¿Cómo remediar la insuficiencia energética en el área metropolitana?

Un suministro en la cuerda floja

Como ocurrió en marzo, para este verano se esperan también dificultades en el suministro energético del área metropolitana. De hecho, se vienen emitiendo advertencias desde que finalizó la temporada de las lluvias (mediados de julio). Debido a situaciones como cierres temporales o definitivos de algunas centrales térmicas, así como al retraso en la reactivación de las nucleares, el suministro de energía eléctrica está en la cuerda floja y va a continuar así durante algún tiempo. A nivel mundial los precios del petróleo y del gas natural se han disparado y su suministro desestabilizado a consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia y del rápido crecimiento de la demanda que ha traído consigo la salida de la pandemia.

Japón se ha visto, además, sacudido por una impactante noticia. El 30 de junio, el presidente ruso Vladímir Putin firmó una orden según la cual se crearía una nueva empresa a la que se transferirían los activos de la Compañía de Inversión Energética de Sajalín, un proyecto de extracción de petróleo y gas en zonas marítimas cercanas a la isla rusa (Sajalín-2) en el que participan grandes compañías comercializadoras japonesas. Esta medida, que implica una expropiación de hecho, ha sido interpretada como una represalia por las medidas punitivas tomadas por Japón en respuesta al ataque ruso sobre Ucrania. No se sabe si las empresas japonesas podrán seguir operando en el proyecto.

Desde círculos industriales japoneses se venía insistiendo en que Japón tenía que ser muy prudente a la hora de imponer sanciones a Rusia. Sin embargo, buscando la consonancia con el resto de los países desarrollados del G7, el Gobierno de Japón acalló estas advertencias y se dejó arrastrar hacia la aplicación de sanciones económicas contra Rusia. La expropiación de Sajalín-2 se veía venir desde el momento en que Japón pasó a formar parte de los “enemigos de Rusia”.

Pero en Japón siguen alzándose las voces de quienes dudan de que tal postura haya sido conforme a los intereses nacionales de Japón. En el suministro de petróleo, Japón depende en un 90 % de una región tan problemática geopolíticamente como es el Oriente Medio. Para diversificar las fuentes de suministro de petróleo y gas, Sajalín tenía una gran importancia.

Aunque los países desarrollados siguen adelante con sus sanciones contra Rusia, la mayor parte de los países del mundo no se han adherido a ellas, con los casos palmarios de India y China. Comerciando con todos estos países, Rusia está asegurándose la entrada de divisas y parece que las sanciones no están causándole daños demasiado graves.

Aunque la expropiación no significa una suspensión automática de las importaciones de petróleo y gas desde Sajalín, en caso de que una cosa así ocurra va a ser muy difícil encontrar fuentes de suministro alternativas. Y es que la demanda de petróleo y gas está en alza en todo el mundo y sus precios también lo están. Se dice que la situación acarrearía un costo extra para Japón de entre uno y dos billones de yenes.

Aunque pudiera lograrse dar continuidad a las importaciones desde Sajalín, no parece que vaya a ser posible rebajar las tensiones con Rusia y esto quiere decir que no cabe confiar en obtener de dicho país un suministro estable.

Las térmicas, víctimas de las políticas de descarbonización

Una de las causas de las dificultades que atraviesa el suministro de electricidad es el cierre temporal o definitivo de muchas centrales térmicas. Hay que preguntarse cómo se ha llegado a esta situación. Para 2030, el Gobierno de Japón se ha fijado la meta de reducir en un 46 % las emisiones de CO₂ y otros gases de efecto invernadero con respecto a las cifras de 2013. Para 2050, se espera llegar a las cero emisiones. Las centrales térmicas, que suponen el 40 % del total de emisiones de CO₂ de Japón, han quedado en el punto de mira. Además, algunas centrales térmicas se han visto también obligadas a cerrar por efecto de la introducción a gran escala de la electricidad de origen solar, que se ha beneficiado de generosas subvenciones oficiales en el marco del sistema de compra a precio fijo de electricidad procedente de energías renovables, también llamado sistema Feed in Tariff (FIT).

¿Qué ha sucedido? Esta política energética ha causado un descenso en el rendimiento de las centrales térmicas, que a su vez ha ocasionado la merma de sus ingresos por ventas hasta el punto de que con los beneficios que obtienen ya no pueden costear sus operaciones.

