Se suceden las demandas judiciales contra las centrales nucleares

El supuesto de un gran tsunami, punto en discusión en los juicios

Las demandas judiciales abiertas en relación con las centrales nucleares japonesas pueden dividirse en dos grupos: las presentadas para exigir responsabilidades por el accidente de Fukushima y reparación por los daños ocasionados, y las que aspiran a paralizar las otras centrales nucleares del país. Las primeras parten de que el accidente de Fukushima ocurrió debido a que el Estado y la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) incumplieron sus obligaciones; las segundas parten de que, una vez evidenciada la peligrosidad de este tipo de instalación, debería dejarse de operar también el resto, desnuclearizando el país.

Paralelamente, en el Tribunal de Distrito de Tokio se sigue una causa por negligencia profesional resultante en muerte y heridas contra tres ex altos responsables (un expresidente del Consejo y dos vicepresidentes) de TEPCO. La fiscalía que investigó el caso en la demanda presentada por las víctimas del accidente decidió no presentar cargos, pero el Consejo de Investigación de la Fiscalía, un órgano elegido para representar a la ciudadanía, lo hizo contra los tres citados responsables.

Los puntos básicos que se dirimen en los juicios por el accidente de Fukushima hacen referencia a la situación previa al accidente: si el Estado y TEPCO eran conscientes del riesgo de que ocurriera un tsunami de grandes proporciones, y si pudieron haber prevenido los graves daños derivados de un gran tsunami tomando las medidas pertinentes. En ambos casos el Estado está representado por la Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial, órgano dependiente del Ministerio de Economía, Comercio e Industria, encargado de hacer las inspecciones en las centrales nucleares y conceder los permisos necesarios para que puedan ser operadas.

Veamos ahora por qué la discusión se centra en los supuestos teóricos de ocurrencia de un gran tsunami.

La construcción de muchas de las centrales nucleares japonesas se inició en los años 60 y 70, una época en que la sismología no estaba demasiado avanzada y en que las tecnologías de simulación de tsunami eran todavía insuficientes. Cuando se construyó Fukushima Daiichi (la central siniestrada), se manejaba el supuesto de que un tsunami podría alcanzar los tres metros de altura. Los más de 10 metros alcanzados por el tsunami de 2011 quedaban en aquella época completamente fuera de las previsiones.

Posteriormente, a medida que el país experimentaba nuevos terremotos y tsunami, se fue haciendo acopio de conocimientos. En julio de 2002, los sismólogos integrados en órganos consultivos gubernamentales emitieron un informe en el que alertaban de que en cualquier lugar de la costa pacífica de la región norteña de Tōhoku, en la que se ubica Fukushima Daiichi, existía el riesgo de que ocurriera un gran tsunami. La Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial solicitó a TEPCO que realizara una simulación de tsunami en Fukushima Daiichi y otras centrales, pero no insistió con la debida fuerza cuando se supo que la compañía no la estaba haciendo. Solo en 2008 realizó TEPCO una primera simulación. Como resultado de la misma, se estimó que el recinto de las instalaciones podría quedar inundado por el mar hasta una altura máxima de 15,7 metros, pese a lo cual la compañía ni se movió en la dirección de tomar medidas como la construcción de un dique efectivo, ni tan siquiera informó de dichos resultados a la citada agencia hasta poco antes de que ocurriera el accidente. La agencia estaba maniatada por el principio básico de que su única función era reglamentar el uso de las centrales nucleares y, además, en un ambiente cerrado de connivencia con las compañías eléctricas sostenido durante largos años, se había acostumbrado a tratarlas con demasiados miramientos. TEPCO, que temía reacciones de rechazo por parte de grupos ciudadanos críticos con la energía nuclear y Gobiernos locales, había desarrollado una tendencia a ocultar los hechos más incómodos, de forma que pasasen desapercibidos. Ninguno de los dos supo leer en la advertencia de los expertos la posibilidad de que ocurriera una crisis.

Hasta el momento se han emitido sentencias por tres demandas civiles colectivas en Maebashi, Chiba y Fukushima. Las tres coinciden en señalar que, cuando se emitió el informe en 2002, el Estado y la eléctrica TEPCO pudieron percatarse del peligro de que ocurriera un gran tsunami. Sobre su responsabilidad por no haber tomado medidas contra un tsunami, esta ha sido reconocida en los juicios de Maebashi y Fukushima, pero en el de Chiba no lo fue, pues se estimó que, entre otras razones, “posiblemente no hubo tiempo para tomarlas”.

Tanto el Estado como TEPCO van a seguir litigando en los tribunales, así que los juicios van para largo. En los fenómenos naturales como los terremotos, maremotos y erupciones volcánicas hay muchos aspectos que todavía no han sido elucidados científicamente. Las investigaciones y estudios siguen su avance, pero la cuestión es si, en lo que atañe a las centrales que ya han recibido del Estado permiso para operar, los supuestos de desastre van a ser revisados con flexibilidad reflejando dicho avance. A la hora de establecer supuestos que sirvan de base a los cálculos de seguridad, el problema fundamental es hasta qué supuesto de gravedad o tamaño de desastre deben tomarse responsabilidades.

10.000 demandantes

Según el abogado Managi Izutarō, representante legal del colectivo de Fukushima, que con sus más de 4.200 demandantes es el mayor del país, en relación con el accidente de Fukushima se han abierto procesos similares en 30 lugares, desde Hokkaidō al norte a Kyūshū al sur, que incluyen a un total de más de 10.000 demandantes. En muchos casos los demandantes son personas que han tenido que abandonar su vivienda y están pidiendo indemnizaciones al Estado o a TEPCO contratando abogados en su nuevo lugar de residencia, pero los asuntos que se dirimen en los juicios son básicamente los mismos.

