El poder del COI mediante ‘tratados desiguales’ y los riesgos futuros de las olimpiadas

El presidente del COI alardea con su Here We Go

Sucedió en la reunión de cinco que tuvo lugar el 21 de junio, en la que se decidió el aforo permitido en las olimpiadas y participaron remotamente el presidente del COI Thomas Bach, el presidente del Comité Paralímpico Internacional Andrew Parsons, la presidenta del Comité Organizador de Tokio 2020 Hashimoto Seiko, la gobernadora de Tokio Koike Yuriko y la ministra de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Marukawa Tamayo.

Bach abrió el encuentro con las siguientes palabras: “Estoy deseando escuchar la decisión de todos ustedes sobre la limitación del público”. Su comentario daba a entender que no se posicionaba como líder en la gestión del problema, sino como un mero testigo. También apuntó: “Quiero anunciar al mundo Here We Go (‘allá vamos’). Estamos preparados”.

Todas las ventas de las entradas se destinan al Comité Organizador, mientras que los derechos de emisión por televisión son la fuente principal de ingresos del COI. Para este segundo organismo, lo importante no es la presencia o ausencia de público, sino que el acontecimiento se lleve a cabo y que se emita en todo el planeta.

Los derechos de emisión representan en torno al 70 % de los ingresos totales del COI. La gran cadena estadounidense NBC Universal ya ha pagado 12.030 millones de dólares (1,3 billones de yenes, aproximadamente) para emitir todos los juegos desde los de invierno de Sochi 2014 hasta los de verano de 2032.

Jeff Shell, director general de NBC Universal, que emitirá 7.000 horas de programa en Tokio 2020 —la emisión olímpica más larga de la historia—, se muestra muy seguro del éxito de la emisión: “Cuando empiece la ceremonia de inauguración, todos se olvidarán de todo y disfrutarán”. Las previsiones sobre los índices de audiencia deben de ser muy optimistas puesto que, con la pandemia, la gente pasa la mayor parte del tiempo en casa.

Se estima que unos 4.000 millones de personas verán los Juegos por televisión este verano. Con esta titánica influencia en sus manos, el COI acapara los derechos no solo de emisión televisiva, sino también de los principales patrocinadores del mundo. El contrato estratosférico establecido con todos estos implica que, en caso de cancelación o posposición del acontecimiento, podrían exigirse indemnizaciones.

Por eso las olimpiadas deben celebrarse pase lo que pase. Al preguntarle si seguirían adelante incluso bajo el estado de emergencia, el vicepresidente del COI John Coates respondió “La respuesta es un sí rotundo”, un comentario que contribuyó a desatar el escándalo.

El Contrato con la Ciudad Anfitriona evidencia el poder del COI

En el contexto que acabamos de exponer, el miembro veterano del COI Dick Pound emitió unas sorprendentes declaraciones en una entrevista para el semanario Bunshun: “Aunque el primer ministro Suga (Yoshihide) quisiera cancelar los Juegos, su postura no sería más que una opinión personal. Seguirían adelante de todas formas”. El problema no yace solo en la separación entre política y deporte, sino en que el COI tenga el derecho de decidir si las olimpiadas se llevan a cabo o no a pesar de que haya una pandemia mundial y en lo categórico de esa afirmación, que no tiene en cuenta la opinión del líder del país anfitrión para nada.

El Contrato con la Ciudad Anfitriona de los Juegos Olímpicos, que el COI firmó con el Gobierno Metropolitano de Tokio y con el Comité Olímpico de Japón (COJ), estuvo en el punto de mira en 2020, cuando se decidió postergar el acontecimiento. Cuando se rumoreaba sobre una posible cancelación, el entonces primer ministro Abe Shinzō propuso posponerlo —opción que no figuraba en el contrato— y logró convencer al COI. El contrato cobró protagonismo al discutir las indemnizaciones que habría que pagar en el caso de que este año también se cancelaran las olimpiadas.

El artículo 66, “Cancelación del contrato”, especifica que el COI se reserva el derecho de decidir sobre la cancelación como sigue: “La ciudad anfitriona, el Comité Olímpico Nacional (NOC) y el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos (COJO) renuncian a la reclamación y al derecho sobre cualquier compensación o indemnización por daños o a otros tipos de indemnizaciones en el caso de que el COI cancele el acontecimiento o rescinda este contrato por cualquier motivo. También se comprometen a indemnizar al COI y lo liberan de toda responsabilidad en reclamaciones, litigios o juicios a los que se incurra con terceros en relación con dicha cancelación o rescisión. Es responsabilidad del COJO notificar el contenido de este artículo a todos los socios con quienes establezca el contrato”.

Es decir, que Tokio, como ciudad anfitriona, es quien se encarga de preparar las instalaciones, las carreteras y los lugares para los actos que lleva a cabo el COI. Puesto que Japón acoge los Juegos porque se presentó como candidato, si se echara atrás, sería muy probable que el COI le reclamara una indemnización prohibitiva. En cambio, el COI no se hace responsable de compensación alguna. Por eso se dice que el Contrato con la Ciudad Anfitriona de los Juegos Olímpicos es un acuerdo desigual.