Ahora, cuando afrontamos una crisis de suministro, ya no podemos contar con el aporte de estas centrales térmicas. La energía solar acusa las variaciones del tiempo atmosférico y la inestabilidad de su suministro no ha podido remediarse todavía. En Japón, las mayores dificultades de suministro se dan durante las horas de la noche, en las que los paneles solares no funcionan.

El 22 de marzo, cuando la zona del país a cargo de la compañía eléctrica TEPCO estuvo a punto de sufrir un gran apagón, la producción de energía solar fue prácticamente nula.

Si queremos tener un suministro estable de electricidad, tendríamos que seguir sosteniendo las centrales térmicas, pagando lo debido por la electricidad que producen a bajo rendimiento. Sin embargo, la atención a las térmicas se ha descuidado pues ahora la mentalidad imperante es que dar un trato de favor a las térmicas está en contra de las directrices gubernamentales de descarbonización, y que sostener con dichos pagos las instalaciones eléctricas de las compañías existentes se contradice con las directrices de liberalización del sector eléctrico.

Ahora bien, las dificultades de abastecimiento eléctrico no solo afectan a los hogares, pues tienen también un fuerte efecto sobre la actividad económica de las empresas. El problema resultante es realmente grave y exige una respuesta a toda costa.

La reactivación nuclear recibe nuevos apoyos

Ante esta situación, las tornas se están volviendo a favor de la reactivación de las centrales nucleares del país. Se hacen declaraciones en ese sentido, unas veces procedentes de los parlamentarios de los partidos que forman el Gobierno, otras del mundo empresarial, e incluso del propio primer ministro, Kishida Fumio. Además de remediar la escasez eléctrica, la energía nuclear serviría también para reducir la demanda mundial de combustibles fósiles y, de esa forma, rebajar también sus precios.

En su aparición ante las cámaras de la cadena Nihon TV el 13 de junio, Kishida declaró que la reactivación de un solo reactor nuclear equivaldría a disponer en el mercado mundial de un millón de toneladas más de gas natural licuado, y se reafirmó en su intención de ir reactivando las centrales del país en cuanto pueda garantizarse la seguridad de sus operaciones.

Ante la crisis energética que padecemos, en muchos países del mundo se están replanteando las posturas frente a la energía nuclear. Francia, país que obtiene un 67 % de su electricidad en las centrales nucleares, se está estudiando instalar otros seis reactores más para alcanzar las metas de la descarbonización.

Para empezar, Japón debería también proceder a la reactivación de sus centrales nucleares, que están paradas sin que exista una base legal para ello. Pero esto no podrá hacerse sin que, previamente, el actual Gobierno dé claras muestras de que está decidido a poner en práctica estos planes. Sin ese liderazgo, nada indica que se pueda poner fin a las sucesivas dilaciones que hemos visto durante los 10 últimos años.

El principal factor que ha impedido hasta ahora la reactivación nuclear es la lentitud de las comprobaciones de seguridad en las instalaciones, que se hacen siguiendo los nuevos estándares instaurados por la Autoridad de Regulación Nuclear. En otros casos, como los de las centrales de Kashiwazaki-Kariwa (prefectura de Niigata) y Tōkai Daini (Ibaraki), la causa es la oposición de las autoridades locales, una oposición que legalmente no tiene fuerza vinculante.

Sin embargo, por mucho que los reglamentos y criterios hayan sido revisados y hayan sido aplicados con carácter retroactivo a los reactores existentes, nos preguntamos si hay fundamentos legales que justifiquen la supuesta necesidad de apagar todos los reactores del país. No vemos que en el extranjero haya ningún caso parecido.

Aunque las leyes que rigen la reglamentación de los reactores nucleares no imponen la obligación de apagar los reactores para hacer el backfit (puesta al día, adaptación a las nuevas normativas), a la Autoridad de Regulación Nuclear se le reconoce un amplio margen de discrecionalidad y se interpreta que esta discrecionalidad le permite apagarlos. Sin embargo, no hay ningún fundamento legal para establecer si estos deben estar apagados hasta que se consigue la adaptación a las nuevas normativas, ni qué margen de tiempo se concede hasta que se alcanza la solución definitiva. Al final, no se aprecia que haya otra razón que las instrucciones que parten de la administración sobre la base de la discrecionalidad de dicho órgano regulador, que, por su parte, tampoco ha emitido ningún documento oficial que exija la aplicación inmediata de todos los backfit.