“En el caso de nuestra demanda”, explica Managi, “queremos que Fukushima vuelva a ser la que era antes del accidente, pero al mismo tiempo pedimos también el abandono de la energía nuclear”.

El abogado Managi Izutarō, enero de 2018. (Fotografía: Shizume Saiji.)

Como en otras demandas legales interpuestas a raíz de casos de contaminación ambiental en las que Managi ha tomado parte como abogado, en este caso también ha seguido el estilo de formar un gran colectivo de víctimas del accidente, sin entrar en discusiones puramente científicas, como si la energía nuclear es segura o si la exposición a radiaciones comparativamente pequeñas tiene efectos sobre el organismo humano. En ese sentido, puede verse un nexo entre la demanda por el accidente de Fukushima, en el que la contaminación procede de las sustancias radiactivas, y otros procesos históricos ocurridos en Japón a partir de los años 60, como los juicios de Minamata y de la enfermedad itai-itai, por casos de grandes daños a la salud causados por sustancias nocivas emitidas por fábricas o minas.

Managi sostiene que lo que hizo el Estado permitiendo que TEPCO continuase operando Fukushima Daiichi a sabiendas de que existía el peligro de que un gran tsunami anegase sus instalaciones equivale a permitir que vuele un avión que no ha recibido un mantenimiento adecuado. La sentencia emitida por el Tribunal del Distrito de Fukushima reconoció la responsabilidad del Estado, pero los demandantes han apelado al considerar insuficientes las indemnizaciones ordenadas. También lo hicieron el Estado y TEPCO, por lo que el juicio ha sido llevado al Tribunal Superior de Sendai.

“Si no existe un gran grupo de demandantes, las demandas no tienen efecto sobre los jueces. Es muy importante comprometer a un gran número de personas y conseguir sensibilizar a la opinión pública. Yo creo que la cuestión se decide más fuera que dentro de los tribunales”, comenta Managi.

30 juicios para pedir la desnuclearización del país

En Japón, ya antes de que ocurriera el accidente de Fukushima, en muchos lugares se habían celebrado juicios en los que se pedía la paralización de las operaciones de las centrales existentes y de las obras de construcción de nuevas centrales. Uno de los más conocidos fue la demanda contra la central nuclear de Ikata (prefectura de Ehime), operada por la Compañía Eléctrica de Shikoku. El proceso fue iniciado en 1973 por un grupo de vecinos que pedía la anulación del permiso de construcción concedido por el Estado y finalizó en 1992, cuando el Tribunal Supremo desestimó definitivamente la demanda.

En dicho proceso se alegaba, principalmente, que existía la posibilidad de un terremoto que podría ser causado por una gigantesca falla activa (la línea tectónica media japonesa) que se extendía por las proximidades, poniéndose en cuestión de una forma muy directa la seguridad de la instalación. Hasta enero de 2018 se habían presentando en Japón unas 30 demandas similares, en las que se solicitaba la desnuclearización del país.

Los puntos en discusión fueron los supuestos que deberían manejarse respecto a seísmos causados por fallas activas, a erupciones volcánicas y a tsunami, así como la falta de previsión en los planes de evacuación en caso de accidente.

Algunos de estos procesos fueron activados antes de que ocurriera el accidente de Fukushima, pero la mayoría datan de fecha posterior.

Nota: Los seis reactores de la central Fukushima Daiichi habían quedado eliminados para 2014.

Entre los abogados que han tenido un papel central en los juicios para desnuclearizar Japón están Kawai Hiroyuki y Kaido Yūichi, representantes de la Coordinadora Nacional de Abogados contra la Energía Nuclear, formada después del accidente de Fukushima por un gran colectivo. Según Matsuda Natsuko, secretaria del citado Kawai para la cuestión nuclear, antes del accidente de Fukushima se estaban llevando a cabo en Japón cuatro o cinco litigios similares.

En diciembre del año pasado, el Tribunal de Distrito de Hiroshima decretó que provisionalmente debería paralizarse el funcionamiento de la central nuclear de Ikata. Los jueces establecieron que el emplazamiento elegido no era apto para la construcción de una central nuclear, debido a que una supuesta erupción volcánica en la vecina isla de Kyūshū podría representar un peligro para la misma. La apreciación de los jueces fue tachada de “excesiva” por miembros de la Comisión Nuclear Reguladora, órgano que concedió el permiso de operación.

Actualmente, casi todas las centrales del país han sido llevadas a los tribunales. Las que se han librado son, principalmente, las que resultaron afectadas por el tsunami de 2011, operadas por la Compañía Eléctrica de Tōhoku y por TEPCO. En un caso, ha sido el propio Gobierno local (el ayuntamiento de Hakodate, en Hokkaidō) el que ha presentado la demanda.

El equipo del que forman parte Kawai y Kaido se encarga también de la demanda entablada por un colectivo de accionistas de TEPCO contra la anterior dirección de la empresa, en la que solicitan indemnizaciones millonarias. Es la otra cara de la moneda del proceso penal abierto contra los tres altos cargos de la eléctrica, con similares puntos en discusión, pruebas y testigos (declarantes). Ambos abogados están presentes, también en el proceso penal, junto a los de la acusación pública en las vistas del juicio representando a las víctimas.

El proceso penal se centrará, a partir de la primavera, en la toma de declaración a los testigos, fase que durará, según lo planificado hasta el otoño. Los testigos serán algo más de 20 personas. Se aportarán como pruebas los registros de las declaraciones tomadas por la comisión gubernamental que investiga el accidente, así como los mensajes de correo electrónico, actas de reuniones e informes recogidos entre las personas implicadas por la fiscalía. Veremos hasta qué punto el tribunal es capaz de llegar hasta el fondo del accidente nuclear. La ciudadanía tiene su atención puesta en este juicio.