos una postura firme en cuestiones de derechos humanos”, se comprometió en su día Kishida Fumio. El primer ministro japonés decidió establecer un asesor especializado en derechos humanos durante las elecciones presidenciales del PLD en septiembre de 2021, puesto para el cual eligió al exministro de Defensa Nakatani Gen, de su gabinete. La administración de Kishida, con ya casi tres años en su haber, ha recibido críticas tanto positivas como negativas, pero la cuestión de ese asesor del primer ministro en materia de derechos humanos puede ser uno de los detalles que más han dañado la imagen de Japón a nivel internacional.

Aunque se trataba de un puesto clave para el primer ministro, esa figura desapareció tras solo dos años, con la remodelación del Gabinete en septiembre de 2023. Se creó un nuevo puesto a cargo de salarios y empleo, y se nombró para él a la exvicerepresentante del Partido Democrático para el Pueblo, también empleada de Panasonic, por lo que se dijo que aquello había quedado fuera del cupo de cinco asesores especializados.

En una entrevista concedida a Jiji Press, Nakatani citó como logros de estos dos años la creación de una conferencia interministerial sobre dos temas: la formulación de un plan de acción para prevenir los trabajos forzados y otros abusos de los derechos humanos por parte de empresas, y una revisión de sistemas nacionales tales como el que regula la aceptación de refugiados.

Sin duda se avanzó en determinados campos gracias a que los parlamentarios tomaron la iniciativa, hasta cierto punto. Creo, sin embargo, que el impacto negativo creado al enviar una señal equivocada a la comunidad internacional cuando se eliminó el puesto de asesor sobre derechos humanos fue mucho mayor.

Cuando cubro noticias sobre organizaciones internacionales, la brecha entre las normas mundiales y el sentido común japonés se deja sentir en términos de concienciación sobre derechos humanos: en la sede europea de la ONU, de la que me encargué en la década de los noventa, el “sistema penitenciario sustitutivo” japonés era objeto de críticas cada año.

Confieso con vergüenza que, cuando no era más que un reportero novato sobre casos judiciales, no me cabía la menor duda de que los sospechosos eran detenidos e interrogados en centros de detención de comisarías. No fue hasta que cubrí los debates en el Comité de Derechos Humanos de la ONU cuando me enteré de que los centros de detención, en su función de “prisión sustitutiva”, podían ser un caldo de cultivo para, por ejemplo, interrogatorios ilegales, prolongados durante días y días, en los que se coaccionaba para lograr confesiones. Me di cuenta entonces de que el sentido común japonés no está a la altura de las normas internacionales.

Una organización que aún no se ha establecido en Japón, pese a las normas internacionales sobre derechos humanos, es la Institución Nacional de Derechos Humanos. Dichas instituciones son independientes para el Gobierno, y las conforman académicos, abogados y ciertas organizaciones no gubernamentales; se ocupan de investigar y remediar las violaciones de los derechos humanos en el país, hacer recomendaciones al Gobierno y al parlamento, e impartir educación sobre derechos humanos a la ciudadanía. En la actualidad, la Federación Internacional de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos cuenta ya con 118 naciones miembros, pero Japón no está asociado a ella. En 2003 se presentó a la Dieta un proyecto de ley de protección de los derechos humanos para crear esta organización, pero este proyecto aún no ha sido aprobado, y el público ni siquiera sabe de su existencia.

Si en Japón hubiera existido desde antes una institución nacional de derechos humanos, casos como la muerte de una mujer de Sri Lanka detenida en la Oficina de Inmigración de Nagoya, la agresión sexual a jóvenes en la antigua agencia de representación de artistas Johnny & Associates, o la esterilización forzosa en virtud de la antigua Ley de Protección Eugenésica habrían tomado un cariz completamente distinto.

“Derechos humanos” es una expresión clave en la sociedad contemporánea. Creo que la mirada de la comunidad internacional sobre la situación de los derechos humanos en Japón es mucho más severa de lo que los japoneses imaginamos. Espero que los líderes políticos que aspiran a formar el Gobierno posterior al gabinete de Kishida se esfuercen por salvar la distancia que nos separa de las normas internacionales, en lugar de seguir los pasos de la actual administración y su confuso mensaje a la comunidad internacional sobre derechos humanos.

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: las hermanas Poornima, a la izquierda, y Wayomi sostienen el retrato de la ciudadana de Sri Lanka Wishma Sandamali durante la aprobación de la Ley de Inmigración y Refugiados revisada en la Dieta el 9 de junio de 2023 – Jiji Press.)