La autorización dada en su día para la instalación de los reactores antes de su adaptación a la nueva normativa y a los nuevos estándares sigue estando legalmente vigente y la reactivación sería posible si la Autoridad de Regulación Nuclear cambiase sus directrices de forma que, con un suficiente margen de tiempo, se permitiera a esos reactores ir adaptándose a dichas normativas y estándares sin necesidad de detener su funcionamiento.

Eliminación del recargo FIT

Otra forma de reducir la factura eléctrica sería la propuesta que el Partido Democrático para el Pueblo incluyó en su programa para las pasadas elecciones a la Cámara Alta de eliminar el recargo FIT, que sirve para compensar los costos en que incurren las eléctricas al comprar energías renovables. Con esto, según dicho partido, sería posible obtener un promedio de rebaja de unos 10.000 yenes anuales. Actualmente, el recargo FIT supone aproximadamente el 10 % de la factura de la luz y se prevé que se eleve en el futuro. Ciertamente, de eliminarse el recargo la factura se reduciría. Lo que ocurre es que, en la propuesta de este partido, la parte que las eléctricas dejarían de ingresar en concepto de FIT sería cubierta por los fondos públicos de emergencia, pero financieramente esto no resulta sostenible.

Eliminar sin miramientos el FIT no es viable, ya que supondría un ataque frontal contra los derechos de propiedad de las empresas que invirtieron en renovables con la premisa de que el FIT se seguiría aplicando. En todo caso, habrá que idear algún método para evitar que la carga que el FIT representa para los consumidores se haga todavía más pesada, como suspender las licitaciones para nuevos proyectos o rebajar drásticamente los precios de compra para los proyectos adjudicados en su día a alto precio que todavía no están en fase de construcción.

La trampa de la liberalización de la energía eléctrica

La reactivación de las centrales nucleares aliviaría las carencias energéticas a corto plazo, pero si no se modifican los actuales planes de liberalización de la electricidad y de separación de las estructuras de generación y distribución de electricidad, el rendimiento de las centrales térmicas en condiciones normales seguirá bajando, su sostenibilidad quedará todavía más mermada y se verán abocadas al cierre.

Antes de la liberalización, existían 10 empresas eléctricas integradas verticalmente que se repartían el territorio japonés con la obligación de suministrar suficiente fluido eléctrico a cada zona. Para compatibilizar suministro estable y viabilidad económica, estas empresas se gestionaban conjuntamente, de modo que se optimizasen las operaciones a los niveles de generación, distribución y venta al por menor. Si era posible entonces emprender inversiones a muy largo plazo como la de una planta nuclear era precisamente porque dichas empresas estaban integradas verticalmente.

Sin embargo, con el sistema actual, la optimización se lleva a cabo por partes, separando la generación de la venta al por menor, y de hecho ya nadie asume el deber de suministrar. Por eso, que las compañías eléctricas vayan eliminando las plantas térmicas que trabajan a bajo rendimiento se ha convertido en una medida “adecuada” al fin de la racionalización económica. La consecuencia es que ahora las crisis de suministro eléctrico son crónicas. Hace ya más de 10 años desde que los entendidos comenzaron a señalar este problema y hay que decir que tenían toda la razón.

Como medida de emergencia para salir de esta situación, podría recurrirse al método de aumentar los pagos por el volumen de energía producida en las centrales térmicas, de modo que pueda darse a sus administradores la opción de seguir operándolas.

Pero el problema de fondo es que en Japón nadie se responsabiliza de que el país, en conjunto, reciba un suministro eléctrico suficiente. En nombre de la liberalización, en Japón las grandes empresas eléctricas han sido desguazadas o debilitadas, pero los sistemas ideados por el Gobierno para garantizar un suministro estable han fracasado y ahora la electricidad que producimos ya no satisface nuestra demanda. Creo que, para asegurar un suministro estable con una amplia perspectiva y una visión estratégica, será necesario crear una empresa integrada y sólida que se responsabilice de responder a esa demanda. Si no abandonamos la liberalización y volvemos a un modelo de integración vertical como el que teníamos, por mucho que el Gobierno se obstine en intervenir y en modificar las normas del mercado, no va a ser posible conseguir un suministro estable ni unos precios asequibles para la electricidad.

Fotografía del encabezado: La torre Tokyo Skytree en fotografía tomada el 29 de junio de 2022. Esa tarde la iluminación de la torre se retrasó en respuesta al aviso público de que el suministro de fluido eléctrico peligraba. (Jiji Press)