Las claves para combatir el acoso escolar en Japón
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El caso de Ōtsu dio lugar a una nueva legislación
Han pasado cuatro años desde la entrada en vigor en 2013 de la Ley de Promoción de Medidas para Prevenir el Acoso Escolar, cuya aprobación se vio motivada por una serie de casos que tuvieron mucha resonancia mediática. El primero fue el suicidio de un estudiante de secundaria de Tokio en 1986 tras sufrir constantes maltratos que incluyeron la simulación de su funeral. Posteriormente los medios se hicieron eco de casos similares en repetidas ocasiones, pero no se llegó a tomar ninguna medida para evitarlos.
El detonante para el establecimiento de una legislación contra el acoso escolar fue un caso ocurrido en 2011 en Ōtsu (prefectura de Shiga) que también se saldó con el suicidio de la víctima. El suceso tuvo dos puntos en común con el de 1986: que el acoso provocó la muerte del acosado y que se atribuyó parte de la culpa a la escuela y al consejo educativo. En el caso de Ōtsu resultaron especialmente flagrantes la inacción y el encubrimiento de la situación por parte de la organización escolar, que en 2012 suscitaron un encendido debate social sembrado de críticas y análisis.
La aprobación de la nueva ley puede interpretarse como una señal de que el problema del acoso escolar, que originalmente se mantenía dentro de la esfera privada, se había agravado tanto que estudiantes y escuela ya no se bastaban para solventarlo y requerían de la intervención oficial. Dicho de otro modo, la ley materializó la decisión de abordar el problema desde la esfera pública. Ahora bien, al centrarnos únicamente en el papel de los adultos para prevenir un problema que se desarrolla entre niños, estamos eliminando de la ecuación la capacidad de resolución de los propios niños. Es necesario hallar el equilibrio legal entre el papel de los menores y la implicación de los adultos en el conflicto.
La Ley de Promoción de Medidas para Prevenir el Acoso Escolar obliga a las escuelas a cumplir tres requisitos:
1) Establecer una política básica para prevenir el acoso.
2) Constituir una estructura organizativa que haga viable la prevención del acoso.
3) Adoptar un enfoque adecuado para las medidas preventivas, la detección precoz y la gestión del acoso.
La nueva ley logró un cambio cualitativo en la prevención del acoso escolar, poniendo de relieve la importancia de atajar los problemas de raíz para evitar su reaparición aunque resulte inconveniente para la escuela o el consejo educativo, así como de garantizar la justicia y la neutralidad en la gestión de situaciones graves (incluida la investigación del trasfondo del problema).
La revisión de las medidas preventivas
En el año fiscal 2015 se registraron 224.540 casos de acoso escolar entre escuelas primarias, escuelas secundarias, institutos de bachillerato y centros de educación especial, es decir 16,4 casos por cada mil alumnos; este dato revela la espantosa gravedad de la situación.(*1) El número de estudiantes que se quitan la vida o dejan de asistir a la escuela como consecuencia del acoso sigue sin dar indicios de retroceder. La ley prevé que su contenido pueda someterse a revisión tres años después de haber entrado en vigor. Tras analizar los efectos de su aplicación, en noviembre de 2016 la Comisión de Medidas para la Prevención del Acoso Escolar — órgano asesor del Ministerio de Educación— anunció la nueva dirección de las medidas de cara al futuro.
El contenido de la revisión puede resumirse en los siguientes siete puntos:
1) Establecer una definición legal clara para identificar el acoso escolar.
2) Revisar el sentido de la política básica de prevención del acoso escolar.
3) Adoptar una estructura organizativa con medidas viables para la prevención del acoso y establecer una comunicación fluida.
4) Ampliar y mejorar los sistemas para la prevención y la detección precoz del acoso.
5) Establecer unos baremos claros para determinar cuándo se da por solucionado el acoso.
6) Reforzar la cooperación entre los cuidadores de los menores y la comunidad local.
7) Delimitar con precisión el alcance de los casos considerados como graves.
En cuanto al papel básico del profesorado, la enmienda legal dispuso como máxima prioridad la prevención del suicidio y la intervención en casos de acoso como parte de la práctica profesional cotidiana, con la gestión proactiva de las consultas y denuncias por parte de alumnos para garantizar la protección de las víctimas.
La postura de la víctima, en el punto de mira
A continuación quisiera diseccionar los principales problemas relativos a la circulación de la información y la gestión organizativa que se extraen de la revisión de la legislación contra el acoso escolar.
Como la definición legal del acoso escolar no ha calado todavía en las escuelas, cada centro y profesor alberga su propia interpretación, con lo que la identificación y la gestión de los casos resultan también heterogéneas. La definición que ofrece la ley otorga una gran importancia a la experiencia subjetiva del menor acosado, describiendo acoso como “aquellas conductas entre alumnos que afectan de forma psicológica o física, infligiendo sufrimiento mental o corporal al alumno a quien se dirigen dichas conductas”.
Al ofrecer una interpretación tan abierta, la brecha con la interpretación común del acoso por parte de la sociedad (conductas que implican superioridad física del acosador sobre la víctima, intencionalidad, continuidad, etc.) hace que algunos casos que son claramente de acoso según la definición legal se pasen por alto en el día a día. Para evitarlo hay que difundir la definición legal del acoso entre los profesores (por ejemplo, con cursos dentro de la escuela en que se analicen casos concretos) para que puedan ponerse en el lugar de las víctimas y no pasen por alto ningún indicio de acoso por sutil que sea.