Los Juegos se agrandan por la vía del comercialismo

El poder del COI se amplió en tiempos de Juan Antonio Samaranch, que presidió el organismo antes que Thomas Bach y Jacques Rogge. Como séptimo presidente, en activo de 1980 a 2001, impulsó la vertiente económica de las olimpiadas por la vía del comercialismo. Todo empezó con Los Ángeles 1984, cuando el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos limitó los patrocinadores a una empresa por sector y logró unas “olimpiadas privadas” que no dependieron de los impuestos. Ante el éxito de aquella edición, Samaranch puso en marcha el sistema de patrocinadores mundiales TOP (The Olympic Partner) en 1988, en los juegos de invierno en Calgary y los de verano en Seúl.

Se dice que la ciudad suiza de Lausana, donde se halla la sede central del COI, recibía un “peregrinaje a Samaranch” continuo de grandes empresas que querían convertirse en patrocinadoras. Muchas firmas japonesas acudieron también. El Museo Olímpico que se fundó en la ciudad en 1993 exhibe bloques de piedra con los nombres de las organizaciones que contribuyeron en su construcción. Cada bloque equivale a una donación de un millón de dólares (unos 110 millones de yenes).

Gracias a las contribuciones de un gran número de empresas, el COI fue dilatando la rentabilidad de las olimpiadas. Los Gobiernos y las grandes ciudades de todos los países, animados por la influencia del acontecimiento y su capacidad de elevar el prestigio nacional, se lanzaron en masa a presentar sus candidaturas.

Desde que lo fundara el barón Pierre de Coubertin, el COI venía desarrollándose en torno a la clase noble, pero, a partir de la era Samaranch, se acentuó la presencia de los “mercaderes” en él. Aunque el periódico estadounidense Washington Post llamó Baron Von Ripper-off (‘barón de la estafa’) al actual presidente en un artículo, Bach, abogado alemán, no pertenece a la nobleza.

Los temidos perjuicios al movimiento olímpico a largo plazo

Una anécdota que ilustra cómo es la relación entre el COI y las ciudades anfitrionas es la de Oslo, que retiró su candidatura para los juegos de invierno de 2022. Inmediatamente después de que la capital noruega anunciara su retirada en 2014, los medios de comunicación occidentales publicaron una lista de los servicios de hospitalidad que el COI había exigido para celebrar el acontecimiento.

Según informó la revista estadounidense Newsweek, se requerían a Oslo los siguientes privilegios, entre otros: reunión del COI con el rey de Noruega antes de la ceremonia de inauguración y, después de esta, fiesta en el palacio real a cargo del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos; preparación de un carril especial en la carretera para los miembros del COI; celebración de una recepción de bienvenida del presidente del COI en el aeropuerto, suministro de bebidas alcohólicas de todo tipo en las ceremonias de inauguración y clausura, y de vino y cerveza en los salones de las instalaciones deportivas durante las competiciones. Oslo cuestionó estas exigencias y optó por echarse atrás ante los disparatados gastos que iban a suponerles aquellos agasajos. No se conocen los detalles de este tipo de servicios en Tokio 2020, pero ya se sabe que los miembros del COI se alojarán en hoteles de cinco estrellas de las zonas de Akasaka y Roppongi. ¿Creerá el COI, que disfruta de ese trato tan ajeno a las sensibilidades populares, que los Juegos van a seguir desarrollándose en paz y armonía en el futuro?

El 23 de junio, un mes antes de la inauguración de Tokio 2020, la cadena pública canadiense CBC publicó en su web un artículo que expresaba preocupación por el estado de los preparativos para el acontecimiento. En el texto, el periodista y traductor Michael Plastow, residente en Japón, señalaba posibles daños a largo plazo al movimiento olímpico, que es el que difunde el espíritu de las olimpiadas: “Va a ser como una fiesta sin ambiente celebratorio. No cabe duda de que el estrepitoso fracaso en la administración financiera y la publicidad va a hundir todavía más la motivación, ya en declive, de los otros países para presentarse como candidatos a anfitriones”.

La presidenta del Comité Organizador Hashimoto Seiko afirmó en una rueda de prensa: “Contener el ambiente festivo al máximo es un reto. Creo que no va a convertirse en un acontecimiento que rebose celebración”. Se impone controlar el movimiento de personas para reducir el riesgo de contagio. Todo indica que el ambiente de júbilo y festejo brillará por su ausencia.

¿Qué valor transmitirán al mundo unos Juegos que dejan fuera el ambiente celebratorio y marcan distancias entre las personas? Bajo la nube negra de la pandemia, las olimpiadas se enfrentan al peligro inaudito de verse despojadas de su objetivo y su esencia.

Fotografía del encabezado: El vicepresidente del COI John Coates inspecciona el Centro de Gimnasia de Ariake con la presidenta del Comité Organizador Hashimoto Seiko el 23 de junio. (Jiji Press)