Con todo, lo más importante para luchar contra el acoso es detectarlo y eliminarlo. Una de las claves para mejorar la comunicación y evitar el encubrimiento será que las escuelas (profesorado), las familias (cuidadores) y las comunidades locales vean la proliferación de casos de acoso que salen a la luz como algo positivo que demuestra la preocupación por parte de los profesores y la capacidad resolutiva de las escuelas.
Replantear los planes de acción de las escuelas
Las políticas básicas de las escuelas son, más que políticas propiamente dichas, planes de actuación. Es importante plantear ciertos objetivos para las medidas contra el acoso, establecer un plan anual de ejecución de iniciativas (como un programa de prevención del acoso) y evaluar el nivel de logro de los objetivos como parte de la evaluación de la escuela. Para prevenir el acoso hay que empezar por estudiar e impulsar medidas preventivas dirigidas principalmente a los alumnos, educándolos con un enfoque integral que cubra tanto formación teórica en ética, derechos humanos y legislación como actividades prácticas.
Lo que importa a la hora de formular y enmendar las políticas básicas de las escuelas es escuchar el punto de vista de los niños, tener en cuenta la opinión de los cuidadores y analizar honestamente los logros y los fallos del sistema escolar, trabajando codo a codo con la comunidad local y los organismos relacionados. Estudiar las políticas básicas mediante cursos en el propio centro es imprescindible para que todo el profesorado las conozca y comprenda, y además ofrece la oportunidad de cuestionar el sistema de orientación del alumnado y la filosofía organizativa de la escuela, dando paso a la reflexión para elevar la autoridad organizativa de la escuela.
La cooperación con la comunidad local y otros organismos externos
El acoso escolar en Japón presenta tres características principales:
1) Predomina el acoso psicológico a través de mecanismos comunicativos, como los insultos, las vejaciones y el aislamiento.
2) Tiene lugar mayormente dentro del aula (por ejemplo, en los descansos).
3) Los acosadores y las víctimas suelen ser compañeros de clase.
Ya que el daño provocado por el acoso escolar en Japón resulta difícil de detectar desde fuera, los profesores responsables se ven en el atolladero de tener que detectar los indicios precozmente y cuidar de las víctimas al tiempo que disciplinan duramente a los acosadores. Además, no son pocos los casos en que el tutor de la clase donde se produce el acoso se lo toma como una responsabilidad personal y se calla el problema por miedo a que se le culpe de falta de disciplina. En los últimos tiempos han aumentado los casos de acoso psicológico por internet (mediante LINE, Twitter, etc.), que resultan aún menos visibles y dificultan en extremo la detección del problema por parte de las escuelas.
El acoso se agrava más cuanto más invisible se vuelve. Cuando empieza a vislumbrarse un caso de acoso, es vital no limitar su gestión al entorno de la clase sino tratarlo como un problema que afecta a toda escuela y estudiar la vía adecuada para solventarlo de raíz. Para ello hay que concienciar a todos y cada uno de los miembros del profesorado de su obligación de informar de cualquier incidente a la organización escolar establecida para tal objetivo. Este proceso requiere que la cúpula directiva escolar lidere la cruzada contra el acoso estableciendo métodos y reglas para revelar información y crear un ambiente en el que los profesores no teman compartir los problemas.
Por otro lado, para lograr que el sistema de la escuela funcione es imprescindible establecer un clima de cooperación en el que los miembros compartan un entendimiento mutuo, potenciando sus puntos fuertes y compensando sus debilidades. Evitar que un solo profesor cargue con el sufrimiento del alumno acosado y ofrecerle el apoyo del equipo escolar es lo que en última instancia posibilita una gestión adecuada del problema.
Otro punto crucial es no gestionar el problema únicamente desde la escuela, y tener en cuenta la opinión de los cuidadores de los niños, adoptando las iniciativas necesarias para prevenir el acoso con la colaboración de la comunidad local y los organismos sanitarios, sociales y legales relevantes. Este objetivo se basa en la premisa de reconocer los problemas infantiles como problemas de la sociedad, y para perseguirlo los actores implicados deben mantener una comunicación fluida y constante, superando las fronteras de sus competencias para unir esfuerzos.
Estoy convencido de que si logramos afrontar los problemas que los profesores vienen cargando a solas desde la organización escolar, y establecemos la colaboración necesaria entre la comunidad local y los organismos pertinentes para intervenir en los problemas que la escuela no puede solucionar sola, las escuelas japonesas se convertirán en lugares libres de acoso donde niños y profesores compartan un entorno sano y feliz.
Fotografía del encabezado: En el Ayuntamiento de Ōtsu la alcaldesa Koshi Naomi (derecha) guarda silencio en el quinto aniversario de la muerte de un alumno de secundaria que se suicidó a causa del acoso escolar. 11 de octubre de 2016. (Jiji Press)(*1) ^ Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología. Estudio sobre problemas de orientación del alumnado y de conducta estudiantil en el año fiscal 2015 (publicado en 2016).